El 27S enciende la mecha por proceso secesionista

Artur Mas no saldrá el lunes al balcón del Palacio de la Generalitat para proclamar la independencia, aunque anunciará que los catalanes la tienen al alcance de la mano tras el resultado electoral del 27S. La hoja de ruta anunciada por Junts del Sí marca todavía un largo camino, con un plazo de 18 meses durante el cual el nuevo Parlament intentará «crear las estructuras» del hipotético Estado catalán.

Concluido este plazo (por lo tanto, en torno al 27 de marzo de 2017), la Generalitat convocaría unas «elecciones constituyentes» para elegir el nuevo Parlament encargado de redactar la Constitución catalana. Siempre según el guión anunciado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), el texto deberá ser aprobado luego en un referéndum que serviría para proclamar la independencia.

De este modo, las elecciones catalanas del 27S encienden la mecha del proceso puesto en marcha por el presidente Artur Mas para romper con el resto de España y dinamitar la Constitución, utilizando para ello todos los recursos que pone a su servicio la propia Carta Magna. Una operación que el socialista Alfonso Guerra no ha dudado el calificar como “un golpe de Estado a cámara lenta”.

Pero este proceso se superpone con la carrera contrarreloj que ha emprendido el Gobierno de Rajoy para aprobar la reforma que permitiría al Tribunal Constitucional suspender de sus funciones al presidente de la Generalitat si desobedece sus sentencias.

Según el guión anunciado por la ANC, tras la noche electoral los partidos favorables a la independencia aprobarán en el Parlament una resolución en la que proclamarán su voluntad de crear el Estado catalán. El siguiente paso será crear un «gobierno de concentración» en la Generalitat. Para ello, Junts pel Sí y la CUP invitaráN a sumarse a otros partidos favorables a la secesión.

Pero todavía está por ver quién presidirá ese «gobierno de concentración», dado que la CUP ya ha anunciado que no aceptará a Artur Mas al frente de la Generalitat, lo que podría abrir una importante brecha en el seno de Junts pel Sí. El líder de ERC, Oriol Junqueras, aguarda su momento para presentarse como la alternativa a Mas.

Si sigue adelante el guión independentista, el nuevo «gobierno de concentración» de la Generalitat comenzará a trabajar en un triple frente. Por un lado, comenzará a poner en marcha las «estructuras» del futuro Estado catalán, a través de una Ley de Transitoriedad Jurídica que, entre otros aspectos, definirá quiénes son los “ciudadanos catalanes” y cuáles son sus derechos, además de establecer el régimen de lenguas y regular la función del jefe de Estado.

Ciudadanos con doble nacionalidad

Todavía está por ver si la “nacionalidad catalana” se hará extensiva a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y Baleares, como sugirió el pasado verano el  conseller de Justicia, Germà Gordó. En cualquier caso, siempre según los planes de Artur Mas y sus socios, el futuro Estado catalán ha de contar con su propio sistema de Justicia, haría suyo el sistema educativo y sanitario español situado en territorio catalán… Por lo tanto, los independentistas se servirían para ello de los recursos que el Estado español ha puesto a disposición de la Comunidad autónoma.

Durante el último mandato, el gobierno de Artur Mas ya ha dado los primeros pasos en este sentido, por ejemplo para crear su propia Agencia Tributaria. Los impulsores de Junts pel Sí son conscientes de que el hipotético Estado catalán solo podría hacerse realidad si es capaz de autofinanciarse recaudando todos los tributos.

En segundo lugar, según el guión de los separatistas, la Generalitat iniciará una ofensiva exterior para que el hipotético Estado catalán sea reconocido por la comunidad internacional. Durante el último año, el Ejecutivo autonómico ya ha gastado 10 millones de euros para ganarse el favor de la opinión pública europea, con escaso éxito. Tanto Angela Merkel como David Cameron han claro que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea y tendría que ponerse «a la cola» de los países que llaman a sus puertas.

Pese a ello, Artur Mas y Oriol Junqueras insisten en que «los catalanes seguiremos siendo ciudadanos europeos, porque mantendremos la nacionalidad española, nadie puede quitárnosla». Es una de las paradojas que los secesionistas, que exigen la independencia para seguir siendo españoles, y exigen disfrutar de los derechos que les otorga la misma Constitución que quieren romper.

El tercer frente es, por descontado, el más complejo. El nuevo Ejecutivo catalán (que Mas confía presidir) intentará abrir una negociación con el Gobierno central para hacer posible el proyecto soberanista de mutuo acuerdo. Siempre según sus planes, este diálogo permitiría pactar el reparto de los bienes del Estado situados en territorio catalán, pero también debería abarcar otros aspectos económicos como qué parte de la deuda del Estado que debe asumir la Cataluña independiente: un pesado lastre de más de 150.000 millones de euros, según la han cifrado algunos economistas.

Un ‘agujero’ de 65.000 millones

En caso de no poder alcanzar un acuerdo, Mas ya ha dejado caer que podría usar como arma coactiva la negativa de la Generalitat a asumir su propia deuda, que ronda los 65.000 millones y está avalada por el Estado español, que se vería así obligado a hacerse cargo de ella ante un escenario de declaración unilateral de independencia.

Pero los planes del Gobierno de Rajoy son muy distintos. El PP confía que su proyecto de reforma del Tribunal Constitucional (TC) sea aprobado por el Senado a lo largo del mes de octubre. A partir de ese momento, la Abogacía del Estado recurrirá ante el Alto Tribunal cualquier resolución de la Generalitat o del Parlament catalán que pueda vulnerar el actual marco jurídico. Si prospera esta reforma, el TC podrá suspender de sus funciones de forma cautelar al presidente o cualquier otro alto cargo de la Generalitat que se nieguen a acatar sus resoluciones.

El Gobierno de Mariano Rajoy cuenta con otro recurso legal para frenar el proceso independentista: el artículo 155 de la Constitución que permite al Senado suspender temporalmente la autonomía (como ha hecho en varias ocasiones el Gobierno británico con Irlanda del Norte).

No obstante, los socios de Artur Mas podrían intentar aprovechar un vacío legal: desde el momento en que Rajoy convoque las elecciones generales previstas para el mes de diciembre, deberá disolver el Congreso y el Senado (que es la única instancia facultada para suspender la autonomía) hasta que sean elegidas las nuevas Cortes.

El último cartucho: cortar la financiación

La hoja de ruta independentista se marca un plazo de un año y medio para, en torno al 27 de marzo de 2017, convocar unas «elecciones constituyentes», de las que surgiría el Parlament encargado de redactar la Constitución catalana, el texto fundacional de la nueva nación.

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene previsto desarrollar una ofensiva legal encaminada a anular los distintos pasos de este proceso. Para ello, tiene además otro recurso a su disposición: la posibilidad de cerrar el grifo de la financiación a la Generalitat, algo que podría dejar al Ejecutivo autonómico incluso sin dinero para pagar a sus funcionarios.

El Tribunal Constitucional será, en cualquier caso, el escenario principal de la batalla jurídica que se avecina. Con una gran incógnita: el resultado de las elecciones generales del próximo mes de diciembre, de las que deberá surgir el nuevo Gobierno encargado de garantizar que se preserve el orden constitucional.