Los inversores creen que la marcha de Ferrovial exige a Sánchez rectificar «sus malas políticas»

Los inversores creen que la marcha de Ferrovial es una seria advertencia al presidente Sánchez sobre las «malas políticas aplicadas por este Gobierno» a lo largo de la legislatura, y «un serio aviso a navegantes que sienta un precedente que no conviene minusvalorar en caso de que no haya una rectificación de la estrategia seguida hasta la fecha o de que el actual jefe del Ejecutivo pueda seguir en La Moncloa, después de las próximas elecciones generales con los mismos aliados que lo han venido sosteniendo hasta el momento y persevere en la actual estrategia».

La mayoría de los fondos de inversión consultados por OKDIARIO, que prefieren guardar el anonimato, no oculta su satisfacción por el cambio de sede de Ferrovial, y no precisamente por falta de patriotismo. Creen que es el primer acto concreto que demuestra a todos los efectos las carencias de España para que las grandes multinacionales puedan aumentar su dimensión y ampliar su negocio, así como una sanción en toda regla a la brutal presión del Gobierno para impedir a toda costa la decisión de la compañía presidida por Rafael del Pino.

También consideran que el movimiento de Ferrovial es una suerte de compendio del hartazgo del mundo de los negocios hacia unos dirigentes que han socavado la imagen social del empresario, que es despreciado -cuando no denostado- por el poder público con acusaciones incluso nominales en cuanto algún ejecutivo o presidente de una compañía muestra alguna clase de desacuerdo con decisiones adoptadas por el Gobierno. Igualmente, son de la opinión de que se ha creado a lo largo de todo este tiempo un clima hostil para las empresas y los inversores, que a pesar de que ya soportaban una carga fiscal muy elevada y poco competitiva en relación con los estados más pujantes de la Unión Europea, han visto cómo se establecían nuevos impuestos sobre la banca y las eléctricas, muy polémicos desde el punto de vista legal -de hecho todos ellos recurridos-, así como sobre las llamadas grandes fortunas -que castigará igualmente a los ejecutivos más valiosos del país o a los extranjeros ya instalados aquí-.

Los inversores están también muy preocupados por las cifras que ofrece la ejecutoria del Gabinete, que no ha dejado de aumentar exponencialmente el gasto desde que llegó al poder, que ha conducido al país a una deuda pública del 113% del PIB -una de las más altas de la UE y que será mucho más difícil de financiar durante este nuevo periodo de altos tipos de interés instaurado por el Banco Central Europeo, al tiempo que su decisión de ir reduciendo el programa de compra de bonos públicos que hasta la fecha ha venido favoreciendo la necesidad de liquidez del Tesoro-. También destacan en demérito del Ejecutivo que, de acuerdo con el último informe de perspectivas del Fondo Monetario Internacional, la tasa de paro se vaya a mantener por encima del 12% hasta 2028 como muy pronto.

Durante estos últimos cuatro años, «se ha engordado el Estado de bienestar hasta límites poco tolerables, se han multiplicado los subsidios y ayudas de toda clase y al mismo tiempo hay una falta alarmante de mano de obra debido a desincentivos de todo tipo que invitan a la gente a permanecer inactiva a cargo del dinero público, cuando no a incurrir en la economía sumergida», indican los citados medios. «Es una pena, porque la mayoría de los inversores internacionales, si dejamos de lado la actuación del Gobierno, considera que España reúne unas condiciones muy propicias para la localización de negocios y de iniciativas de todo tipo: un clima excepcional y unas infraestructuras extraordinarias. Pero esto, que es muy importante, no va acompañado por el ambiente político y social, que es hostil para el mundo de los negocios», inciden las fuentes consultadas.

Con motivo de la decisión de Ferrovial de cambiar de sede, fuentes de los mercados consultadas por OKDIARIO ya consideraron que la respuesta del Ejecutivo fue más propia del «más puro matonismo», y se mostraban realmente sorprendidos de que fuera la vicepresidenta Calviño -considerada hasta hace poco como una cierta garantía para las empresas- la que liderase los ataques a la multinacional española. Primero diciendo que era una decisión absolutamente equivocada, después sugiriendo que era antipatriótica -«Ferrovial se lo debe todo a España»-, más tarde amenazando a la compañía con una investigación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para dilucidar si los argumentos aportados por la empresa de  Rafael del Pino para motivar el cambio de sede respondían a la realidad, y finalmente amenazando a la compañía con restringir con ella la contratación de obra pública.

Según los citados medios, todas estás acusaciones han estado fuera de lugar porque las leyes de la Unión Europea consagran la libertad de establecimiento y además prohíben la toma de represalias por parte de los Gobiernos contra una empresa que, a pesar de haber cambiado de residencia, siga operando en el país de origen, ya que conserva el mismo derecho que las demás a participar de los concursos públicos.