Caso Tándem

Repsol y La Caixa niegan que supieran que Villarejo estaba en activo y que se aliaran para delinquir

Consideran que la imputación de Brufau y Fainé no tiene base y confían en desmontar las acusaciones

El juez del caso Villarejo imputa a Fainé y Brufau por el espionaje a Del Rivero

José Villarejo Brufau Fainé
Isidre Fainé y Antoni Brufau.

Tras el terremoto por la imputación de Isidre Fainé -presidente de la Fundación La Caixa y muñidor de la fusión de CaixaBank con Bankia- y Antoni Brufau, presidente de Repsol, por la contratación del excoimisario Villarejo, en ambas instituciones se han puesto manos a la obra. Aunque oficialmente no hay ninguna posición, fuentes conocedoras de la situación aseguran que consideran que la imputación está muy poco fundamentada y que probablemente pueda revocarse incluso antes de que declaren el próximo jueves (el auto que les imputa ha sido recurrido).

El principal motivo de esta confianza es que el único delito que se imputa a los dos directivos es el de cohecho activo, un tipo penal que requiere conocer que a quien se está pagando es un funcionario en activo, algo que desconocían tanto Brufau como Fainé, según las fuentes. «Pensaban que estaba en excedencia o en segunda actividad. El propio Villarejo dice lo mismo: que la mayoría de la gente no sabía en qué situación estaba», explica una de ellas.

Otra añade que «si lo conocía todo el mundo, no servía para nada si él quería hacer sus actividades encubiertas, tenía que tener su fachada. No podía mantener sus negocios si era de dominio público que estaba en activo». «El fiscal parte de que se sabía que estaba en activo, pero no es lo que resulta de la causa ni de la lógica», apostilla la primera fuente.

Además, este delito se refiere al soborno de un funcionario para que realice actividades «en el ejercicio de su cargo». Y, estuviera o no en activo, Villarejo realizó los encargos como una empresa privada (Cenyt), no como policía. Y, se supone, sin utilizar medios del Cuerpo -eso tendría que ser demostrado por las acusaciones-.

No se imputa descubrimiento o revelación de secretos

En el mundo jurídico ha causado cierta sorpresa que sólo se haya imputado este tipo penal a Brufau y Fainé, y no los de descubrimiento y revelación de secretos, de los que el juez Manuel García-Castellón sí ha acusado a Francisco González, expresidente de BBVA, por sus relaciones con el excomisario. «El cohecho parece fácil de desmontar, pero la cuestión de los secretos puede tener más enjundia si las actividades de Villarejo proporcionaron información confidencial a Repsol y La Caixa», según una de las fuentes.

No obstante, el forensic realizado por KPMG no ha encontrado ningún secreto en la documentación analizada de La Caixa y Repsol en relación con el llamado ‘proyecto Wine’. Otra fuente considera que «la calificación penal tiene poco valor en este momento, puede cambiar 20 veces hasta que se acabe la instrucción».

Finalmente, las fuentes consideran que el juez y el fiscal han sacado de contexto lo que dice el informe del jefe de cumplimiento (chief compliance officer) de Repsol, Enrique Hernández, puesto que este no dice que la contratación de Cenyt se hiciera de forma irregular, sino de forma directa por cuestiones de confidencialidad y seguridad, algo que permite la normativa interna de Repsol en casos excepcionales.

Claro que Repsol y CaixaBank tenían una confluencia de intereses… en todo

Lo que sí ha provocado múltiples sonrisas en el mundillo económico es la acusación de la Fiscalía Anticorrupción de que había «una confluencia de intereses» entre CaixaBank -que entonces presidía Fainé- y Repsol para defenderse del intento de asalto de la mexicana Pemex junto a Luis del Rivero (presidente de Sacyr) a la petrolera española.

«Pues claro que había una confluencia de intereses, en eso como en todo lo demás, ya que CaixaBank era el principal accionista de Repsol y como tal estaba presente en su consejo de administración», señala un observador del sector. En aquel entonces, el banco de La Caixa controlaba en torno al 15% de la petrolera y el propio Brufau era un directivo de la entidad catalana que fue propuesto por esta para presidir Repsol en 2004. Posteriormente, CaixaBank fue vendiendo progresivamente su participación hasta liquidarla por completo en 2019.

«El problema es que el Fiscal lo considera un concierto criminal, como si se hubieran aliado sólo para contratar a Villarejo, cuando es al revés: CaixaBank y Repsol actuaban concertadamente en todo y, por ello, también en la estrategia de defensa contra Pemex y Sacyr», según una de las fuentes.

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