Sánchez planea un sablazo fiscal contras las rentas bajas: luz, agua, gasolina… y también IRPF

El PSOE ha diseñado una reforma fiscal que va a castigar a las rentas bajas y también a las familias de clase media, algo que en público niega su secretario general, Pedro Sánchez. Las claves de este sablazo tributario están en el programa electoral con el que concurren los socialistas al 26J. La famosa “subida de los impuestos a las rentas altas” que anuncia Sánchez en sus comparecencias no aparece en ninguna parte del texto y el documento se limita a señalar que cada ciudadano “deberá contribuir a las cargas generales del Estado de acuerdo con la capacidad de pago de cada uno”. Eso sí, el texto deja claro que subirá la fiscalidad de la gasolina, la luz y el agua, revisando al alza también el IRPF, lo que perjudicará más a las familias que menos recursos tienen.

En concreto, el programa señala que existe “descoordinación” entre el IRPF, el Impuesto de Sociedades y el de Patrimonio, lo que “impide gravar adecuadamente la riqueza”, lo que “permite a grandes fortunas y patrimonios contribuir de forma adecuada al sostenimiento de los gastos públicos”.

Sin embargo, en lugar de plantear una rebaja a las rentas del trabajo que beneficie a las personas con menos ingresos, el PSOE indica que creará una “Comisión de Expertos” que “presente sus conclusiones en el plazo de seis meses para mejorar la incorporación de la riqueza al sistema general de tributación”. Las conclusiones “entrarán en vigor en los Presupuestos de 2017” si los socialistas llegan al poder.

La intención de ocultación es manifiesta, ya que en el documento presentado por el PSOE para presentar la campaña, aparece una mención al IRPF que no está en el programa. En concreto, señala que el objetivo es “mantener la tarifa del IRPF para las rentas medias y bajas”. Según los técnicos tributarios consultados la causa de esta divergencia es que es imposible elevar la recaudación por el IRPF que quiere el PSOE sin castigar a los que ganan menos de 24.000 euros al año, que son el 70% de los declarantes del impuesto. Por eso los socialistas dejan en manos de la “Comisión de Expertos” el anuncio del castigo a las familias españolas.

«Una economía al servicio de toda la ciudadanía»

El sablazo fiscal se pone más de manifiesto cuando se analizan el resto de propuestas ubicadas en el apartado del programa titulado “una economía al servicio de toda la ciudadana”. El PSOE quiere subir el precio de los combustibles (a través del Impuesto General de Hidrocarburos), la factura de la luz (a través del Impuesto Especial sobre la Electricidad), y el canon de vertidos, que tiene reflejo en el precio del agua.

En este contexto también se plantea un aumento de los impuestos que pagan los propietarios de vehículos de motor y la creación de un tributo que grave los embalajes y las bolsas. Todo ello con la excusa de “hacer de estos tributos verdaderos Impuestos Medioambientales”. Los socialistas quieren poner en marcha un “proceso de concertación con las comunidades autónomas que ya cuentan con figuras tributarias similares”.

Impuesto a todos los productos financieros… ¿y el IVA?

Además, el PSOE recupera su viaje promesa de crear un Impuesto a las Transacciones Financieras que penalicen a todos aquellos hogares que tengan productos financieros (es decir, la práctica totalidad de las familias que tienen acciones, bonos, planes de pensiones, fondos de inversión o cualquier otro vehículo de ahorro) .

Existe otro impuesto sobre el que el programa electoral del PSOE pasa de puntillas: el Impuesto al Valor Añadido (IVA). El documento se limita a prometer una “rebaja del tipo a las actividades culturales, como cine, teatro y música”, pero no establece cuál será el tipo general, que en la actualidad es del 21%. Pedro Sánchez, como ya hizo de cara a las elecciones del 20D oculta qué hará con el IVA, del mismo modo que esconde sus intenciones con el IRPF.

La guinda final de las promesas fiscales es la intención de obligar a los ciudadanos a pagar más por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, mediante un truco normativo: eliminar las bonificaciones que aplican las comunidades autónomas en virtud de la ley tributaria. El PSOE quiere imponer un “mínimo común” para asegurarse de que el Estado ingrese más dinero cuando se produzcan fallecimientos y donaciones de bienes entre familiares.