Tráfico de camiones paralizado: Que nada se mueva para que nada pase

Hay una tentación recurrente en el poder político que reaparece cada vez que surge una crisis o un evento crítico. La receta es paralizar la realidad para evitar el riesgo. La última manifestación de esta pulsión ha sido la resolución de la Dirección General de Tráfico que, ante la mera previsión de nevadas, ha prohibido de forma generalizada la circulación de vehículos pesados en más de 3.000 kilómetros de la red viaria española este fin de semana. Una decisión preventiva, masiva y sin apenas margen de reacción para todo el sector empresarial del transporte, que ya ha provocado una airada respuesta por parte de las empresas transportistas, pero que ha caído en saco roto.

La lógica que subyace a esta medida es inquietante y trágicamente sencilla. Si no se mueve nadie, no pasa nada. O, al menos, nada de lo que el Estado pueda ser responsabilizado. Es una lógica que nos recuerda mucho a Minority Report, la célebre película sobre un futuro distópico -protagonizada por Tom Cruise-, en la que los crímenes se castigan antes de cometerse, no por lo que ha ocurrido, sino por lo que podría ocurrir. En este caso, no se limita una situación real, sino una hipótesis o previsión meteorológica.

El Estado no gestiona el riesgo, sino que lo elimina prohibiendo la actividad.

Desde una perspectiva liberal, el problema no es solo práctico, sino profundamente moral y jurídico. La libertad de circulación -consagrada en nuestra Constitución- queda suspendida no por hechos objetivos, sino por una conjetura administrativa. El Estado no gestiona el riesgo, sino que lo elimina prohibiendo la actividad. Y lo hace sin ponderar adecuadamente los costes humanos y económicos que esa decisión acarrea. Desde la burocracia y los sillones del poder, les da igual la actividad de las empresas, muchas de ellas que ya han hecho inversiones, por ejemplo, en preparar sus flotas con neumáticos de nieve.

Porque los perjuicios no son abstractos. Son concretos, visibles y recaen siempre sobre los mismos. Miles de transportistas y camioneros -10.000, según cifras del sector- se han visto obligados a detener su actividad de forma abrupta, a pasar noches enteras en sus vehículos, lejos de sus hogares, sin información clara sobre cuándo podrán reanudar la marcha. Empresas que trabajan con márgenes estrechísimos han visto interrumpidas sus rutas, incumplidos sus contratos y dañada su reputación. Y todo ello en un sector que ya arrastra semanas de bloqueos -como los ocasionados en Francia por las protestas ante el tratado del Mercosur-, tensiones y pérdidas.

Conviene recordar un dato elemental que a menudo parece olvidarse en los despachos. Este no es otro que más del 90% de las mercancías que se consumen en España se transportan por carretera. Detener los camiones no es una medida inocua. Es detener el pulso económico del país. Alimentos, medicamentos, materias primas y bienes esenciales dependen de que haya alguien dispuesto a conducir durante horas, con frío, con lluvia o con nieve, haciendo posible la vida cotidiana de millones de personas.

El libre mercado y la doctrina liberal siempre ha desconfiado de este tipo de intervencionismo preventivo, precisamente porque ignora una verdad básica: que el conocimiento está disperso, no está dado. Ninguna autoridad central posee la información concreta que tienen quienes están en la carretera, kilómetro a kilómetro, tramo a tramo. Sustituir ese conocimiento práctico por una orden general y abstracta no es prudencia, es fatal arrogancia, como señalaba el premio Nobel F. Hayek.

Prohibir de manera generalizada y concreta la circulación de camiones, sin distinguir situaciones reales de riesgo de aquellas en las que la vía es perfectamente transitable o puede ser limpiada por las quitanieves, no es proteger a los ciudadanos, sino que es interferir en su actividad legítima para cubrirse políticamente.

Después del trágico accidente de trenes de la semana pasada, se ve que el Estado no quiere que le surja un nuevo problema que delate el mal estado de conservación de las carreteras o su pésima gestión de emergencias, pese a que España tiene una dotación más que suficiente de 1.486 máquinas quitanieves para la red estatal de carreteras.

Como explica Jesús Huerta de Soto en su obra “Socialismo, cálculo económico y función empresarial”, el intervencionismo estatal genera distorsiones que luego se utilizan como justificación para nuevas intervenciones. Hoy se prohíbe circular por si nieva y mañana, ¿qué otra actividad será suspendida por si acaso?

Estas prácticas se empiezan a consolidar peligrosamente como habituales -como los confinamientos por la Covid-19-. Hasta ahora, la gestión de episodios meteorológicos adversos se ha basado en embolsamientos selectivos, restricciones puntuales en puertos concretos y reapertura progresiva conforme mejoraban las condiciones. Era un modelo imperfecto, pero flexible, que trataba de compatibilizar seguridad y libertad. Pero, la inédita Resolución dictada por la Dirección General de Tráfico para este fin de semana, rompe con ese equilibrio y opta por la solución más simple para la Administración y más costosa para los ciudadanos: cerrar todo.

Desde luego, nadie discute que la Seguridad Vial sea un objetivo legítimo. Lo que se discute es que se utilice como coartada para una parálisis preventiva que traslada todo el coste al sector privado y ningún coste a Pere Navarro, erigido en decisor público. Si la previsión falla y no hay nevadas relevantes -o incluso si habiéndolas no afectan a todos los tramos cortados, más de 3.000 km incluidas autovías y otras vías principales-, no ocurre nada para quien firmó la orden. Para el transportista, en cambio, el daño ya es irreversible.

Desde la óptica del libre mercado no se propone la ausencia de normas, sino normas generales, previsibles y proporcionadas. Frente a la cultura del “por si acaso”, se reivindica la responsabilidad individual, la información transparente y la gestión adaptativa, nunca la prohibición general y preventiva. En definitiva, la confianza en que una sociedad libre es perfectamente capaz de enfrentarse al riesgo sin necesidad de ser inmovilizada.

Porque cuando el principio rector de la acción política pasa a ser “que nada se mueva para que nada pase”, lo que realmente ocurre es que el país se detiene. Y con él, la libertad.