La intrahistoria de la operación

El fondo australiano IFM avisó a Naturgy de sus intenciones sólo tres días antes de anunciar la OPA

Gas Natural
El presidente de Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, junto con el CEO de Naturgy, Francisco Reynés. (Foto: EFE)
Carlos Ribagorda

El gestor de fondos australiano IFM Investors comunicó al consejero delegado de Naturgy, Francisco Reynés, su intención de entrar en el capital de la compañía el viernes 22 de febrero, apenas tres días antes de que el martes 26 de febrero anunciara públicamente una OPA por el 22,64% de la firma por 23 euros la acción. Una oferta que ha registrado ya este viernes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pese a tener de plazo hasta el 26 de febrero para hacerlo.

«Los dirigentes del fondo australiano se reunieron con Reynés en su despacho el viernes 22 de enero. En la reunión le mostraron su deseo de entrar en el capital de la compañía porque les gustaba Naturgy y querían participar en el desarrollo de la empresa», explican fuentes conocedoras de la situación.

«Reynés les explicó que sólo había dos opciones porque la empresa no tiene autocartera y, si la hubiera, no se la podrían vender a ellos. Sólo tenían dos opciones: una, comprar en el mercado entre el ‘free float’ de la empresa, que es inferior al 40% del capital; o dos, dirigirse a los fondos CVC y GIP que tienen un 20% cada uno o a la Caixa que tiene un 22% y comprar su parte», explican estas fuentes.

Los representantes del gestor de fondos australiano acabaron la reunión sugiriendo que la compra de títulos en el mercado sería un proceso largo y costoso.

Consejo el lunes 25

«Acto seguido, inmediatamente tras la reunión, Reynés llamó a Isidre Fainé, el jefe de Caixabank, con quien le une una estrecha amistad y siempre han ido de la mano, y le contó lo que había pasado. Fainé no sabía absolutamente nada y se enfadó bastante», señalan.

Los representantes del gestor de fondos australiano acabaron la reunión sugiriendo que la compra de títulos en el mercado sería un proceso largo y costoso

El siguiente movimiento fue la convocatoria de un consejo de Naturgy el mismo lunes, 25 de febrero. «En ese consejo, los representantes de CVC y de GIP no montaron en cólera ni dijeron nada, lo que implica que eran conocedores de la situación y de las intenciones de los australianos», explican las fuentes consultadas.

Otro aspecto que hace sospechar en Naturgy de la intención de los fondos es que uno de los asesores de los australianos, Credit Suisse, es el autor de un informe que circula por el mercado en el que destaca las mil millonarias plusvalías que obtendrían los accionistas con la venta de la compañía gasista «en trozos».

Al día siguiente de ese consejo, la bomba: IFM anuncia el martes 26 de febrero la presentación de una OPA por el 22,64% de Naturgy a 23 euros por título, lo que supone un desembolso de 5.060 millones de euros. La cúpula de la firma califica la oferta de «no solicitada» aunque evita dar una opinión sobre el precio hasta conocer los detalles de la misma. Y este jueves, durante una conferencia con analistas para explicar los resultados de 2020, Reynes aseguró que la compañía había tenido conocimiento de la oferta «hace muy poco tiempo».

La OPA divide al Gobierno

Tras la presentación ante la CNMV de la OPA este viernes, los plazos empiezan a correr y el Gobierno tiene entre 4 y 6 meses para aprobarla -por ser una empresa estratégica y en virtud del real decreto aprobado el año pasado para frenar la entrada de extranjeros en empresas de sectores claves del país-, antes de que lo haga la CNMV.

El Gobierno está dividido. Félix Bolaños, secretario general de Presidencia y hombre de confianza del presidente, Pedro Sánchez, es partidario de dar luz verde a la operación con una simple línea roja para los fondos: que mantengan la sede en España. La tesis de Bolaños la defiende también la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. El argumento es sencillo: no se pueden poner puertas al campo y vetar una operación de mercado de este calibre.

En el otro lado está Iván Redondo, jefe de Gabinete de Sánchez, que valora sobre todo el problema político que se le viene encima al Ejecutivo si permite que la primera empresa gasista y tercera eléctrica, única con Iberdrola con algo de capital español, caiga en manos de los fondos. Con él se sitúan la ministra de Industria, Reyes Maroto, la de Hacienda, María Jesús Montero, y la parte de Podemos del Gobierno.

Hay tiempo, pero la magnitud del problema para el Gobierno y para el mantenimiento del poder en España de las grandes empresas es extraordinario. De momento, falta por ver qué hará Fainé. «Tiene un enfado monumental», aseguran las fuentes consultadas.

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