Los actos de culto a etarras baten récords mientras Sánchez blanquea a Otegi como socio preferente

No ha pasado ni un mes desde que los presos de ETA anunciaron el fin de los homenajes a etarras. Un anuncio evidentemente cosmético cuyo fin no era otro que contribuir al blanqueamiento de Bildu, socio preferente de Pedro Sánchez. Esta misma semana, las asociaciones de víctimas denunciaron el ongi etorri a Ignacio Martín Etxebarria, Mortadelo, en Pamplona. El etarra fue condenado por el asesinato de cinco militares en 1992, además del hijo de un coronel. Según los datos del Observatorio del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), este año se cerrará con una cifra récord de «actos de culto al terrorista». Una categoría en la que se engloban, además de los homenajes, las fiestas populares a favor de los terroristas, pancartas, manifestaciones y pintadas. El dato, a falta de cierre, es de 202 actos en un año marcado por la consolidación de Arnaldo Otegi como socio necesario para que Pedro Sánchez permanezca en La Moncloa.

El año pasado, el Observatorio recogió 193 actos de este tipo. En 2010 fueron 110. Y en 2018 -Sánchez llegó al Gobierno en junio de ese año a través de la moción de censura-, 198. En 2017 se registraron 76. La cifra demuestra la tensión que el entorno proetarra ejerce en el Gobierno.

Desde Covite se lamentó este viernes que las palabras del colectivo de presos etarras se hayan convertido en «papel mojado en la primera oportunidad que han tenido para convertirlas en hechos». Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) denunció también a través de sus redes sociales: «El tiempo nos ha dado la razón. Ni un mes han aguantado sin humillar a las víctimas».

Además de este homenaje, familiares de asesinos de ETA han instalado en el Casco Viejo de Bilbao una mesa de Navidad con fotos de etarras presos, una acción de homenaje a los terroristas llevada a cabo con el beneplácito del Ayuntamiento de PNV y PSOE. Desde Sortu, partido de Arnaldo Otegi, se ha celebrado esta acción: «Su ausencia no se puede cubrir, pero están trabajando para regresar a casa lo antes posible».

El pasado 29 de noviembre, el colectivo de presos etarras emitió un comunicado en el que aseguraba que los homenajes se realizarían a partir de entonces de una forma «privada».

«A través de este comunicado, EPPK transmite a nuestra familia, amigos y compañeros, y a la sociedad vasca, que quiere que las recepciones que se nos hacen cuando salimos a la calle se desarrollen de manera privada y discreta, siguiendo el camino recorrido en general en los últimos meses», señalaron.

Evidentemente, eso no significaba que renunciasen a ellos, sino que los camuflarían ante la opinión pública. De hecho, en el mismo comunicado, el EPPK ya defendía que los presos tienen derecho a «recibir el abrazo de sus allegados» tras «largos años y condiciones durísimas de prisión».

«Decimos con claridad que nuestro deseo es aliviar todo sufrimiento y abrir nuevas opciones, ir sanando heridas y fortalecer la convivencia entre la ciudadanía vasca», afirmaban también los familiares de los presos.

Piden trabajo

El entorno proetarra ha demostrado mantener firmes sus reivindicaciones, que pasan por la excarcelación de los 200 presos que aún están en la cárcel. Pero hay más. También reclaman un plan individualizado para la «reinserción laboral y social» o, traducido, un acompañamiento «con garantías» para lograr trabajo y vivienda cuando salgan de la cárcel, como publicó este periódico.

Así lo reveló el propio colectivo de presos en una reciente reunión en la cárcel de Logroño con representantes de Foro Social Permanente, plataforma que engloba a 17 organizaciones, entre ellas CCOO.

El fin último de su estrategia, que ha ido dando pasos acelerados en los últimos meses, sería arrancar al Ejecutivo -central y vasco- una «solución integral a la cuestión de las personas presas». Y eso pasa por tres ámbitos: el «traslado definitivo» de los etarras «a las cárceles de su elección» en el País Vasco o Navarra, la «superación de la legalidad de excepción» penitenciaria -«con el consiguiente derecho al acceso a permisos ordinarios de salida, la progresión penitenciaria al tercer grado y el acceso a la libertad condicional»- y, finalmente, «la definición de un plan de reintegración generalizado».