El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha ampliado en agosto por encima de los 30 días que marca la ley el periodo medio de pago a proveedores, generalmente pequeñas empresas y autónomos, lo que agudiza la situación de muchas compañías que ya están sufriendo caídas de ingresos por la crisis del coronavirus.
Según los datos publicados este miércoles por la Intervención General del Estado, la Administración central ha aumentado ese periodo medio de pago a proveedores en agosto hasta los 33,88 días, mientras que la Seguridad Social lo tiene fijado en 11,1 días.
Es la primera vez desde que se levantó el estado de alarma en junio que la Administración central aumenta su morosidad con pequeñas empresas y autónomos. Junio cerró el mes en 29 días de retraso y en julio lo redujo a 28 días.
Además, superar los 30 días de media supone también incumplir la ley de morosidad que obliga a las administraciones públicas a pagar sus facturas en 30 días, salvo que alcancen un pacto con los proveedores -en ese caso se establece un límite máximo de 60 días-. Sorprende que la propia Administración central incumpla su propia norma.
Este retraso en el pago a los proveedores supone un duro golpe para las empresas, que ya están sufriendo por la crisis del coronavirus y muchas no podrán aguantar activas durante mucho tiempo. El importe pendiente de pago por parte de la Administración central asciende a 174 millones de euros.
Este martes el Banco de España ha puesto negro sobre blanco en un informe que las empresas no financieras han hundido un 70% su resultado ordinario hasta junio y han entrado en pérdidas en el semestre por primera vez desde 2002. Esto da la medida de en qué situación se encuentran las compañías españolas de cara a afrontar la crisis del coronavirus. Además, la falta de ayudas directas del Gobierno les ha obligado a acudir a los fondos del ICO para obtener liquidez, que ahora tienen que devolver.
Retrasar el pago por parte de las empresas públicas agudiza esta situación. Por ejemplo, en el caso de Adif, el administrador de las infraestructuras ferroviarias, el periodo medio de pago a sus proveedores roza los 50 días. Tiene pendiente el abono de 67,2 millones de euros. Este organismo, que preside Isabel Pardo de Vera, es uno de los principales inversores del Estado.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que preside José Félix Tezanos, paga con 44 días de retraso de media, mientras que el Instituto Cervantes lo hace con 69 días y el Museo de Arte Reina Sofía, con 122 días.
Comunidades Autónomas
Las comunidades autónomas han mejorado ligeramente en julio su periodo medio de pago a proveedores, aunque en conjunto siguen por encima también de los 30 días. Han cerrado el mes en una media de 31,4 días, 1,4 días menos que en junio.
Las Islas Baleares, gobernadas por la socialista Cristina Armengol, y Cataluña, que afronta un periodo de interinidad tras la inhabilitación de Quim Torra, son las dos regiones más ‘morosas’. Baleares paga con un retraso medio de 53 días y Cataluña, con 44. Destaca Murcia, que sólo tarda tres días de media en abonar sus facturas.
Por su parte, los ayuntamientos han mejorado en julio su periodo medio de pago a proveedores hasta los 76,5 días, 22,5 días menos que en junio. el motivo, según Hacienda, es que en el mes anterior a agosto suelen acelerar los pagos para evitar el atasco de agosto.
