La ANC se mofa del artículo 155: «No comentamos las políticas de gobiernos extranjeros»

La Asamblea Nacional Catalana (ANC), cuyo presidente Jordi Sànchez permanece en la cárcel de Soto del real acusado de un delito de sedición, se mofa de la aplicación del artículo 155 de la Constitución que el Senado y el Gobierno han utilizado para destituir al Govern golpista de Carles Puigdemont.

La entidad que impulsó la celebración del referéndum ilegal de independencia publicó anoche el siguiente mensaje en Twitter: «Nos preguntan sobre las medidas de Rajoy, pero en la ANC tenemos por costumbre no comentar la política de los gobiernos extranjeros».

Ens pregunten sobre les mesures de Rajoy, però a l'ANC tenim per costum no comentar la política de governs estrangers #HolaRepúblicaCatalana

— Assemblea Nacional (@assemblea) October 27, 2017

De este modo, los miembros de la ANC se muestran convencidos de que ya viven en una República catalana ficticia, que todos los países occidentales se han negado a reconocer. La ANC vive en la misma realidad paralela que la televisión autonómica catalana TV3, que cuesta más de 300 millones de euros al año y que sigue presentando a Carles Puigdemont como «presidente de la Generalitat» a pesar de que ya ha sido destituido del cargo.

En cambio, otros cargos públicos han acatado sin rechistas las medidas amparadas por el artículo 155 de la Constitución. Tanto el ex director general de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler, como el hasta ahora mayor de la Policía autonómica, Josep Lluís Trapero, han acatado su destitución.

De hecho, los Mossos ya han retirado la escolta a los consellers del Govern destituidos y están a la espera de que, la próxima semana, el Tribunal Supremo les ordene detener a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, una vez sea admitida a trámite la querella que ha elaborado la Fiscalía contra ellos, como autores de un delito de rebelión.

Como ha informado OKDIARIO, dentro de las medidas del artículo 155 el Consejo de Ministros ha acordado disolver el Parlament para celebrar elecciones autonómicas catalanas el 21 de diciembre. Además, el Gobierno ha destituido a 141 cargos de confianza de la Generalitat y ha acordado cerrar la red de «embajadas» catalanas que cuesta cerca de 40 millones de euros al año. El Ejecutivo de Puigdemont ha utilizado esta red de delegaciones en el exterior para recabar apoyos internacionales a su proyecto secesionista. Sin ningún éxito, hasta ahora.