10 millones para ‘vender’ la independencia en Estonia y Lituania

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, destina este año más de 10 millones de euros del presupuesto público para dar a conocer el proceso de independencia de Cataluña en el extranjero y recabar apoyos internacionales a sus planes de ruptura de la Constitución.

El Ejecutivo de Artur Mas ha puesto en marcha esta ofensiva «diplomática» a través de la Secretaría de Asuntos Exteriores de la Generalitat, que depende del conseller de Presidencia Francesc Homs, apoyándose en las ocho embajadas que ha abierto en el extranjero (cuyo mantenimiento cuesta tres millones de euros al año solo en alquileres), junto con una tupida red de delegaciones y misiones en el exterior.

El motor de esta estrategia es el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, más conocido como Diplocat, dirigido por Albert Royo Mariné y dotado con un presupuesto de 2,6 millones de euros.

Durante los últimos meses, el Diplocat ha centrado sus esfuerzos en la organización de jornadas informativas en regiones como Estonia (bajo el título «Los procesos de autodeterminación en la UE: el caso catalán»), Uruguay («Cataluña: ¿autodeterminación o statu quo?»), Islandia («Nuevos pequeños Estados emergentes en Europa: el caso de Cataluña») o Lituania: «Procesos de autodeterminación en la UE».

La red de embajadas

Esta última actividad ha permitido al Diplocat constatar que «un 30% de los lituanos sería partidario de que su Gobierno reconozca a una Cataluña independiente y solo el 15% se opondría», según informa en su página web.

La red de «embajadas» puesta en marcha por la Generalitat también ha permitido al Diplomat desarrollar sesiones similares en Washington DC, Berlín, Viena, Roma, París, Bruselas y Lisboa, pero también en ciudades como Tokio, Oslo y Ginebra. Y siempre con un hilo conductor común: dar a conocer en el extranjero el proceso ilegal de independencia puesto en marcha por Artur Mas para ganarse el favor de la opinión pública internacional. Ingentes cantidades de dinero público de la Generalitat destinadas a un fin ilegal.

Observadores internacionales

Entre otras actividades, el Diplocat también organiza «visitas internacionales» de políticos, periodistas o estudiantes a Cataluña, para darles a conocer «el proceso». Ya el año pasado, este instituto público de la Generalitat organizó una delegación de ocho diputados europeos para que, a modo de observadores internacionales, supervisaran y avalaran el referéndum ilegal de independencia celebrado el 9N con urnas de cartón.

Y a la inversa: durante los últimos años, la Generalitat catalana también ha enviado a sus propios observadores internacionales para supervisar distintos procesos electorales celebrados en Uruguay, Costa Rica, Guatemala, Colombia y Montenegro.

El Diplocat cuenta con una plantilla de 13 personas cuyos sueldos suman 700.000 euros al año, a los que hay que sumar otro medio millón de euros como «indemnizaciones por razón de servicio» y 180.000 como dietas por desplazamiento.

Este equipo está formado por nueve titulados superiores (cuyo sueldo puede alcanzar los 66.000 euros anuales, según la tabla de retribuciones de la Generalitat) y tres funcionarios de nivel C (con retribuciones de hasta 25.000 euros al año).

La advertencia del Constitucional

El Tribunal Constitucional determinó el pasado mes de julio que las competencias de la Generalitat en el exterior se limitan a la promoción cultural y económica, por lo que debe respetar «la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales». Pese a ello, Artur Mas gasta más de 10 millones de euros públicos para recabar el apoyo de otros países a su proceso ilegal soberanista.

Con esta estrategia, Mas pone en práctica el guión dictado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional de la Generalitat, según el cual «el proceso de autodeterminación de Cataluña (desde la celebración de la consulta hasta la eventual constitución de un Estado soberano) exige elaborar un discurso para legitimarlo, obtener el reconocimiento internacional de Cataluña como Estado soberano y lograr la aceptación e integración de Cataluña en aquellas organizaciones e instituciones internacionales que sean de interés para sus ciudadanos».

El informe elaborado para la Generalitat por este Consejo Asesor, del que forman parte juristas e «intelectuales» como Pilar Rahola, prevé que gobiernos como los de Francia (con una fuerte tradición centralista) y Alemania se mostrarán adversos al proceso de independencia de Cataluña.

Con el apoyo de Australia

En cambio, confía en el respaldo de otras naciones como el Reino Unido, Canadá (donde Quebec sigue sin lograr la independencia, pese a la celebración de varios referéndums sucesivos), Australia y Nueva Zelanda. Al menos en el primer caso, la profecía parece poco acertada, después de que el primer ministro británico David Cameron advirtiera el pasado 4 de septiembre que, si culmina su proceso de secesión, Cataluña «tendrá que ponerse a la cola» de los países que llaman a las puertas de la Unión Europea.

En cuanto al ámbito escandinavo, el Consejo Asesor para la Transición Nacional prevé que «los suecos y daneses son los más reticentes» a apoyar el proceso impulsado por Artur Mas.