Al ministro Nadal se le acumulan los frentes abiertos en el sector energético

A Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, se le acumulan los frentes abiertos en el sector energético. Ya no sólo tiene en pie de guerra a las eléctricas por el llamado ‘bono social’ o su inflexibilidad con el cierre del carbón, ahora también se enfrenta a una investigación puesta en marcha por Bruselas sobre el régimen de ayudas de España a las centrales térmicas. En total, desde 2007 se han concedido más de 440 millones de euros a 14 plantas para la reducción de emisiones contaminantes.

“La política energética la hace el Gobierno, no las empresas”, ha declarado este mismo lunes el ministro en una entrevista. Nadal tiene descontento a todo el sector de la energía y no para de acumular frentes abiertos a los que tarde o temprano tendrá que enfrentarse. Hace apenas dos semanas Iberdrola ha solicitado al Gobierno permiso para el cierre de sus centrales térmicas en Velilla (Palencia) y Lada (Asturias) alegando falta de rentabilidad.

La respuesta de Nadal a dicha petición de la compañía cotizada fue en forma de real decreto con el que pretende endurecer las condiciones para permitir el cierre del carbón. El ministro alega que sacar el carbón del mix energético aumentaría el precio de la factura de la luz. Ante la postura del Ejecutivo, la compañía de Ignacio Sánchez Galán prevé separar los activos de renovables y los de generación térmica en dos sociedades distintas.

Europa investiga las ayudas de España al carbón

La Comisión Europea ha abierto una investigación en profundidad sobre el régimen de ayudas de España a centrales de carbón por reducir emisiones contaminantes. Desde 2007 se han acogido a este esquema un total de catorce centrales, que han recibido más de 440 millones de euros en concepto de ayudas públicas. El plan prevé que se sigan realizando pagos hasta 2020.

El Ejecutivo comunitario sospecha que los límites de emisión impuestos a los beneficiarios del régimen simplemente dieran cumplimiento a las normas obligatorias de la UE en materia medioambiental aplicables entonces a las centrales de carbón. De ser así, añade Bruselas, significaría que el régimen «no habría tenido, en realidad, ningún efecto incentivador».

Las eléctricas en pie de guerra por el ‘bono social’

Las grandes compañías eléctricas están molestas con el Gobierno porque les obliga a controlar a los usuarios del bono social. El Ministerio de Energía lanzó la semana pasada la aplicación que permite a las eléctricas comprobar que los solicitantes de este bono cumplen con los requisitos para considerarse consumidores vulnerables.

Las comercializadoras, según confirman a OKDIARIO fuentes del sector, creen que se trata de una dejación de funciones por parte del Ejecutivo y que tendrá un coste para ellas porque deberán crear nuevos equipos específicos para llevar a cabo las comprobaciones.

El Supremo admite a trámite un nuevo recurso

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por Viesgo contra el real decreto que establece el nuevo bono social eléctrico, que fue aprobado el pasado mes de octubre por el Gobierno.

Dicho recurso se dirige contra el esquema de financiación del nuevo ‘bono social eléctrico’, que sigue reconociendo la obligación de contribuir a las empresas comercializadoras, cuando debería correr a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o de otras partidas, dado que se trata de una política social contra la pobreza.