Sánchez engaña a los funcionarios y les deja sin la acordada subida de sueldo hasta los Presupuestos

Los empleados públicos se encontraron este jueves con una sorpresa muy desagradable: el Real Decreto-ley ómnibus publicado ayer en el BOE no incluye la subida de sueldo acordada con los sindicatos de los funcionarios, con lo que ésta se retrasará hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado. Un nuevo engaño del presidente Pedro Sánchez, que debía aplicarla a 1 de enero.

En principio, los más de 3,5  millones de funcionarios que hay en España percibirán esa mejora de sus emolumentos de forma retroactiva cuando se aprueben los Presupuestos. Pero, de momento, estarán varios meses con el sueldo congelado. Como muy pronto, la ley que contiene las cuentas del Estado podría aprobarse en abril, aunque no sería extraño que se retrase hasta junio.

Eso, sin contar la posibilidad de que alguno de los partidos que apoyan a Sánchez plantee nuevas exigencias y se niegue a votar a favor de los Presupuestos. Algo que podría retrasar todavía más su aprobación o incluso imposibilitarla, en cuyo caso seguirían prorrogados los de 2023 y los funcionarios no percibirían la subida prometida en ningún momento.

La excusa que han dado desde el Gobierno a los sindicatos es que no se puede aprobar esa subida porque no hay Presupuestos. Sin embargo, cuando se prorrogaron los Presupuestos en 2018 y 2020, el incremento se aprobó por Real Decreto-ley y se aplicó a comienzos de año. Por tanto, es la primera vez desde 2015 -cuando las retribuciones estaban congeladas- que no se aplica la subida salarial a 1 de enero.

Un portavoz de CSIF (el sindicato de funcionarios) afirma que «no sólo acordaron una subida totalmente insuficiente, sino que además la hacen mal».

«Se trata del primer acuerdo salarial en que los empleados públicos empiezan perdiendo dinero: respecto a la inflación, en los dos años que lleva en vigor, hemos perdido un 5,5% de poder adquisitivo», añade. Por eso, este sindicato asegura que va a empezar a trabajar de inmediato en un nuevo acuerdo que garantice el poder adquisitivo de los funcionarios.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acordó en octubre de 2022 con UGT  y CCOO (CSIF se opuso) una subida de sueldo del 9,5% entre ese año y 2024. Dentro de este porcentaje se incluía incluye un aumento del 1,5% con carácter retroactivo para 2022 -año en que los salarios ya habían aumentado un 2%- y cláusulas de revisión para 2023 y 2024.

Para 2023 se incluía un incremento del 2,5%, al que se suman dos variables del 0,5%. Los sueldos de los empleados públicos se subirían un 0,5% adicional si el IPC acumulado de 2022 y 2023 superaba el 6%, y se añadiría otro 0,5% si el PIB de 2023 era mayor del 5,9%.

El acuerdo se completaba con un alza del 2% en 2024, de nuevo con un cláusula para incrementar el sueldo un 0,5% en caso de que el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supere el 8%. Esta es la subida que debería haberse incluido en el decreto de este jueves.

Presión a los socios

Algunas fuentes sostienen que no incluir la subida de sueldo de los funcionarios en el decreto es una medida de presión de Sánchez a sus socios precisamente para que aprueben los Presupuestos. El razonamiento sería que, si no lo hacen, tampoco podrán aumentar los salarios de los funcionarios autonómicos de Cataluña y País Vasco, ya que el acuerdo incluye a todos los empleados públicos, tanto de la Administración del Estado como de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Y esa subida salarial puede suponer muchos votos para los partidos nacionalistas que van a disputarse la Generalitat (Junts y ERC) o el Gobierno del País Vasco (PNV y Bildu).

El Real Decreto-ley sí incluye la subida de las pensiones en un 3,8%. Esta subida está determinada desde que se conoció el IPC de noviembre, ya que por ley deben subir el IPC medio interanual de los 12 meses entre diciembre del año anterior y noviembre del ejercicio en vigor.  No obstante, el miércoles Pedro Sánchez aprovechó su comparecencia tras el Consejo de Ministros para ponerse la medalla de que «vamos a subir las pensiones un 3,8% en 2024».

No incluir esta subida en la norma publicada ayer y esperar a los Presupuestos generales podría haber provocado una verdadera revolución social de los pensionistas. Además de que, en este caso, no serviría de elemento de presión hacia los socios de Gobierno, como sí ocurre con el sueldo de los funcionarios.