El régimen de Maduro utiliza el Banco de España para mover dinero, según Bloomberg

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El dictador venezolano, Nicolás Maduro, en un acto del régimen hablando al pueblo venezolano. Foto: AFP
  • Henar Hernández | atalayar.com

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y todo su órgano político, están utilizando el Banco de España (BE), con sede en Madrid, para la realización de transacciones financieras. Una investigación publicada por Bloomberg señala que, en un contexto en el que se está recrudeciendo la presión sancionatoria contra el país latinoamericano, sobre todo, por parte de EEUU, Maduro ha encontrado “un nuevo aliado” en la entidad bancaria española.

En esta sentido, la publicación estadounidense explica que el Banco Central de Venezuela (BCV) “depende cada vez más de su homólogo español para transferir y recibir fondos en el extranjero”, lo que en la práctica se traduce en que “los funcionarios del BCV están diciendo a los contratistas que pasar por el Banco de España es una opción para hacer y recibir pagos fuera del país”.

Ante estas acusaciones, la institución española ha declarado que existe una cuenta mantenida por Venezuela, pero que ésta se utiliza “para pagar los gastos operativos vinculados a las relaciones diplomáticas entre los dos países y las organizaciones internacionales para enviar fondos al país latinoamericano”. El BdE justifica que esto es necesario porque las autoridades venezolanas “no pueden utilizar los canales de la banca comercial”. En el escrito presentado por la entidad se expone, además, que “el saldo de la cuenta es relativamente pequeño” y que “no ha registrado una variación significativa en el último año”.

Por su parte, un funcionario del Departamento de Prensa del BCV remitió preguntas sobre esta cuestión al presidente de la institución venezolana, Calixto Ortega, que se negó a hacer comentarios.

Estados Unidos critica a la Unión Europea

Estas acusaciones contra el banco español llegan en un momento en el que el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ha criticado las palabras dirigidas por el que será el nuevo Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borell, contra el papel desempeñado por el gigante norteamericano en Venezuela, calificándolo de “vaquero” en “un país asolado por la crisis”.

Sin embargo, Abrams también ha extendido su mensaje hacia el conjunto del bloque comunitario, denunciado, en esta línea, que “Europa se ha convertido en un patio de recreo para el régimen de Venezuela”. “Un mayor número de personas del régimen está utilizando ahora a Europa como una especie de zona turística […] Envían allí a sus familias, a sus esposas, a sus amantes, a sus hijos. Sus cuentas bancarias están aquí. Hemos publicado en reiteradas ocasiones información sobre las mansiones que compran, los clubes nocturnos a los que van sus hijos adolescentes. Eso no debería estar sucediendo”, ha señalado Abrams.

En esta línea, el funcionario estadounidense, de visita en Bruselas, ha lanzado un duro y directo mensaje contra la gestión de la Unión Europea en la crisis venezolana, definiéndola como “inútil” y culpable de “un error de cálculo por no haber impuesto sanciones más firmes al Ejecutivo de Maduro. Por ello, ha instado a los 28 miembros comunitarios a adoptar medidas punitivas contra las figuras de reseñables de la estructura de poder venezolana, ya que, según Abrams, una mayor presión sancionatoria podría “empujar al régimen hacia un compromiso” con la solución de la herida abierta que padece el país latinoamericano.

Cabe recordar, en este punto, que, en una rueda de prensa posterior a una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea celebrada en el mes de abril, Borrell declaró que el bloque comunitario “estaba en contra de la implementación de sanciones contra Venezuela como país”, si bien dejó abierta, en aquel momento, la posibilidad de aplicar “sanciones individuales” contra algunas figuras del Gobierno de Maduro. Estas declaraciones se encuentran en la misma línea que ha manifestado Borrell desde su llegada a la cartera española de Exteriores en junio de 2018: un “cambio radical” en la política exterior sobre la cuestión venezolana en comparación con la legislatura del ex jefe de Gobierno, Mariano Rajoy, virando desde la imposición de sanciones hacia el impulso del diálogo para promover un proceso político.

No obstante, cabe destacar que la Unión Europea sí ha impuesto sanciones al país latinoamericano, en concreto, desde el 13 de noviembre de 2017, con el objetivo de “lograr un cambio y apoyar soluciones democráticas compartidas”. Las medidas aprobadas incluyen un embargo de armas y equipo “para combatir la represión interna”, y una prohibición de viajar y congelamiento de activos contra 18 funcionarios “responsables de violaciones de derechos humanos, así como del socavamiento de la democracia y del Estado de derecho” en Venezuela. El último movimiento comunitario en este sentido tuvo lugar el pasado 6 de noviembre de 2018, cuando el Consejo Europeo aprobó la extensión de las sanciones hasta el 14 de noviembre de 2019, siempre con la meta de “encontrar una salida democrática de la actual crisis multidimensional a través de una negociación significativa y orientada a los resultados, realizada de buena fe, que incluya a todos los actores políticos venezolanos relevantes”. Esto se ha traducido, recientemente, en la creación de un grupo de contacto internacional sobre Venezuela.

Estados Unidos, por su parte, sigue viendo estas acciones como insuficientes, lo que ha quedado reflejado con las palabras de Abrams. El funcionario estadounidense ya cargó contra la gestión europea el pasado 29 de agosto, a la luz de la posibilidad de que el bloque comunitario impusiese sanciones si la ronda de diálogo de Barbados auspiciada por Noruega: “Si las negociaciones fracasan, impondrán sanciones. En nuestra opinión, eso es probablemente un error porque si aplicaran sanciones ahora habría una mejor oportunidad para que las negociaciones tengan éxito”, indicó al respecto Abrams.

De acuerdo con un informe del Congreso fechado a 22 de agosto de este año, el Departamento del Tesoro estadounidense mantiene sanciones contra 129 ciudadanos venezolanos o extranjeros conectados con el país latinoamericano. Asimismo, el Departamento de Estado ha revocado la vista de cientos de personas y la Administración Trump ha impuesto medidas punitivas contra la compañía estatal de petróleo venezolana (PDVSA), el Gobierno, el BCV, la industria del oro y otras entidades.

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