Mazazo de Fedea al impuesto a la banca que supone «una multa»: «Cómo no hacer una reforma fiscal»

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) da un mazazo al impuesto a la banca del Gobierno de Sánchez y carga contra él en su último informe: «Es más bien una multa». El título del documento no podía ser más severo: El nuevo impuesto sobre los márgenes bancarios, o cómo no hacer una reforma fiscal. La organización duda, en él, que la medida sea constitucional y asegura que es «ideológica» y que responde a que el sector no goza de la simpatía del Ejecutivo.

La fundación que dirige Ángel de la Fuente ha asegurado que la «vía poco ortodoxa» utilizada en el proceso de tramitación se ha diseñado específicamente para evitar la necesidad de obtener informes preceptivos tanto de los ministerios competentes como de otros órganos consultivos, como el Consejo de Estado.

En su opinión de Ángel de la Fuente, estos informes «difícilmente podrían evitar plantear objeciones de calado a una propuesta de más que dudosa constitucionalidad». «Existen múltiples cuestiones que habría que valorar con cuidado y que seguramente desaconsejan la adopción de un impuesto como el propuesto», afirma.

Así, Fedea critica que el impuesto se haya establecido con la excusa de los altos beneficios causados por la época de tipos de interés elevados: «Abandonada la excusa de los supuestos beneficios extraordinarios, que difícilmente podrían justificar un impuesto permanente, entre ellas están los efectos del tributo sobre la disponibilidad de crédito, sobre la competitividad del sector bancario y sobre la obra social de las herederas de las antiguas cajas de ahorro».

Mazazo de Fedea al Gobierno

«El impuesto a la banca tiene difícil encaje tanto con la Constitución como con la Ley General Tributaria», sentencia Fedea.

De esta forma, Fedea da un mazazo al Gobierno de Sánchez:»Pero antes siquiera de entrar a analizar estas cuestiones, la propuesta plantea problemas de principio muy serios. (…) Un impuesto ad hoc sobre un sector determinado que, además, recae sobre un indicador de ingresos brutos en lugar de los beneficios, ya gravados por otro impuesto general, tiene difícil encaje tanto con la Constitución como con la Ley General Tributaria por su cuestionable relación con la capacidad económica, su falta de generalidad y el riesgo de doble imposición, y podría incumplir también otros principios constitucionales básicos, incluyendo el de igualdad y la interdicción de arbitrariedad».

Por ello, Fedea considera que el impuesto a la banca de Sánchez «es más bien una multa a un sector que resulta antipático a la mayoría gubernamental por razones ideológicas que un impuesto propio de un Estado de derecho». «La creación de una figura así no contribuye precisamente a reforzar la seguridad jurídica, desincentivando, por tanto, la inversión doméstica y extranjera y el crecimiento económico», sentencia la fundación.

«Y esta forma de legislar, imponiendo cargas a dedo a determinados actores en base a prejuicios ideológicos y en función de su poder relativo de negociación, no es la mejor forma de avanzar hacia la reforma fiscal profunda y bien pensada que el país necesita», asegura. Además, Fedea pide que el Ejecutivo entre en razón: «Estamos a tiempo de rectificar».

Por tanto, el think tank también ha advertido que el nuevo gravamen afectará negativamente la disponibilidad de crédito, reducirá la competitividad en el sector bancario y limitará los recursos destinados a la obra social de las entidades que son herederas de las antiguas cajas de ahorros.

En particular, la parte progresiva del impuesto, que empieza en un 1% y puede llegar hasta un 6% según tramos, ha sido criticada por Fedea por su potencial de desincentivar el crecimiento empresarial y reducir la eficiencia de las compañías. «Un buen punto de partida podría ser el reciente Libro Blanco sobre la reforma tributaria, que duerme el sueño de los justos en algún cajón del Ministerio de Hacienda», explica la organización.