Cierre forzoso

Meliá abre la puerta a demandas millonarias al Gobierno por el estado de alarma inconstitucional

meliá hoteles
Gabriel Escarrer, fundador de Meliá Hotels International.

Meliá Hoteles ha abierto la puerta a que las grandes hoteleras españolas demanden al Estado por el cierre forzoso de su actividad en el primer estado de alarma de 2020, declarado inconstitucional como es sabido. Unas demandas pueden costarnos cientos de millones a los españoles por la actuación del Gobierno, que ahora además se ha negado a responder a la hotelera de la familia Escarrer en la vía administrativa.

Meliá, junto a otras sociedades propietarias de hoteles en gestión, alquiler o franquicia de su marca, presentó en marzo del año pasado una reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial de la administración en la que solicitaba una indemnización de 116 millones por la obligación de cerrar todos sus establecimientos entre el 26 de marzo y el 21 de junio de 2020. NH Hoteles se sumó a esta iniciativa días después con una solicitud superior a 100 millones, así como varios propietarios de hoteles de la marca Barceló.

El Gobierno de Pedro Sánchez envió informes denegatorios desde los Ministerios de Presidencia y Sanidad, que fueron recurridos por Meliá. El ejecutivo no ha respondido a estos recursos en un plazo de seis meses, por lo que la hotelera balear entiende que se ha producido un silencio administrativo negativo, según el periódico La Información. Lo cual le permite  iniciar las acciones judiciales ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.

La declaración de inconstitucionalidad del primer estado de alarma (posteriormente, el Tribunal Constitucional dictaminó lo mismo del segundo) refuerza los argumentos de la reclamación de Meliá, al igual que anuló las multas impuestas en ese período. No obstante, el tribunal en su sentencia no dio carta blanca a reclamaciones patrimoniales al Estado: «Al tratarse de medidas que los ciudadanos tenían el deber jurídico de soportar, la inconstitucionalidad apreciada en esta sentencia no será por sí misma título para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas».

En todo caso, Meliá entiende que el perjuicio sufrido por el confinamiento adoptado por el Gobierno sin suficiente cobertura legal para ello (debería haber aprobado un estado de excepción y no de alarma, según el Constitucional) es suficiente motivo para obtener la compensación que ahora va a reclamar ante los tribunales.

Una vía que puede costar miles de millones a los españoles

Lo más grave es que otros pueden seguir su ejemplo. Aparte del mencionado NH, otras grandes hoteleras españolas como Barceló, RiuIberostar también pueden optar por la vía abierta por Meliá. La patronal hotelera (CEHAT) asegura que no hay una postura unitaria en el sector y que cada cadena tomará su decisión sobre la vía a seguir.

Y la cosa puede ir mucho más lejos si cientos de miles de establecimientos de hostelería, bares y restaurantes también optan por las demandas. Un movimiento así puede costar al erario público miles de millones de euros.

Más difícil es que vayan por esta vía las cadenas hoteleras medianas, puesto que muchas de ellas han pedido el rescate al fondo de la SEPI (las más grandes) o al de pymes que gestiona Cofides. Entre las primeras, ya han recibido ayudas Avoris, Hotusa y Soho, y están pendientes de aprobación por el atasco de la SEPI las de Hesperia, Room Mates, Senator, Selenta, Abades, Juliá Hotelatelier.

En el lado positivo, los valores relacionados con el turismo han vivido el mejor arranque de año en Bolsa de la historia, porque los inversores confían en el próximo fin de la pandemia después de ómicron y en que en 2022 se retome la normalidad en los viajes y las vacaciones.

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