Incendio en la Agencia Tributaria: las jubilaciones masivas ponen en riesgo la lucha contra el fraude

Un incendio se ha declarado en la Agencia Tributaria, el organismo responsable de asegurar los ingresos fiscales del país para que el Gobierno pueda desplegar su generosa política de gasto. El 25% de la plantilla se jubilará entre este año y 2027 sin que María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, haya previsto el reemplazo de las vacantes, que además implican a los profesionales más cualificados y experimentados. La consecuencia de esta falta de actitud, que nada entre la pasividad y la desidia, es que «se pone en riesgo la lucha contra el fraude fiscal, el objetivo con el que se llena la boca el Gobierno», según los medios consultados por OKDIARIO.

Hace ya siete años que no se cubren los puestos que han ido dejando libres no sólo las jubilaciones entonces incipientes sino la marcha voluntaria de los cuerpos más especializados a las empresas del Ibex o a las principales consultoras españolas, pero el problema se va a intensificar a partir de 2022, cuando muchos de los funcionarios cumplen o están progresivamente a punto de cumplir los 65 años. En 2008, la Agencia Tributaria tenía una plantilla de 28.000 efectivos, de ellos 2.000 inspectores fiscales, sobre los que recae el mayor peso específico de la organización. En la actualidad, este número se ha reducido a 25.000 y la tendencia se agudizará dramáticamente si no se ha habilita una fórmula para ponerle un remedio drástico. Está prevista la jubilación de 300 inspectores a corto plazo.

La tarea pendiente se presenta, sin embargo, muy complicada. Desde la pandemia, las oposiciones a la inspección fiscal han desaparecido en la práctica,»y esta es una circunstancia muy grave, porque los aspirantes tardan de media no menos de tres años en aprobar el examen de ingreso», explican los mismos medios. Entre las opciones encima de la mesa para salir del atolladero está la de reducir el nivel de exigencia para el acceso, rebajando el corte de las notas para el aprobado -una práctica similar a la que ya se ha puesto en marcha en el sistema educativo desde que el presidente Sánchez aprobó una nueva ley- o acelerar la promoción interna de los funcionarios de todos los niveles también por la vía de relajar los requisitos, lo que desembocaría en un deterioro de la calidad del servicio, un aumento de la litigiosidad de los contribuyentes y una pérdida flagrante de eficacia en la lucha contra el fraude fiscal.

Aunque los intereses de los inspectores fiscales y de los sindicatos representativos de la Agencia Tributaria han chocado tradicionalmente, la semana pasada, y por primera vez desde la creación del organismo en 1992, los inspectores se sumaron al conflicto desatado por la mayoría de las centrales firmando una declaración en la que se denuncia el incumplimiento de los compromisos adquiridos para el desarrollo de la carrera profesional y administrativa de los trabajadores,»que está poniendo en peligro la consecución de los objetivos asignados en la lucha contra el fraude fiscal y aduanero».

Tanto los inspectores como los sindicatos están igualmente en contra de los puestos de libre designación para ocupaciones que tienen un carácter eminentemente técnico, y reclaman una oferta de empleo público plurianual que garantice llegar a los 30.000 efectivos a finales de 2028. La libre designación entraña el problema potencial de que se instale el amiguismo en la selección del personal directivo, la discrecionalidad en el resultado final de los expedientes tramitados y el riesgo claro de politización de los altos funcionarios del Estado, pero también de aquellos que promocionen a un escalón superior.

La situación de guerra abierta en la Agencia Tributaria es tal que CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha interpuesto un conflicto contra la Agencia Tributaria «porque mantiene bloqueada la negociación de diferentes asuntos en materia de condiciones laborales, como la actualización de retribuciones, carrera profesional o movilidad». El sindicato advierte de que llevará a cabo movilizaciones si no se atienden las reivindicaciones, según evolucione la negociación en la Mesa Negociadora del Conflicto.

Según publicó OKDIARIO el pasado 10 de octubre, los nuevos planes de acceso al funcionariado que diseña la ministra Montero, responsable de Administraciones Públicas además de Hacienda, han hecho saltar todas las alarmas no sólo entre los inspectores tributarios sino también entre los abogados y los ingenieros del Estado. La intención tácita del Gobierno es reducir sensiblemente el nivel de los conocimientos exigidos tanto para la promoción interna como para los que aspiran a ocupar una plaza en el turno libre, al que optan los licenciados en general.

Estas nuevas ideas se concretan en la supresión de los exámenes orales y su sustitución por unas pruebas tipo test, que deberían ser complementadas con entrevistas personales así como con la evaluación de méritos y de actitudes a cargo del superior jerárquico -sobre todo en los casos de la promoción interna-, lo que representa una bomba de relojería que daría paso «a la completa discrecionalidad, arbitrariedad» y finalmente a la politización del acceso a los altos cuerpos, en opinión de Julio Ransés, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.