El Gobierno esgrime la «independencia» de RTVE para desentenderse de la sociedad de Rosa María Mateo

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha remitido a la «independencia y autonomía» de RTVE «respecto del Gobierno y de las Administraciones» para evitar dar explicaciones sobre la sociedad patrimonial de su administradora provisional única, Rosa María Mateo. 

Mateo, como reveló OKDIARIO, figura como apoderada solidaria de la sociedad Yonbu S.L, junto a su hijo, algo que, de acuerdo a la legislación, resultaría incompatible con su cargo. 

En una respuesta por escrito al diputado del PP Ramón Moreno, el Gobierno esgrime que «la Constitución Española y la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal reconocen la independencia y autonomía de la Corporación de Radio y Televisión Española (CRTVE) respecto del Gobierno y de la Administración, necesarias para garantizar el derecho fundamental a la libertad de información y a una comunicación plural, veraz y de calidad».

Además, señala que «para avalar el cumplimiento efectivo de la misión de servicio público atribuida a CRTVE, la Ley establece un doble mecanismo de control externo», un control parlamentario y otro de una Autoridad Audiovisual independiente.

«El Gobierno respeta plenamente la autonomía e independencia de CRTVE, así como los mecanismos de control establecidos por la Ley, y no interfiere ni condiciona la actuación de la Corporación, por lo que no puede realizar valoraciones sobre las cuestiones planteadas en estas iniciativas», resuelve finalmente.

Moreno se interesaba por «la opinión del Gobierno acerca de si la consideración provisional de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE le exime del cumplimiento de las obligaciones de los altos cargos recogidas en la Ley 3/2015, de 30 de marzo».

La ley exige «dedicación exclusiva»

La citada Ley, en efecto, determina, en su artículo 13 -‘dedicación exclusiva al cargo’- que «los altos cargos ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena».

El ejercicio de un puesto de alto cargo será sólo compatible, se advierte, con determinadas actividades siempre y cuando «que con su ejercicio no se comprometa la imparcialidad o independencia del alto cargo en el ejercicio de su función», y esas son «las de mera administración del patrimonio personal o familiar», «las de producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquéllas», así como la participación en seminarios y conferencias o «la participación en entidades culturales o benéficas que no tengan ánimo de lucro o en fundaciones, siempre que no perciban ningún tipo de retribución».

La compañía Yanbu SL es una sociedad inmobiliaria que creó Rosa María Mateo en el año 1993. El objeto social con el que inicialmente inscribió la empresa en el Registro Mercantil fue como la “compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia», como informó este periódico.

En el mismo mes en el que creó la sociedad, en febrero de 1993, la administradora única de RTVE modificó el objeto social de su propia empresa para reconvertir la mercantil en una sociedad de servicios profesionales. De esta manera, Mateo pudo facturar algunos de sus trabajos periodísticos.

El diputado ‘popular’ se interesaba también, en otra pregunta, por si el Gobierno había encargado a algún departamento que analizase la situación legal de Mateo respecto a la sociedad de la que es apoderada. El Gobierno se remite a idéntica respuesta que en la pregunta anterior.

Ventajas fiscales

En su comparecencia en el Congreso, el pasado 28 de noviembre, Mateo consideró haber cumplido con las «obligaciones» que le competen al frente de la Corporación pública e informó que ya había iniciado «los trámites de disolución de la sociedad», informó Europa Press.

En relación con las supuestas infracciones fiscales por ser cotitular de la sociedad patrimonial, Mateo indicó que siguió «las indicaciones» de su asesor fiscal, y considera que actuó «con arreglo a Derecho». «Cuando una persona lega en una materia tan compleja como la fiscal, solicita asesoramiento, sigue las instrucciones del asesor en el que se ha depositado toda su confianza», manifestó.

Como informó OKDIARIO, la estructura societaria elegida por Rosa María Mateo tiene notables ventajas fiscales. En primer lugar, permite eludir el pago de lo que se denomina como renta presunta en el IRPF, un pago que obliga a tributar por la segunda vivienda. Además, permite esquivar parte del pago del Impuesto del Patrimonio dependiendo de la valoración que se asigne a los inmuebles dentro de la sociedad y a la sociedad en su conjunto.

También permite deducir gastos en el Impuesto de Sociedades de forma que el tributo empresarial se reduce igualmente, así como deducciones del Impuesto de sucesiones.

Se defendió en el Congreso

Mateo insistió en que la sociedad, «durante sus veinticinco años de vida, no ha tenido ninguna notificación en cuanto a la liquidación de los distintos impuestos de los que es sujeto pasivo» y explicó que «se han depositado las cuentas anuales de todos los ejercicios en el Registro Mercantil, información de carácter público».

Sobre la supuesta incompatibilidad y conflicto de intereses por ser copartícipe de la sociedad, la responsable de RTVE destacó que la ley establece que sus obligaciones se concretan «en la dedicación exclusiva, y en la sujeción al régimen de incompatibilidades de Altos Cargos».

Mateo aseguró «sin ningún atisbo de duda» que desde que tomó posesión del cargo, puso todo su «tiempo, empeño, energía y voluntad en realizar de la mejor forma posible la tarea» que le fue encomendada por las Cortes.

En relación con la posible existencia de un conflicto de intereses por ser también copartícipe de la sociedad patrimonial, Mateo informó de que realizó una consulta a la Oficina de Conflicto de Intereses del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

«Dicha consulta concluye que la participación que, a día de hoy, ostento en la sociedad patrimonial, no supone una situación de incompatibilidad o conflicto de intereses que vulnere ningún precepto de las Leyes citadas», explicó.