Sánchez equipa los centros de inmigrantes con muebles de alto standing para «mejorar su calidad de vida»

El Gobierno de Pedro Sánchez equipará los centros de acogida de inmigrantes con muebles de «alta calidad». El objetivo de esta medida es «mejorar su calidad de vida» durante la estancia en esas instalaciones de los extranjeros con petición de protección internacional o en situación irregular. «La red pública de centros de migraciones», según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, «es insuficiente para alcanzar los objetivos en materia de acogida». Por eso, aseguran que es necesaria «la construcción de nuevos centros, así como la reforma y adecuación de centros existentes».

La cartera de la socialista Elma Saiz ha licitado un contrato para los «suministros de mobiliario, lencería textil, equipamiento para cocina, comedor y lavandería para la dotación de los centros de acogida de migrantes gestionados por la SEM [Secretaría de Estado de Migraciones] financiados con PRTR [Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia]».

El ministerio justifica el gasto de 2,5 millones de euros en la «mejora de la calidad de vida en los centros, mediante mobiliario funcional, seguro, ergonómico y fácil de mantener». Entre ellas, se encuentran elementos como literas o sillas «de alta calidad».

El contrato, según rezan los pliegos técnicos, tiene por objeto la «adquisición de distintos bienes destinados al equipamiento de los centros de acogida a migrantes dependientes de la SEM perteneciente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ubicados en distintos lugares del territorio español: Península, Islas Canarias, Ceuta y Melilla».

Desde Inclusión ponen el acento en que «en los últimos años se ha incrementado de manera significativa el flujo de llegadas a nuestras costas y fronteras de solicitantes de protección internacional». Todo ello, como indican desde el Ejecutivo, ha provocado «una enorme presión sobre el sistema de acogida».

«El Estado tiene el deber de atender a todos los solicitantes de protección internacional, así como de prestar atención humanitaria a todas las personas inmigrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad», argumentan desde el ministerio. Todo ello debido a «la carencia de apoyos sociales, familiares y medios económicos» de las personas que llegan a las costas españolas o que forman parte de «asentamientos que comporten graves riesgos sociales y sanitarios y precisen de programas de actuación inmediata para su subsanación».

«Es necesario ajustar la capacidad de acogida al tamaño actual de la demanda», concluyen desde el ministerio de Elma Saiz. Estas mejoras se harán a un nivel cualitativo, es decir, con la mejora de los centros ya existentes, y a un nivel cuantitativo, en otras palabras, con la creación de nuevas instalaciones para dar cobijo a las nuevas llegadas.

Gastos «de emergencia» por las llegadas

En los últimos meses, el Gobierno tuvo que suscribir varias licitaciones a través de diferentes contratos declarados como «de emergencia» desde mediados de 2025 para asegurar una atención adecuada a la cantidad de extranjeros que llegan por mar a las Islas Canarias. En total, la Secretaría de Estado de Seguridad ha declarado un gasto cercano a los 4 millones de euros para levantar Centros modulares de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para los inmigrantes que lleguen a las Islas Canarias.

No es el único gasto al que el Ejecutivo socialista ha tenido que recurrir de urgencia para solucionar la llegada masiva de inmigrantes a las costas españolas. El pasado verano, el Gobierno anunció una «modificación de los límites para programas de atención humanitaria y centros de acogida» de inmigrantes para sufragar los programas de atención humanitaria y «el normal funcionamiento de los centros de acogida» ante la crisis migratoria en las costas españolas. El Ejecutivo socialista reconoce que el gasto se «incrementa en 381.444.795 euros respecto al inicialmente previsto» y, entre otras cosas, se destinarán a que estos centros tengan «seguridad y vigilancia» así como el mantenimiento de los mismos.

El objetivo era «mantener abiertas las 53.500 plazas actualmente en funcionamiento hasta fin del periodo» e «incrementar los servicios de traslados incluidos dentro del programa de atención humanitaria que sirven para sufragar el coste de trasladar a las personas desde Canarias a la Península y reforzar el servicio de atención en costas que incluye todas las actividades de primera atención en la llegada a España».