Alcaldes independentistas de Cataluña se jactan de tirar a la basura la carta-advertencia del Gobierno

La desobediencia de los alcaldes independentistas de Cataluña las advertencias del Gobierno de cara al referéndum ilegal previsto para el 1 de octubre están poniendo en riesgo a sus propios funcionarios.

El alcalde de Tabérnolas (Barcelona), Carlos Banús (CDC), ha publicado un ‘tuit’ en el que informa de que en su Ayuntamiento se ha recibido la carta que a principios de esta semana el Gobierno remitió a las entidades locales catalanes advirtiéndoles de «la obligación del respeto a la legalidad constitucional y estatutaria» y de las consecuencias de colaborar con el referéndum ilegal. Sin embargo, en desobediencia, el regidor afirma también que no ha tramitado el «registro de entrada», algo prescindible porque la carta se entiende ya por recibida y leída.

La carta del Ejecutivo va dirigida a los secretarios e interventores de cada Consistorio. Les informa de que se verán envueltos en consecuencias disciplinarias, e incluso penales, si colaboran con la organización y celebración de la consulta.

El gesto del alcalde de Tabérnolas supone que los funcionarios puedan verse presionados para colaborar con el referéndum por mandato de sus regidores, un escenario sobre el que ya habían advertido los sindicatos de empleados públicos.

Avui a @ajtavernoles hem rebut la «carta-amenaça» del @M_Presidencia dirigida al Secretari-Interventor; no hem fet registre d’entrada (1/2) pic.twitter.com/rKSw0Bwwam

— Carles Banús (@carlesbanus) 5 de julio de 2017

En un gesto que sobrepasa el ridículo, el regidor asegura además que desde el Consistorio han remitido otra carta en respuesta en la que reclaman al Ejecutivo que «cumpla con la Ley de Procedimiento Administrativo y la envíen a través de medios electrónicos».

Hem requerit al @M_Presidencia que compleixi la Llei de Procediment Administratiu i se’ns adreci a través de mitjans electrònics (2/2)

— Carles Banús (@carlesbanus) 5 de julio de 2017

Según distintos autos del Tribunal Constitucional (TC), los funcionarios que desobedezcan la Constitución y participen en la organización y celebración del referéndum se enfrentarán a consecuencias disciplinarias e, incluso, penales. 

La carta del Gobierno-firmada por el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro y que se ha remitido a 993 entidades locales de Cataluña- avisa de los «reiterados pronunciamientos» del Alto Tribunal en los que se indica con claridad que el referéndum va en contra de la Carta Magna.

Así, el Gobierno solicita la colaboración de los funcionarios municipales para asegurar el cumplimiento de la Constitución y «preservar el adecuado destino de los fondos públicos» y recuerda que el referéndum va en contra de la Constitución y del Estatut.

El Ejecutivo avisa al personal municipal de su deber para «el adecuado respeto a esos pronunciamientos del Tribunal Constitucional incide directamente en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas en materia de fe pública, emisión de informes jurídicos y asesoramiento legal preceptivo».

El Gobierno recuerda que los ayuntamientos no pueden colaborar en el referéndum mediante, por ejemplo, de la constitución de las mesas, la designación de locales electorales o la reserva de lugares públicos para actos de campaña.

Entre los funcionarios catalanes existe inquietud por las posibles amenazas por parte de sus ‘superiores’ para que desobedezcan la Constitución y colaboren con el referéndum.

Esa preocupación es mayor después de que, esta semana, los independentistas anunciasen la futura Ley del Referéndum, que establece “un régimen jurídico excepcional” para celebrar el referéndum ilegal, de forma que, afirman, “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto”, en clara alusión a la legalidad española y constitucional. Asimismo, se afirma que dará amparo «a todas aquellas autoridades, personas y empresas que participen directa o indirectamente» en la preparación y celebración del referéndum ilegal.

Los sindicatos de funcionarios creen que la ley les convierte en víctimas de futuras presiones al situarles en un “limbo jurídico” de difícil encaje y “permitir” que la Generalitat se ampare en ella para obligarles a ir en contra de la propia Constitución.