Hacienda revienta los pagos en efectivo: prohibido hacer esto a partir de ahora

Los pagos en efectivo han sido, durante décadas, una de las formas más utilizadas para realizar transacciones comerciales. Su inmediatez, anonimato y facilidad de uso lo han convertido en el método preferido para muchas personas. Sin embargo, en los últimos años, Hacienda ha endurecido las restricciones sobre los pagos en efectivo con el objetivo de frenar el fraude fiscal y garantizar un mayor control sobre las operaciones económicas. Ahora, una nueva normativa impone límites más estrictos y sanciones severas para quienes no la cumplan.

El incremento del uso de tarjetas bancarias y otros medios de pago electrónicos ha facilitado la trazabilidad de las transacciones, reduciendo los pagos en efectivo en muchos sectores. A pesar de ello, el dinero en efectivo sigue siendo completamente legal y válido. No obstante, las nuevas regulaciones buscan limitar su uso en determinadas situaciones, sobre todo cuando intervienen profesionales o empresas, ya que estas operaciones son más difíciles de rastrear y pueden facilitar el blanqueo de capitales o la evasión fiscal. En este contexto, la Ley 7/2012 establece restricciones específicas que afectan a pagos en efectivo de altos importes, impidiendo que ciertas operaciones se realicen en efectivo. La normativa también refuerza el control sobre las entidades financieras y exige la conservación de justificantes de pago durante varios años. Estas medidas tienen como objetivo garantizar la transparencia y prevenir posibles irregularidades fiscales.

Hacienda revienta los pagos en efectivo

La principal restricción establecida por la Ley 7/2012 es que no se pueden realizar pagos en efectivo iguales o superiores a 1.000 euros si una de las partes involucradas actúa como empresario o profesional. Este límite se amplía hasta los 10.000 euros en el caso de personas físicas sin domicilio fiscal en España, que no actúen como empresarios o profesionales.

Cabe destacar que esta normativa no solo afecta a los pagos únicos, sino que también impide fraccionar operaciones para eludir el límite. Es decir, si una transacción supera los 1.000 euros, no se podrá dividir el pago en varias entregas en efectivo con el fin de esquivar la restricción. Hacienda considera que el importe total de la operación es el criterio a seguir, independientemente de cómo se realicen los pagos parciales.

Qué considera Hacienda como «pagos en efectivo»

La normativa no sólo se aplica a billetes y monedas. Según la Ley 7/2012, también se consideran pagos en efectivo:

• Cheques bancarios al portador.
• Cualquier medio físico o electrónico diseñado para ser utilizado como medio de pago directo por el portador (véase Bizum).

Además, las partes involucradas en una operación deben conservar justificantes de pago durante al menos cinco años. Esto significa que, si una transacción se realiza con un método distinto al efectivo, es necesario guardar la documentación que acredite la operación para evitar posibles sanciones en caso de inspección fiscal.

Excepciones y casos especiales

Existen excepciones a esta normativa, como los pagos realizados a través de entidades de crédito o las operaciones de cambio de moneda supervisadas por el Banco de España. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los pagos en efectivo que superen los límites establecidos estarán sujetos a las nuevas restricciones.

Consecuencias de incumplir la normativa: denuncias y sanciones

El incumplimiento de estas restricciones se considera una infracción administrativa grave. Las personas que realicen pagos en efectivo por encima de los límites establecidos se enfrentarán a sanciones económicas severas. La multa puede alcanzar el 25% del importe pagado en efectivo de manera irregular. Tanto el pagador como el receptor del dinero son responsables solidarios, lo que significa que Hacienda podrá dirigirse contra cualquiera de ellos para exigir el pago de la sanción.

Otro aspecto relevante es que cualquier persona que tenga conocimiento de una operación que incumpla la normativa puede denunciarla ante la Agencia Tributaria en un plazo de tres meses. La denuncia debe incluir los detalles de la operación, el importe total y la identificación de la otra parte involucrada. Es importante señalar que la primera persona en denunciar quedará exonerada de responsabilidad, mientras que si ambas partes denuncian simultáneamente, ninguna quedará libre de sanciones.

La infracción prescribe a los cinco años desde la fecha en que se cometió, y las sanciones también prescriben en un plazo de cinco años desde que se dicte una resolución firme.

Estas medidas refuerzan el control de Hacienda sobre las transacciones económicas, incentivando el uso de medios de pago electrónicos, que permiten un mayor seguimiento de las operaciones. Aunque el efectivo sigue siendo una opción legal, su uso está cada vez más restringido en determinadas circunstancias. La tendencia apunta hacia un futuro en el que las transacciones digitales sean la norma, mientras que los pagos en efectivo queden relegados a situaciones específicas y de menor cuantía.

Con estas nuevas restricciones, Hacienda busca combatir el fraude fiscal y garantizar una mayor transparencia en las transacciones. La clave para los ciudadanos y empresarios es adaptarse a los cambios y asegurarse de cumplir con la normativa para evitar sanciones innecesarias.