Sánchez tendrá que rendir cuentas en el Congreso por la purga al abogado del ‘procés’

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que explicar en el Congreso, a petición del Partido Popular, la destitución del abogado del Estado que ejercía la acusación en la investigación del procés,  Edmundo Bal, y que era partidario la acusación por rebelión. 

Sánchez tendrá que rendir cuentas sobre este asunto en la comparecencia prevista en la Cámara para el próximo 12 de diciembre, después de que este martes, el PP registrase en la Junta de Portavoces una solicitud para que el jefe del Ejecutivo explique las «directrices a la Abogacía del Estado para la preparación del escrito de acusación» contra los dirigentes independentistas catalanes. Según fuentes ‘populares’, el presidente del Gobierno tendrá que explicar también las razones de la destitución de Bal.

En esa comparecencia, Sánchez tendrá que explicar además la situación en Cataluña -a petición de ERC y PDeCAT- y la «situación general del país», como reclamaron que PP y Ciudadanos.

En el escrito, aprobado este martes por la Junta de Portavoces y firmado por la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, el PP pide la comparecencia de Sánchez «para que explique las directrices que el Gobierno ha impuesto a la Abogacía del Estado para la preparación del escrito de acusación en el procedimiento penal que se sigue contra los presuntos autores del delito de rebelión, sedición y malversación por los hechos del 1-O en Cataluña».

El relevo de Edmundo Bal como jefe del departamento Penal y responsable de dirigir la acusación del Gobierno en la causa contra Oriol Junqueras y el resto de los golpistas de la Generalitat se conocía este miércoles.

La abogada del Estado, Consuelo Castro, ha alegado que cesa a Bal por pérdida de confianza. Sin embargo, detrás de la decisión está la diferencia de criterios respecto al juicio del procés. Edmundo Bal era partidario de seguir la línea marcada por la Fiscalía y acusar a los golpistas de la Generalitat como autores de un delito de rebelión.

Como abogada general del Estado, Consuelo Castro impuso un cambio de criterio para acusar a los procesados sólo por sedición y de malversación. Si prospera esta tesis, se traducirá en una sensible rebaja de penas para los golpistas.

Fuentes del Ministerio de Justicia han indicado que el puesto que ocupaba hasta ahora Edmundo Bal es un cargo de confianza dependiente de la Abogacía general, del que ha sido destituido ahora porque se ha producido una «quiebra de esa confianza».