Ombuds comunica un ERE para casi 200 vigilantes de prisiones ante la inacción de Marlaska

El administrador concursal de Ombuds Compañía de Seguridad S.A., la empresa de seguridad privada que fue a concurso de acreedores el 29 de julio del año pasado dejando a miles de empleados en la estacada, solicita al juez que inicie la tramitación de un expediente de regulación de empleo para «extinguir la totalidad de los contratos de trabajo adscritos al servicio de apoyo a la seguridad de los centros penitenciarios del Ministerio del Interior».

Cuando comunicó su concurso, Ombuds era la tercera empresa de seguridad privada de España -tras Prosegur y Securitas- y empleaba a casi 10.000 personas. Estaba dirigida por el empresario Rodrigo Cortina.

Tal y como ha dicho el administrador concursal, «estando próxima la fecha de finalización de la suspensión, y ante la falta de adjudicación del servicio a otra empresa en el periodo marcado, nos vemos en la obligación de iniciar un expediente extintivo».

Este periódico se puso en contacto con fuentes oficiales del Ministerio del Interior, que han asegurado que trabajan para volver a presentar un pliego de condiciones para que otra empresa de seguridad privada se quede con los trabajadores. Desde la cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska se ha asegurado que se trabaja en ello y que se presentará «en tiempo y forma». Sin embargo, ni el administrador concursal ni el sindicato CCOO consideran que esto esté ocurriendo, pues apenas queda tiempo para que este pliego de condiciones se publique y tramite, pues los despidos se producirán el 31 de enero sí o sí y las Navidades están por medio, lo cual dificulta las cosas.

La deuda

El problema de que no se pueda adjudicar, además de la falta de iniciativa del Ministerio de Marlaska, es la enorme deuda con la Seguridad Social que Ombuds dejó sin pagar, y que tendría que ser asumida por el nuevo contratante. Por eso, aseguran, Interior debería de hacer una oferta muy buena por los contratos de prisiones que por el momento no se está produciendo.

Por ello, fuentes conocedoras de la situación consideran que lo más probable es que Interior presente un pliego de oferta que no sea atractivo para las empresas, y que dada la enorme deuda que acarrean las cotizaciones de esos empleados, acabe sin ninguna oferta y con la consiguiente extinción de los empleos.

Estos trabajadores de seguridad privada son en su mayoría ex escoltas provinientes del País Vasco y Navarra en la época en que ETA estaba activa, asesinando y amenazando a parte de la sociedad. Tras el fin de la violencia, muchos de estos escoltas se recolocaron en las cárceles.

Desde diciembre del año pasado, Ombuds está tramitando su ERE de extinción para la mayoría de sus servicios, aunque los contratos más rentables han conseguido subrogarse a otras empresas, como por ejemplo Metro de Madrid, con las líneas 7 y 9, que adquirió la empresa Segurisa.

Sin embargo, muchos otros servicios no han sido adjudicados ni tampoco han sido despedidos todavía, ya que se encontraban en una suspensión temporal de empleo y dependiendo del Ministerio de Interior. Se trata de 184 trabajadores de seguridad privada que prestaban servicios de asistencia complementaria a los funcionarios en cárceles de Castilla-La Mancha, Madrid, Álava y Extremadura. En total casi 200 trabajadores que, pese a estar contratados por la empresa de seguridad privada, ahora en liquidación, dependían completamente del Ministerio del Interior, que era el responsable de sacar un nuevo pliego de licitación para adjudicar ese servicio a otra empresa.

El despido de los empleados era inminente dado que en los acuerdos alcanzados con el juzgado mercantil, se había marcado como fecha límite para terminar con el ERTE en prisiones el 31 de enero

El despido de estos empleados era inminente, según los trabajadores, dado que en los acuerdos alcanzados con el juzgado de lo mercantil 13 de Madrid, el año pasado, el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para los empleados de prisiones tiene como fecha máxima el 31 de enero de 2021. Dado que apenas quedan dos meses para esta fecha, y que un procedimiento de ERE tiene unos plazos temporales que hay que cumplir de acuerdo a la ley, la administración concursal del bufete Baker Tilly ha tenido que iniciar ya el proceso de despidos.

Periodo de consultas

El administrador concursal de Ombuds señala en un comunicado al que ha tenido acceso OKDIARIO, y realizado este mismo miércoles, que se insta a los representantes de los trabajadores a que «en el plazo máximo de quince días se constituya la comisión representativa de los trabajadores de la empresa a fin de iniciar el período de consultas correspondiente que podrá estar integrada por un máximo de 13 miembros en representación de cada
una de las partes».

Todo ello, aseguran, tiene en cuenta que «en los próximos días la administración concursal incoará de la Juez del concurso la tramitación del procedimiento tendente a la finalización de los contratos».

De este modo, se prevé que la primera reunión de inicio formal del periodo de consultas se inicie el día 18 de diciembre de 2020 o con anterioridad.

Intento de reflotar

El administrador concursal, junto con el juez mercantil que lleva el caso de Ombuds, han intentado por todos los medios permitir que la empresa obtuviera liquidez para poder sobrevivir a la situación que la llevó al concurso de acreedores, una liquidez que le impidió pagar los sueldos en junio del año pasado. Sin embargo, tal y como asegura el administrador Ferran Zaragoza, ha sido imposible.