Las pymes españolas son menos competitivas que las europeas porque son más pequeñas

Es curioso que dos de los más importantes think tanks de nuestro país coincidan en el mismo diagnóstico sobre la pyme española. O fortalecemos vía tamaño nuestras pequeñas y medianas empresas o será muy difícil ser competitivos en un mundo tan globalizado. Para esto hacen falta reformas de todo tipo y una de las más fundamentales es cambiar nuestro sistema educativo.

El ahora denostado ministro Jose Ignacio Wert siempre decía que la reforma económica más importante que debe acometer nuestro país es la educativa.

El presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Osborne, acaba de presentar un sesudo informe en el que se aborda la dimensión empresarial como factor de competitividad. En el mismo se destacaba la importancia que el crecimiento de las compañías tiene para la evolución socio-económica del país.

Un total de 50 reformas destacan como cruciales los patronos de la empresa familiar para que nuestras pymes puedan batirse el cobre en cualquier lugar del mundo. Educación, fiscalidad, administraciones públicas, regulación, financiación y mercado laboral son de forma recurrente las trabas que los empresarios indican para que sus compañías no crezcan en tamaño. Un factor fundamental en el actual mercado mundial.

A pesar de esto, el tejido empresarial español lo componen 3,24 millones de empresas activas de las que sólo el 0,7%, es decir, menos del 1% cuentan con más de 50 trabajadores. Este volumen en Alemania se dispara al 3% y en la media de los países de la UE se sitúa en torno al 1,2%.

Este menor tamaño de las empresas españolas nos hace más vulnerables a los ciclos económicos y por ende impacta en el mercado de trabajo: creamos empleo a un ritmo rápido pero lo destruimos a la par cuando la cosa pinta en bastos. Lo que a su vez repercute en los ingresos del Estado, en el déficit público y en la protección del Estado del Bienestar.

Los empresarios familiares apuntan a que el mejor modo para que las compañías españolas crezcan es hacer un mercado de trabajo flexible y eficiente, mejorar la calidad del capital humano, disminuir las barreras regulatorias, que la Administración Pública sea eficiente, que el sistema fiscal sea previsible, transparente y estable y que contemos con mercados financieros desarrollados.

Como una de las principales preocupaciones es la baja cualificación de nuestros trabajadores, tenemos una de las tasas de abandono escolar más altas de Europa, el IEF pide un pacto de Estado por la Educación, en el que se apoye decididamente la FP.

En lo que se refiere al mercado laboral, el estudio propone, entre otras cosas, un contrato fijo único que aglutine las actuales modalidades de indefinido, circunstancias de la producción y obra o servicio determinado, con indemnización creciente en el tiempo. Igualmente, aboga por la flexibilización del contrato a tiempo parcial, con una regulación más abierta, donde el número de horas anuales se pueda repartir a lo largo del ejercicio según las necesidades de la producción.

También señala que es necesario facilitar la movilidad geográfica y funcional y seguir profundizando en medidas de flexibilidad interna de las empresas que permitan no sólo evitar despidos, sino, en general, mejorar la capacidad de organización y condiciones del trabajo, adaptándose a las condiciones específicas del trabajador o del propio funcionamiento de la empresa, como la temporalidad, las cargas de trabajo, etc.

El estudio propone asimismo la creación de un sistema de capitalización individualizado (la denominada mochila austriaca)que agrupe tanto la pensión como las indemnizaciones a lo largo de la vida laboral de la persona.

Respecto al ámbito de las Administraciones Públicas, el informe propone implantar auditorías privadas, obligatorias para todos los entes públicos, con el objeto de aspirar a una total transparencia informativa, en la que se controle el dinero público de forma correcta.

El texto plantea asimismo la necesidad de favorecer la colaboración con el sector privado en la prestación de servicios públicos, como uno de los principales mecanismos para impulsar la eficiencia y mejorar la calidad y variedad en la prestación de los mismos.

El Instituto de la Empresa Familiar propone simplificar y racionalizar el actual marco regulatorio y normativo, por considerar que la actual maraña existente es responsable en gran medida del menor crecimiento de las empresas españolas. Este proceso de racionalización y simplificación requiere la participación de todas las Administraciones.

El Instituto plantea igualmente la necesidad de revisar las actuales singularidades contables, fiscales, laborales y financieras que hay establecidas para las empresas que no superan un determinado umbral de tamaño, para evitar que puedan actuar como freno al crecimiento. En este sentido, el estudio propone diseñar una combinación adecuada de incentivos y limitaciones, eficiente y con la menor carga burocrática posible, similar al que se aplica en otros países europeos y que sí actúa como elemento estimulador del crecimiento empresarial.

Por lo que se refiere a la fiscalidad, el informe elaborado por el IEF considera fundamental revisar todo el conjunto de tributos que afectan a las empresas para eliminar aquellos sin relevancia recaudatoria y que dificultan el crecimiento, simplificarlo y dotarlo de una estabilidad de la que ahora carece.

Actualmente –según señala el informe- las continuas modificaciones legislativas y las numerosas normas estatales, autonómicas y locales hacen prácticamente imposible el conocimiento de todas ellas, con los costes que ello implica. Este hecho es especialmente perjudicial para las pymes, que se ven obligadas a invertir una gran parte de sus esfuerzos en cumplir dichas normas.

También se plantea analizar la posible integración de la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social y que se realicen inspecciones conjuntas, con el objetivo de dar un mayor impulso a la lucha contra el fraude.

Otra de las propuestas para simplificar la relación entre Hacienda y los ciudadanos es la creación de un sistema por el cual el contribuyente y la empresa proporcionen toda su información a la Agencia Tributaria y que sea ésta la que elabore las liquidaciones correspondientes de cualquiera de los impuestos, ya sean locales, autonómicos o estatales.

Se avanzaría así en la sustitución del sistema de autoliquidación, que ha demostrado un elevado nivel de dificultad y diferencias de interpretación, incluso dentro de la propia Administración. Se podrían diseñar plantillas electrónicas que permitieran por parte de la Administración la elaboración de las liquidaciones de forma automática, simplemente con la información disponible en sus archivos.

El capítulo fiscal se completa con tres propuestas que se considera que pueden afectar de una manera determinante al crecimiento empresarial. En primer lugar, la rebaja de las cotizaciones sociales por parte de las empresas, que se encuentran actualmente entre las más altas de Europa si se mide en porcentaje de la recaudación nacional, y que suponen una barrera de entrada al mercado laboral por el encarecimiento de las contrataciones.

En segundo lugar, la creación de una cuenta única con la Administración Tributaria, en la que se compensen las deudas fiscales de las empresas con las devoluciones que se les deben hacer, de manera que se reduzcan los actuales problemas de tesorería que están sufriendo muchas compañías.

Y por último, la eliminación de aquellos tributos que suponen una barrera al inicio de nuevas actividades económicas, como las licencias municipales, tasas, Actos Jurídicos Documentados, etc. Algo que, en opinión del IEF no tiene una lógica económica y perjudica la competitividad de los emprendedores.

También hay un capítulo concreto dedicado a la financiación, uno de los elementos considerados clave para potenciar la creación, desarrollo y expansión de las empresas, especialmente de las de pequeño y mediano tamaño, así como para impulsar iniciativas que igualmente tienen impacto en su competitividad y crecimiento, como es la inversión en I+D+i o la internacionalización.

En este sentido, el informe señala como prioritario fomentar el ahorro y el patrimonio, ya que constituyen la principal fuente de financiación de los emprendedores y de muchas otras empresas. Para ello se plantea mejorar las condiciones fiscales de la financiación vía equity, actualmente menos favorables que las de la financiación vía crédito.

También esta semana el Círculo de Empresarios ha presentado otro informe que también persigue estimular el crecimiento de las empresas y eliminar los obstáculos a ese crecimiento. El Top 50 lista las empresas que han sido capaces de batir a su sector en base a los criterios de productividad (ventas/empleado), margen operativo (EBIT/ventas) y rentabilidad económica (Beneficio Neto/Activo total) en el período 2010-2014, y tiene en cuenta la tasa de crecimiento acumulada de estos ratios.

El estudio analiza empresas con facturación mínima de 50M€ y plantilla entre 50 y 249 empleados. Algunas de las conclusiones que ofrece este otro informe es que 25 agrupaciones sectoriales distintas componen este muestreo lo que enseña que estas recetas son aplicables a cualquier producto o servicio. Cataluña, Valencia y Murcia son las regiones en las que se ve mayor concentración de estas empresas virtuosas pero las hay por todo el territorio.

Entre 2010 y 2014, las empresas del Top 50 han experimentado un crecimiento acumulado de las ventas de un 37%, muy por encima del 2% que corresponde al conjunto de empresas medianas. Asimismo aumentaron la productividad, medida como cifra de negocios por empleado, en un entorno de creación de empleo.  El conjunto de las empresas del Top 50 alcanzó los 5.800 millones de euros de facturación en 2014.

Cuanto más internacionalizadas están las empresas mayor calidad y estabilidad de trabajo ofrecen a sus empleados que es uno de los problemas mas acuciantes en la actual sociedad española, coinciden tanto el Círculo como el IEF en destacar.