El Gobierno se plantea destituir a Beatriz Corredor como presidenta de Redeia (Red Eléctrica)

El Gobierno se está planteando no renovar el mandato de la ex ministra Beatriz Corredor como presidenta no ejecutiva de Redeia (la antigua Red Eléctrica Española), según fuentes al tanto de la situación. La salida de Corredor se produciría en la próxima junta de accionistas de la compañía, para la que aún no hay fecha; la de 2023 se celebró en abril.

Las fuentes consultadas manejan como principal explicación de esta destitución la necesidad de dar entrada a otro alto cargo socialista, dado que Corredor lleva ya cuatro años cobrando en torno a medio millón de euros anuales y «ya es suficiente», por lo que debe dejar el cargo libre. Es decir, su sustituto también será un caso de puerta giratoria.

«Es hora de dar entrada a otro al que Pedro Sánchez le deba un favor, Corredor ya se ha llevado cerca de dos millones y le toca al siguiente», sostienen las fuentes. «Es la única explicación, puesto que a Beatriz Corredor no se la nombró en Redeia precisamente por sus conocimientos del sistema eléctrico y tampoco ha estorbado, sino que ha cumplido todas las instrucciones que le ha dado Teresa Ribera».

Corredor fue ministra de Vivienda durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y posteriormente diputada del PSOE ya con Sánchez como secretario general. Es licenciada en derecho y registradora de la propiedad, y jamás había tenido ninguna relación con el sector energético hasta su nombramiento en Redeia en 2020.

Con ese bagaje, se ha limitado a «no molestar» y a hacer todos los favores que le ha pedido el Ejecutivo. Entre ellos, el nombramiento de la también socialista Concepción Sánchez como directora general de operación de la parte de Redeia que gestiona el sistema eléctrico (que se sigue llamando Red Eléctrica). O su presencia en la conferencia de Pedro Sánchez durante el reciente Spain Investors Day para hacer bulto ante la ausencia de la práctica totalidad de las grandes empresas del Ibex.

Cargo político

A pesar de que el Estado sólo controla el 20% de Redeia a través de la SEPI, el Gobierno es quien nombra a su presidente, de forma que este cargo siempre es ocupado por políticos. El antecesor de Corredor fue Jordi Sevilla, también ex ministro de Administraciones Públicas con Zapatero, quien fue destituido en 2020 por su enfrentamiento público con Teresa Ribera. Una batalla en la que Sánchez se puso del lado de la ministra de Transición Ecológica, lo que provocó la salida de Sevilla.

A pesar de su desconocimiento del sector y de la compañía, Corredor se embolsó 464.000 euros en 2020 (se incorporó en febrero), y 546.000 tanto en 2021 como en 2022. Aún no se ha publicado su remuneración del año pasado, que será como mínimo idéntica a la de los dos anteriores. En total, más de 2,1 millones de euros durante su presidencia.

El Ejecutivo aún no ha decidido el sustituto de Corredor, si finalmente se consuma su destitución. En el mundillo se apostaba por José Manuel Serrano, el amigo íntimo de Sánchez, tras su salida de la presidencia de Correos. Sin embargo, el presidente del Gobierno ya le ha encontrado acomodo como nuevo director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), la empresa de autopistas que gestiona las radiales quebradas que tuvieron que ser asumidas por el Estado.

Retribución de redes

En todo caso, el nuevo presidente tendrá que negociar con la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) el nuevo marco de retribución de las redes eléctricas. Se trata de una reivindicación histórica del sector y que la propia Ribera se ha mostrado públicamente dispuesta a mejorar, aunque no sea competencia de su ministerio sino de la citada comisión. No obstante, el Gobierno ultima la segregación de la parte energética en una nueva Comisión Nacional de la Energía que la ministra pretende controlar, como informó OKDIARIO.

Esta remuneración de las redes es el gran obstáculo que pone en peligro que éstas puedan absorber el boom de las energías renovables en España, como ha alertado Standard & Poor’s.

En el caso de la red de transporte de electricidad-Redeia- y en el de distribución -principalmente Iberdrola, Endesa y Naturgy-, las empresas son las encargadas de desarrollar las redes, aunque tienen establecido un tope anual a la inversión, ya que su coste es asumido finalmente por los consumidores vía recibo de la luz a través de los peajes, uno de los costes regulados de la factura.

Ese límite máximo de inversión es del 0,65% del PIB anual para el transporte, excluyendo las inversiones en interconexiones, y del 0,13% del PIB para la distribución, excluyendo en este caso las inversiones relativas a la digitalización.