Sacyr prepara su salida del Canal de Panamá con reclamaciones pendientes por 4.600 millones

Sacyr saldrá por tanto del país definitivamente en los próximos días con litigios pendientes en la obra por 5.200 millones de dólares, 4.600 millones de euros, según admite la constructora en su cierre anual de 2018. La firma española, junto a la italiana Impregilo, lideró la mega obra de ampliación del Canal de Panamá, que entregaron el 24 de junio de 2016.

El contrato incluía tres años de mantenimiento del Canal y, según confirman fuentes de la empresa, Sacyr saldrá definitivamente de toda la gestión del mismo el 30 de junio. No hay opciones de continuar y prorrogar el contrato con un Gobierno con el que mantienen abiertos litigios por reclamaciones en la obra por valor de 5.200 millones de dólares.

Según explica la constructora, un informe del experto independiente DFL Associate, actualizado el 23 de octubre pasado, cifra la cantidad de dinero que puede recuperar la empresa en 2.057 millones de dólares, unos 1.800 millones de euros para las cuatro empresas que forman la empresa constructora Grupo Unidos Por el Canal (GUPC) -Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA-.

Las constructoras y el Gobierno de Panamá se han reclamado mutuamente miles de millones de dólares durante la obra, adjudicada al consorcio liderado por Sacyr en 2009 por 3.300 millones de dólares. Finalmente el coste superó los 5.000 millones, que las constructoras tratan de recuperar en los arbitrajes. Hasta ahora, algunos laudos han sido favorables a Panamá, como el de finales del año pasado por valor de 847 millones de dólares, y otros a GUPC.

Batalla ‘congelada’

Por otra parte, la dirección de Sacyr ha decidido de mantener en ‘stand by’ llevar a cabo la Acción Social de Responsabilidad contra José Moreno Carretero, ex consejero de la compañía expulsado del Consejo en la Junta de Accionistas del año pasado.

Los accionistas de la constructora instaron en la Junta de 2018 a la cúpula de la empresa a ejercer esa Acción Social de Responsabilidad y querellarse contra Moreno Carretero, que ha bajado su participación hasta un 7% del capital, por el daño reputacional y a la acción de la empresa generado por su intento de ‘asalto’ a la constructora.

De momento, la compañía prefiere esperar hasta tomar esa decisión, lo que comunicará este jueves a los accionistas en la Junta. «Tenemos tres años legalmente para ejercer esa Acción Social de Responsabilidad», recuerdan en la constructora.

Moreno Carretero también tiene «dormido», según sus palabras, el proceso judicial abierto contra su expulsión del Consejo de Sacyr, el año pasado. Moreno Carretero impugnó el Consejo en el que fue cesado, proceso aún no resuelto.