La izquierda reclama el control público de Red Eléctrica ignorando que ya «corresponde al Estado»

Los socios del PSOE (Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y el BNG) se han unido en el Congreso para pedir al Gobierno que se haga con el control total de Red Eléctrica. Una reivindicación que resulta cuanto menos llamativa, teniendo en cuenta que el BOE, con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico ya establece que el control de las actividades destinadas al suministro de electricidad corresponde al Estado.

A eso habría que sumar el hecho de que, a pesar de controlar el 20% del accionariado de Redeia (Red Eléctrica), la propia ley ya define que no podrá regirse por interés privado, en tanto que el Ejecutivo puede tomar decisiones para velar por el interés general. Es decir, solicitan controlar el 100% de la compañía (con su consiguiente gasto e inversión) cuando, de facto, ya la controla el Estado.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que comparecía en la Cámara Baja para rendir cuentas sobre el apagón y el aumento del gasto en defensa, tareas que le han quedado pendientes, ha recibido la reivindicación por parte de sus socios de asumir el 100% de la compañía eléctrica española y de intervenir el sector energético para garantizar el suministro y evitar apagones como el ocurrido el pasado 28 de abril en la península ibérica.

Sin embargo, como ya mencionamos más arriba, la Ley del Sector Eléctrico establece que «corresponde al Gobierno y a las Administraciones Públicas la regulación y el control de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica. Además, el operador del mercado y el operador del sistema tendrán las funciones que expresamente se le atribuyan» desde el Estado.

De hecho, la presidenta de Redeia (Red Eléctrica) y ex ministra de vivienda del PSOE, Beatriz Corredor, fue elegida a dedo por Moncloa por su relación con el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y no posee titulación alguna que le haga competente en materia energética, pues toda su trayectoria es en el sector inmobiliario. Una prueba más del control que ejerce el Ejecutivo.

Redeia ya está controlada en su totalidad por el Gobierno y el sector energético está intervenido, entonces, ¿qué está reivindicando la izquierda? Cada uno de los portavoces de los socios del PSOE ha hecho una intervención en el congreso para manifestar sus exigencias. No obstante, todas ellas podrían resumirse en la idea de que el Gobierno debería hacerse con el control de Redeia, algo que ya se da, y en una acusación a las energéticas privadas de formar un oligopolio, ser responsables del apagón y beneficiarse a costa de la gente.

En concreto, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha exigido que se «recupere la Red Eléctrica para lo público» y que sus dividendos se reinviertan en mejorar las infraestructuras de la red, para asegurar que no se produzca otro apagón, a pesar de que las causas del apagón aún no se han esclarecido.

A su vez, ha argumentado que la energía nuclear no es la solución ante el apagón, en contraposición a lo que sostienen PP y Vox, porque «ni es sostenible ni segura». Si bien es mucho más segura que otras energías como la hidráulica, lo cierto es que el balance de muertes que puede causar cada tipo de energía está cuantificado en términos estadísticos. La energía hidroeléctrica deja 1,3 fallecimientos por TWh, mientras que la energía nuclear deja 0,03 por TWh (incluyendo Chernóbil y Fukushima), según Our World in Data.

«El retardismo climático es un error mayúsculo, igual que lo es pensar que estamos abocados al colapso», ha desgranado. Sin embargo, sigue sin explicar cómo garantizarían el suministro sin nucleares mientras se oponen también a nuevos ciclos combinados o infraestructuras gasistas. La capacidad de garantizar la energía dependería del agua y las centrales hidroeléctricas, y no cuenta España con suficiente capacidad para ello.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha indicado que el coste que supondría para el Estado hacerse con el 100% de Red Eléctrica ronda los 8.000 millones y ha llegado a plantear aplicar el artículo 128 de la Constitución para intervenir el sector eléctrico. Sorprende oír a ERC invocar la Constitución para nacionalizar, cuando no hace mucho la deslegitimaban en bloque.

Además, Rufián ha indicado que si el sistema eléctrico hubiera dependido exclusivamente de las nucleares, el apagón hubiera durado como mínimo 30 horas, aunque no ha aportado datos que respalden esa afirmación. Es de entender que se refiere al retraso que sufren estas centrales para levantarse o para reaccionar, pero lo cierto es que la inercia (capacidad de adaptación de la generación de energía en función de la demanda) habría permitido que no hubiera apagón.

«En definitiva, que una vez más, lo privado imperó sobre lo público», ha apostillado. Aunque ERC no ha dudado en pactar con Junts presupuestos catalanes que para favorecer la colaboración público-privada en ciertos sectores estratégicos, como el caso del proyecto Catalunya Media City.

El control de Red Eléctrica

Por su parte, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, se ha desmarcado de la propuesta de nacionalizar Redeia porque lo ve como «populismo» y una idea que los partidos de izquierda aprovechan para sugerir cuando hay algún problema dentro de la industria energética. «Lo público per se no es sinónimo de eficiencia», ha señalado.

Igualmente, Vaquero ha indicado que el debate sobre renovables o nucleares no es la cuestión central, sino que es algo que «solo genera ruido» y no aporta ninguna solución real a lo ocurrido el pasado 28 de abril.

Finalmente, en representación de Junts, Miriam Nogueras ha reprochado al Gobierno su defensa de las renovables, puesto que, actualmente, mantiene un impuesto sobre el valor de la producción eléctrica que pagan todos los generadores de electricidad del país, se utilice o no la energía que puedan generar. España es el único país de la Unión Europea que penaliza a las energías limpias.