IFM afirma que su interés en Naturgy es de permanencia «a perpetuidad» ante las dudas del Gobierno

El gestor australiano de fondos IFM Investors ha defendido este jueves su oferta por Naturgy ante las declaraciones de varios miembros del Gobierno que anticipan un posible veto a la operación para defender la españolidad de la energética. IFM ha asegurado que su compromiso de permanencia en Naturgy es «a perpetuidad» y que su intención es acompañar a la empresa que preside Francisco Reynés en el crecimiento de la energética.

Las inversiones de este gestor de fondos, como demuestra su cartera de participadas, suelen ser a largo plazo, «a décadas», según han indicado fuentes cercanas a la entidad a EP.

Las mismas fuentes subrayan que la oferta para hacerse con hasta el 22,69% del capital social de Naturgy, con un mínimo de aceptación del 17%, a 23 euros por título, le daría sólo una participación minoritaria de la compañía. No renunciaría a entrar en el consejo pero, de nuevo, al ser una participación minoritaria, no tendría «ningún tipo de control» sobre las decisiones de la empresa.

Además, destacan que su filosofía «es muy continuista» con los planes marcados para la compañía con el actual equipo directivo, que ha sido «uno de los principales motivos» de la inversión. También han alabado la gestión realizada al frente de la empresa hasta ahora por Reynés.

IFM ha asegurado que su compromiso de permanencia en Naturgy es «a perpetuidad» y que su intención es acompañar a la empresa que preside Francisco Reynés en el crecimiento de la energética

De momento, IFM no ha presentado la solicitud pertinente al Gobierno para que éste se pronuncie sobre la operación, paso previo en principio a que la CNMV apruebe o rechace la OPA. Sí ha señalado que ha iniciado los contactos con Industria para preguntar por los documentos que son necesarios para hacer la petición y avanzar en el proceso.

El gestor de fondos presentó el día 5 de febrero el folleto de la oferta al regulador de los mercados español pero, debido al coronavirus, necesita también el visto bueno del Gobierno para tomar una participación de una empresa estratégica. La CNMV tiene 20 días hábiles para pronunciarse, aunque este periodo se puede ampliar si pide más información a IFM.

El Ejecutivo ha mostrado hasta ahora en sus declaraciones públicas sus dudas sobre la operación. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha defendido la necesidad de mantener la españolidad de las empresas estratégicas y hasta el Banco de España se ha mostrado partidario, «dadas las circunstancias especiales» por la pandemia, de que el Gobierno vete la operación.

Dudas también en el mercado

Las dudas en el Gobierno no son las únicas. En el mercado también se desconfía de la operación debido a que junto a los fondos ya accionistas de Naturgy, CVC y GIP, sumarían más del 50% de la compañía y no se descarta que procedan a la venta a trozos de sus activos.

En un informe de Credit Suisse, asesor de IFM, que circula por el mercado se destaca precisamente que la venta por partes de los activos de Naturgy daría a sus accionistas plusvalías milmillonarias.

Además, el hecho de que IFM notificara sus intenciones a Reynes apenas tres días antes de que anunciara públicamente su oferta con todo lujo de detalles, no genera confianza

Además, el hecho de que IFM notificara sus intenciones a Reynes apenas tres días antes de que anunciara públicamente su oferta con todo lujo de detalles, no genera confianza. Como publicó este diario, los gestores australianos se reunieron con Reynés el viernes previo a la noticia, que se produjo el martes 26 de enero.

Tampoco estaba enterado de esta operación Isidre Fainé, responsable de Criteria, máximo accionista de Naturgy con casi un 25% del capital. De hecho, el consejo de la compañía ha calificado la oferta de «no solicitada» y tendrá que emitir en las próximas semanas su opinión sobre la oferta, como marca la ley.

En cualquier caso, es posible que no se llegue a esa situación si el Gobierno decide vetar la oferta. Naturgy es una de las pocas empresas que quedan en el país en el sector energético que tienen capital español. Endesa es propiedad del estado italiano a través de Enel, mientras el cuarto operador eléctrico del país es la francesa Total.

Parte del Gobierno considera que la españolidad de la compañía se mantendría simplemente con el hecho de obligar a que mantenga la sede en España, algo que choca con la realidad. Otra parte del Gobierno se inclina por vetar la operación y evitar que la primera empresa de gas nacional quede en manos extranjeras.