Las VTC se reúnen con la Generalitat para frenar el decreto ley que exigen los taxistas

Miembros de Uber, Cabify y Unauto se reunieron en la Generalitat el pasado lunes con Pere Padrosa, director general de transporte de Cataluña, con el objetivo de presionar al gabinete de Quim Torra para que voten en contra del decreto ley que autorizará a las Comunidades Autónomas, si se aprueba el próximo 25 de octubre en el Congreso, a legislar sobre las licencias VTC.

Según fuentes conocedoras, la ‘amenaza’ de las VTC a la Generalitat se centró en que, si sale adelante el decreto, serán las CCAA las que tendrán que desembolsar una millonada en indemnizaciones. Pero lo cierto es que, según fuentes del departamento que dirige José Luis Ábalos, desde el ministerio de Fomento se confía en sacar adelante el decreto ley sin tener que indemnizar a las empresas de alquiler de vehículos con conductor.

Pedro Sánchez, en este sentido, ha logrado lo que pocos se podrían imaginar que sucedería: poner de acuerdo a las VTC y a los taxistas a la hora de criticar el polémico decreto ley. Las compañías de vehículos con conductor entienden que imponer una fecha de caducidad a estas licencias es inconstitucional y cifran en casi 4.000 millones de euros las compensaciones que tendría que afrontar el ministerio de Fomento.

Por su parte, los taxistas entienden que incluir como compensación la moratoria (el plazo señalado de 4 a 6 años) ofrecida a la administración teritorial para que aplique las restricciones a los VTC es una «ayuda de Estado prohibida» por el Tratado de la Unión Europea y, en consecuencia, anulada por las instituciones europeas.

Los taxistas amenazan con volver a la huelga la próxima semana si los partidos políticos no se posicionan “en los próximos días” respecto al decreto ley, con el que se delega en las Comunidades Autónomas regular la actividad de las empresas de vehículos de transporte con conductor, que tendrán un período de cuatro años durante el cual podrán seguir prestando servicio en el ámbito urbano.

Y es que el real decreto deberá ser aprobado en el Congreso de Diputados, en principio, el próximo 25 de octubre. Sin embargo, exceptuando al PSOE y a Podemos, nadie sabe qué harán el resto de formaciones. Los taxistas, ante tal incertidumbre, exigen a los partidos restantes un posicionamiento público sobre sus intenciones a la hora de votar en el Congreso.