Guerra total en Podemos: los críticos acusan a Iglesias de imponer su «ley del silencio»

La rebelión originada en Podemos por los polémicos nuevos estatutos del partido, aprobados por la Ejecutiva a finales de julio, se recrudece conforme pasan los días.

A las críticas de buena parte de la comisión de garantías estatal -el órgano que dirime los conflictos internos del partido-y de cinco de las comisiones autonómicas, se unen algunas de las principales corrientes de la formación, como Profundización Democrática, que, entre durísimas acusaciones, denuncia que el partido de Pablo Iglesias de haber aprovechado el periodo estival para modificar a su antojo los pilares del partido. En lugar de haber traspuesto lo aprobado por las bases en la Asamblea de Vistalegre, la dirección morada ha ejecutado, denuncian, «cambios ilegítimos en pleno agosto», lo que, en su opinión, está generando «un bloqueo jurídico que puede tener graves consecuencias».

Aunque el origen del conflicto está en la apertura de un expediente a la presidenta de la comisión estatal de Garantías Democráticas, Olga Jiménez, por pronunciarse en contra del nuevo código disciplinario ideado por la Ejecutiva de Pablo Iglesias, las críticas internas se extienden a otros muchos puntos de los nuevos Estatutos.

Así, se acusa a la dirección de tratar de imponer una «ley del silencio propia de partidos clásicos y reforzadora y origen de las prácticas de corrupción que anidan en estos», o de llevar a afecto una «burocratización» del partido, al otorgar al Consejo de Coordinación Estatal y a los Autonómicos la capacidad de creación de «equipos técnicos» (gestoras) sin que esta decisión tenga que pasar por la Comisión de Garantías, en casos de cese de los órganos de estos antes del periodo de 18 meses desde su nombramiento. Una maniobra que, en la práctica, da vía libre a Iglesias y los suyos para ‘liquidar’ a los dirigentes críticos.

También, alegan, se permite a los Consejos Ciudadanos crear regímenes disciplinarios a sus miembros-«lo que supone una reducción de las garantías para las minorías»- y se le da rango estatutario al control del Consejo de Coordinación sobre la convocatoria de sesiones del Consejo
Ciudadano.

Inseguridad para los afiliados

Los críticos con Iglesias ponen el foco también en la posibilidad de que la dirección interfiera en la afiliación, imponiendo los criterios que considere más oportunos ya que, en los nuevos Estatutos, denuncian, «se elimina la descripción del proceso a seguir para afiliarse y conseguir los
derechos de votación, dejando este a desarrollo reglamentario posterior». Ello «podría generar inseguridad sobre la forma de obtener la condición de afiliado».

Además, critican, los nuevos estatutos dan carta blanca a la dirección para vetar la ratificación de los presupuestos por parte de la Asamblea y «se cambia la competencia exclusiva de la Asamblea de modificar Estatutos, para permitir su delegación en otros órganos, abriendo las puertas a dar una carta blanca al ejecutivo para cambiar estos a su antojo». En una comparación dura, consideran que «esto equivaldría a eso que tanto criticamos a los partidos clásicos de cambiar el artículo 135 de la Constitución sin consultar al pueblo soberano».

Un Podemos centralizado

El férreo control sobre la autonomía territorial genera un encendido debate. En los nuevos estatutos, critican, «se corta de raíz el sentido de lo aprobado, limitando la que era en principio una autonomía política y organizativa autonómica y local, supeditándola a reglamentaciones estatales, se reduce enormemente la autonomía de las Asambleas Ciudadanas Autonómicas y sus órganos para regular los asuntos de ámbito autonómico y se da rango estatutario a la jerarquía de la gestión de las finanzas autonómicas».

«También se elimina la previsión de que desde los territorios se tuviera acceso al censo de las personas inscritas. Por otro lado, la organización de Podemos del ámbito municipal pierde la capacidad última de decidir sobre sus confluencias electorales».

Ello, pese a que el documento salido de Vistalegre II exponía claramente la descentralización territorial y la capacidad de los territorios para establecer su propia organización y tomar decisiones.

«Ya teníamos régimen disciplinario»

Otra de las cuestiones más polémicas de las nuevas normas es el régimen disciplinario, con el que la dirección pretende controlar férreamente a sus críticos. Se castigan con dureza, por ejemplo, las filtraciones a la prensa y se permite a las ejecutivas asumir estas competencias.

La secretaría de Organización alega que los documentos de Vistalegre no contenían un régimen disciplinario y que, por tanto, había que desarrollarlo a posteriori. Sin embargo, los críticos denuncian que «esto no es cierto en absoluto». 

«Podemos ya tenía un régimen disciplinario, y la autorización que se dio al Consejo de Coordinación fue para «transponer a los Estatutos los acuerdos aprobados por la Asamblea».

«No se dio autorización para redactar unos nuevos Estatutos, ni era necesario o imperativo cambiar un régimen disciplinario que ya existía en
los Estatutos sobre los que se iba a realizar la transposición de lo aprobado», advierten.