El voto en contra de Hacienda abre la puerta a ACS y Sacyr a impugnar el contrato de Adif de 550 millones

Aumenta la polémica en torno al contrato de 550 millones de euros que ha adjudicado el Consejo de Administración de Adif a Ferrovial, FCC y Comsa pese a que la interventora de Hacienda en esta empresa pública presente en la Mesa de Contratación emitió un voto particular en el que calificaba de irregular el proceso seguido en el concurso por Adif, como publicó este periódico este jueves. Fuentes del sector aseguran a este diario que los argumentos esgrimidos por Hacienda son sólidos y suficientes para que las constructoras descartadas, ACS, Sacyr, Acciona y OHLA, entre otras, puedan impugnar la millonaria adjudicación. «Con los jueces nunca se sabe, pero si impugnan lo ganan seguro, porque la interventora de Hacienda tiene toda la razón», señala un alto ejecutivo del sector. Las constructoras han preferido guardar silencio.

La decisión denunciada por Hacienda es que Adif, sin que lo aprobara la Mesa de Contratación como marca la ley de contratos públicos, contrató a una consultora externa, Geoconsult, para que analizara las ofertas económicas presentadas por las constructoras para el contrato de soterramiento de la R2 de Cercanías en Moncada y Reixach (Cataluña). El informe de esa consultora sirvió para que Adif declarara como temerarias las ofertas de Dragados (ACS), Sacyr, Acciona y OHLA, entre otras, y las dejara fuera del concurso.

En su voto particular a la adjudicación, la interventora de Hacienda defiende que la contratación de una consultora externa para analizar las ofertas económicas debió consultarse y aprobarse en la Mesa de Contratación y, después, por el Consejo de Administración de Adif. Al no pasar por la Mesa, Hacienda lo considera irregular y se abstiene en la votación final, que ganaron Ferrovial, FCC y Comsa por 5 votos a 1.

La presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, ha dado por buenos los argumentos de los directivos de la compañía que estaban en la Mesa de Contratación -la contratación de Geoconsult no incumple ninguna ley- y ha adjudicado el contrato a Ferrovial, FCC y Comsa. «La ley de contratos públicos es clara y tiene razón Hacienda. Ahora las constructoras si quieren pueden hacer dos cosas. Primero, presentar un recurso para que se paralice la adjudicación. Es más rápido pero el problema es que si lo pierden tienen que pagar una multa. Y segundo, ir a la justicia ordinaria. Es más lento y hasta dentro de años no habría resolución», explican fuentes jurídicas.

ACS, Sacyr, Acciona…

De momento, las constructoras guardan silencio mientras sus servicios jurídicos analizan los documentos y sus opciones. Adif es uno de los grandes contratistas del país y enfrentarse a él es una decisión que hay que meditar. «Si fuera ellos, impugnaba hoy mismo porque lo ganan», señala un alto directivo del sector.

De fondo, revolotea en este asunto la batalla que el Gobierno, la ministra de Hacienda incluida, protagonizó contra Ferrovial -empresa ganadora del concurso- cuando la familia Del Pino decidió en abril trasladar la sede de la empresa a Holanda. El propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cargó en público contra la empresa y contra Rafael Del Pino por tomar esta decisión.