El PP pide mantener 10.000 pisos turísticos en Barcelona: «Afecta a una actividad legal y regulada»

El Grupo Municipal del Partido Popular ha presentado una proposición formal ante el Ayuntamiento de Barcelona para detener la supresión generalizada de las aproximadamente 10.000 licencias de pisos de uso turístico existentes en la ciudad.

El concejal popular Daniel Sirera ha exigido en un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, que el Gobierno municipal aporte «datos y estudios rigurosos que acrediten el impacto real sobre la vivienda, los precios del alquiler y la convivencia» antes de proceder con una medida que afecta a una actividad legal y regulada.

La iniciativa del PP abre un importante debate político sobre el futuro del alojamiento turístico en la capital catalana. Los populares han cuestionado la eficacia de la medida anunciada por el Govern municipal del PSC y han propuesto alternativas que consideran más efectivas para resolver el problema de acceso a la vivienda.

El documento presentado por Sirera y consultado por este medio ha argumentado que los pisos de uso turístico «representan sólo alrededor del 1% del parque total de viviendas de la ciudad». Por esta razón, defienden que «su eliminación no puede ser una medida determinante para resolver el problema estructural del acceso a la vivienda».

El PP ha destacado un dato especialmente relevante del Instituto Nacional de Estadística. Según estas cifras, en Barcelona hay aproximadamente 65.000 viviendas sin ningún uso durante todo el año. Esta cifra contrasta con las 10.000 licencias turísticas que el Gobierno municipal pretende suprimir.

Para los populares, estos números evidencian que el principal problema «es la falta de políticas eficaces para movilizar la vivienda vacía». Consideran que atacar el alquiler vacacional sin abordar el parque desocupado constituye un error estratégico de envergadura.

La proposición ha subrayado además que no existen datos objetivos que demuestren que la supresión de las licencias genere vivienda asequible. Tampoco hay evidencias, según argumentan, de que reduzca los precios del alquiler o mejore la convivencia en los barrios.

El Partido Popular ha advertido sobre las consecuencias económicas y jurídicas de la medida. En su texto, han señalado que esta iniciativa «genera inseguridad jurídica, pone en riesgo una actividad económica que crea ocupación, y puede tener un impacto negativo sobre el tejido económico y la confianza de los inversores».

La formación conservadora teme que Barcelona envíe una señal desfavorable a los mercados internacionales. La supresión podría interpretarse como una política hostil hacia la inversión privada y la actividad empresarial legalmente constituida.

Propuesta alternativa vivienda

La proposición del PP ha incluido cuatro peticiones concretas al Gobierno municipal. La primera insta a «detener la iniciativa de supresión generalizada de las licencias de pisos de uso turístico» hasta disponer de estudios rigurosos.

La segunda solicita «garantizar la seguridad jurídica de los titulares de licencias vigentes y evitar cualquier actuación que vulnere derechos adquiridos o promueva la prohibición indirecta de una actividad legal y regulada». Desde el PP consideran inadmisible que se revoquen permisos concedidos por la propia administración sin compensación ni justificación técnica sólida.

Como tercera medida, proponen «reorientar la política municipal de vivienda hacia medidas realmente eficaces». Entre ellas mencionan explícitamente la movilización de la vivienda vacía, el fomento de la construcción en solares disponibles y la rehabilitación del parque edificado existente.

La cuarta petición solicita «sustituir las políticas de prohibición por una estrategia basada en datos objetivos, seguridad jurídica e incremento real de la oferta de vivienda residencial en la ciudad de Barcelona». Esta aproximación técnica contrasta con lo que consideran un enfoque ideológico del actual Ejecutivo municipal.

Barcelona ha sido pionera en España en la regulación del alojamiento turístico. Desde 2012, la ciudad ha establecido un régimen de licencias que pretendía ordenar un sector en plena ebullición. El auge de plataformas como Airbnb multiplicó exponencialmente la oferta de alquileres vacacionales.

Durante años, el Ayuntamiento ha mantenido una moratoria que impedía conceder nuevas licencias en determinadas zonas saturadas. Sin embargo, las aproximadamente 10.000 licencias otorgadas antes de estas restricciones han permanecido vigentes hasta ahora.

Por su parte, el sector turístico defiende su contribución económica a la ciudad. Sostienen que generan empleo, diversifican la oferta de alojamiento y contribuyen significativamente a la economía local. La controversia ha adquirido tintes casi existenciales sobre el modelo de ciudad deseable.

Ninguna gran ciudad europea ha optado, sin embargo, por una supresión tan estricta como la planteada en Barcelona. La capital catalana se convertiría así en el experimento urbano más radical de Europa en esta materia.

El debate llegará próximamente al Pleno municipal, donde se votará la proposición del PP. Mientras tanto, los 10.000 titulares de licencias aguardan con inquietud un desenlace que determinará si Barcelona apuesta por la prohibición o por la regulación inteligente de una actividad que, hasta ayer, era perfectamente legal.