Amplía el plazo hasta noviembre de 2021

Ribera aumenta un 165% el coste de peritar las obras del ‘caso Acuamed’ para ver si hay algún delito

Ribera defiende que la subida de la luz se notará muy poco en la factura del mes de los usuarios
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El ‘caso Acuamed’, que se inició en 2015 por la denuncia de tres directivos de la firma contra la cúpula de la compañía por supuestamente favorecer a varias empresas con contratos, está a un paso de convertirse en un sainete. No sólo porque ahora dos de los tres denunciantes, Gracia Ballesteros y Azahara Peralta, hayan sido imputadas por hacer lo que supuestamente denunciaron -favorecer a una constructora con contratos-, sino porque después de casi tres años desde que el juez instructor ordenó el peritaje de las obras bajo sospecha para conocer su valor real y determinar si hubo favores a las constructoras, todavía los ingenieros del Colegio no han concluido ese peritaje.

Pero es que ahora, según se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha ampliado el plazo para que se finalice ese peritaje hasta noviembre de 2021, doce meses más. Con esta nueva ampliación, el peritaje -siete obras-, que es clave para saber si los acusados inflaron o no los precios para favorecer a las constructoras, como sostiene la fiscal, se alargará casi cuatro años. El magistrado instructor del caso en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ordenó ese peritaje en un auto de marzo de 2018, dos años después de que los acusados pasaran por la cárcel por orden del primer juez instructor, Eloy Velasco.

«Se acuerda la ampliación del plazo de vigencia del Convenio de Encomienda de Gestión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos hasta el 30 de noviembre de 2021, para la realización de la verificación de la realidad física de las obras incluidas en el procedimiento», dice exactamente la cláusula cuatro del texto publicado este lunes en el BOE.

A la extraña situación que supone que se haya ordenado la entrada en prisión de varios empresarios y ex directivos de la firma pública Acuamed en enero de 2016 acusados de pactar sobrecostes en varias obras sin que el juez Velasco ni la fiscal sepa cuál es el precio real de los proyectos, hay que añadir que este peritaje está costando dinero público a los ciudadanos.

Más fondos para el peritaje

De acuerdo con el nuevo texto de la orden del Ministerio de Transición Ecológica publicada este lunes en el BOE, el contrato con el Colegio de Ingenieros tendrá un nuevo coste -se añaden nuevas peticiones por parte del departamento de Ribera-. La nueva cantidad será de 485.955 euros, IVA incluido. Se trata de un 165% más que el anterior coste, 183.235 euros IVA incluido.

Ribera amplía a 485.955 euros el gasto en los ingenieros que deben hacer el peritaje, un 165% respecto al anterior contrato, y prorroga hasta noviembre de 2021 el plazo para acabar los trabajos, claves para saber si hubo delito

Pero no sólo eso. Porque el Gobierno contrató también a la empresa pública Tragsa para ayudar a los ingenieros del Colegio a realizar el peritaje de las obras en cuestión por 600.000 euros, precio que probablemente tendrá también que ampliarse en función de las nuevas peticiones que hace el Ministerio. En cualquier caso, a la espera de esa modificación, el precio para determinar si la ex cúpula de Acuamed infló los sobrecostes de las obras para favorecer a las constructoras sobrepasará ya el millón de euros.

Se da la circunstancia de que la fiscal principal del caso, Inmaculada Violán, no ha podido determinar todavía la cantidad de dinero público que supuestamente defraudó la ex cúpula de la compañía pública de aguas, encargada de las inversiones en desaladoras en la zona del Levante español. Pese a las peticiones que han hecho durante la larga instrucción del caso las defensas, la fiscal no ha podido cuantificar el supuesto desfalco a las arcas públicas. Y una cosa más: los arbitrajes posteriores que han encargado las constructoras de las obras bajo sospecha han determinado que los sobrecostes que pactaron con la ex cúpula de Acuamed fueron inferiores.

Corrupción ¿del PP?

El ‘caso Acuamed’ arrancó con la denuncia de tres directivos de la firma en 2015, que derivó en la detención a bombo y platillo de la ex cúpula de la firma y varios constructores, que fueron encarcelados por el juez Velasco. Sirvió al entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, ahora presidente del Gobierno, para desgastar a Mariano Rajoy a cuenta de la corrupción. Cinco años después, todo sigue en el aire.

En cambio, hay pruebas de que los denunciantes favorecieron con proyectos públicos a una empresa, Contratas Vilor, y están siendo juzgadas por ello. Y también sobre la supuesta financiación desde esta empresa al PSOE.

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