PSOE y Podemos dejan sólo a C’s en la petición de explicaciones a Montoro por la malversación del 1-O

Albert Rivera en el Congreso de los diputados. Foto: FRANCISCO TOLEDO
Albert Rivera en el Congreso de los diputados. Foto: FRANCISCO TOLEDO
Carlos Cuesta

PSOE y Podemos dejan sólo a Ciudadanos en la petición de explicaciones a Cristóbal Montoro por la malversación del 1-O. Sólo el partido de Albert Rivera seguirá adelante en esta exigencia al ministro de Hacienda para que comparezca y aclare en base a qué contradijo al juez Llarena y afirmó que no se habían usado fondos públicos en el desarrollo del golpe separatista en Cataluña.

Montoro hizo estas declaraciones en pleno proceso de petición de envío de Carles Puigdemont desde Alemania a España. Un momento en el que la afirmación de que no se habían usado fondos públicos –es decir, que no había habido malversación de caudales públicos– suponía un torpedo en el deseo de traer al ex presidente catalán a España. Y es que el principal argumento para lograr este envío es precisamente el delito de malversación.

Es más, las afirmaciones de Montoro surgieron días antes de que el juez Llarena decidiese abrir la pieza secreta sobre malversación y se revelase que, evidentemente, si hay pruebas del uso de fondos públicos. Centenares de facturas que evidencian que el servicio de embajadas catalanas en el exterior, las urnas, las papeletas, los observadores internacionales del referéndum ilegal, las campañas de publicidad para el 1-O o la organización misma de la votación, fueron pagadas con fondos públicos -tal y como adelantó OKDIARIO-.

PSOE y Podemos, sin interés por la malversación

Los socialistas y los podemitas, por lo visto, no consideran de interés el hecho de que partidas de dinero destinadas inicialmente desde los fondos públicos a satisfacer las necesidades sociales de los catalanes hayan acabado en fabricar un golpe de Estado e intentar romper la unidad de España.

De hecho, pese a los anuncios reiterados de Ciudadanos para sumar fuerza y solicitar una explicación urgente por parte del ministro Montoro, ni socialistas ni podemitas han respondido a la invitación. Los dos principales partidos de izquierda han preferido mantener una actitud esquiva para evitar que el responsable de Hacienda se explique. Y todo ello, justo cuando las fuerzas separatistas han acogido de buena grado las palabras del ministro.

El partido de Albert Rivera decidió optar por pedir la comparecencia de Montoro en el Congreso de los Diputados tras rehuir el Gobierno distintas preguntas registradas por la formación naranja sobre la polémica intervención de las cuentas de la Generalitat.

Los socialistas y los podemitas no han reaccionado ni siquiera tras la petición del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a Montoro de toda la documentación disponible que, supuestamente, pueda probar que no hubo malversación en la financiación de la consulta separatista.

En concreto, el Gobierno ha dejado en el cajón durante seis meses tres preguntas parlamentarias formuladas por C’s en la Cámara baja. El partido naranja, ante la opacidad del Ejecutivo y tras pedir amparo a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha reconvertido esas interpelaciones escritas en futuras preguntas orales en la Comisión de Hacienda y Función Pública para poder burlar así el silencio del Gobierno y obligar a Montoro a dar detalladas explicaciones en sede parlamentaria.

Ciudadanos, socio de investidura del PP, de hecho, ha tenido que tomar esta salida al no tener la más mínima certeza de que el Gobierno fuera a contestar estas preguntas.

La primera pregunta fue presentada ya el 6 de septiembre de 2017 y el Ejecutivo debió contestarla como máximo el 11 de octubre. En ella, C’s pidió explicaciones al Gobierno sobre la financiación del primer anuncio oficial del referéndum del 1-O, ofrecido por la televisión pública catalana TV3 el lunes 4 de septiembre.

El anuncio mostraba un cruce de vías con la pregunta: “Naciste con la capacidad de decidir, ¿renunciarás a ella?”. Tras ello, la imagen se fundía con el logotipo de la Generalitat, algo que evidentemente prueba que se trató de una campaña institucional.

La segunda pregunta fue presentada el 7 de septiembre y se refería a la “desviación de recursos por parte de la Generalitat” para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Y la tercera pregunta la registró C’s el 11 de octubre, teniendo el Gobierno un plazo para contestarla hasta el 17 de noviembre. La pregunta se refería al papel jugado por Moncloa para neutralizar el Consejo de la Diplomacia Pública de la Generalitat, el llamado Diplocat. De fondo estaba el hecho de que Hacienda había denunciado a través de una carta al Fiscal General del Estado que este organismo, implicado en recabar apoyos internacionales al referéndum, no había facilitado ningún expediente de gasto correspondiente al ejercicio 2017.

Hay que recordar que, según el último informe de la Guardia Civil que obra en poder del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la Generalitat malversó 1,9 millones de euros procedentes de fondos públicos en la organización y celebración del referéndum separatista. Montoro ha contestado que enviará al magistrado la documentación requerida.

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