Ribera puentea a la CNMC y abre la puerta a elevar la remuneración de las redes eléctricas

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha abierto la puerta a incrementar el límite remunerado a las inversiones en nuevas redes eléctricas actualmente existente, una de las grandes reivindicaciones del sector eléctrico en los últimos años. Sin embargo, Ribera no es la responsable de tomar esta decisión, sino que corresponde a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), organismo teóricamente independiente del Gobierno.

En declaraciones a la prensa tras su participación en el Spain Investors Day, Ribera, indicó que ese límite a la inversión en nuevas redes que está vinculado a la evolución del PIB y del IPC podría «elevarse algo».

Anteriormente, en su intervención en el foro ante inversores y principales responsables de las empresas energéticas del país había descartado que se pudiera anticipar una revisión de la remuneración de las inversiones en redes eléctricas -prevista para 2026-.

No obstante, la nueva regulación de las redes es competencia de la CNMC. De hecho, el proyecto de separar la Comisión Nacional de la Energía de este organismo es idea de la propia Ribera, como explicó OKDIARIO, para controlar personalmente la regulación del sector eléctrico (y la remuneración de las redes es el principal caballo de batalla). Este miércoles lo ha dejado todavía más claro al hablar de este asunto como si fuera su responsabilidad.

En el caso de la red de transporte -con Red Eléctrica (REE)- y en el de distribución -principalmente con Iberdrola, Endesa y Naturgy-, las empresas son las encargadas de desarrollar las redes, aunque tienen establecido un tope anual a la inversión, ya que las inversiones son asumidas finalmente por los consumidores vía recibo de la luz a través de los peajes, uno de los costes regulados de la factura.

Ese límite máximo de inversión es del 0,65% del PIB anual para el transporte, excluyendo las inversiones en interconexiones, y del 0,13% del PIB para la distribución, excluyendo en este caso las inversiones relativas a la digitalización.

No obstante, Ribera subrayó que el problema no es de «más remuneración», ya que incrementar la retribución «tendría un efecto perjudicial en los consumidores», que la asumen a través del recibo de la luz vía peajes, por lo que llamó a ser «cuidadosos» a este respecto.

En este sentido, recordó que el pasado mes de diciembre el Gobierno ya dio «prioridad» en el Plan de Recuperación a una cantidad de 1.000 millones de euros para hacer modificaciones puntuales en la planificación de la red eléctrica y disponer así de una inversión que va por encima del límite que ya se había alcanzado o acordó destinar más de 500 millones de euros a la digitalización de las redes de distribución.

«Es una señal en esa dirección, porque somos conscientes que es el momento. Estos 5-7 años son los años donde nos la jugamos desde este punto de vista», dijo.

A este respecto, la ministra advirtió de que en los próximos años la red eléctrica deberá hacer frente a necesidades, además de su renovación, para responder a desafíos como el almacenamiento o la gestión.

Por otra parte, Ribera recordó que el actual es «el momento de invertir» para abordar el proceso de transición ecológica, aunque subrayó que teniendo, eso sí, en cuenta que «no sólo es cuestión de maximizar los beneficios», en un foro que contaba con la presencia de grandes inversores y de los principales directivos de las energéticas del país, como el consejero delegado de Endesa, José Bogas; el presidente de Naturgy, Francisco Reynés; o el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, entre otros.

En este sentido, destacó el papel de los gobiernos para definir las condiciones para abordar ese esfuerzo inversor y «cumplir con las expectativas» de los inversores, que, por su parte, deben tener «responsabilidad».

Atractivo para los inversores

«Honestamente, creo que estamos en un país muy atractivo en el sector energético, con muchas posibilidades diferentes», añadió en referencia a España y valorando que el Gobierno, en un contexto «bastante complicado», consiguió actuar y asegurar que los consumidores, tanto industriales como domésticos, se vieran protegidos «en un momento muy turbulento».

A este respecto, Ribera indicó las ventajas de que goza España para ser un líder en renovables, después de que 2023 fuera el primer año en que las renovables superaron el 50% del ‘mix’ energético nacional.

Asimismo, consideró que la nueva legislatura será de «consolidación» de las nuevas políticas energéticas, con retos como el diseño de los nuevos mercados de capacidad, para los que, una vez que se remitió la propuesta de regulación, se prevé hacer la primera convocatoria «inmediatamente» después de recibir la respuesta de la Comisión Europea.

Finalmente, Ribera apuntó a la «amenaza» que representa el cambio para el futuro, pero también «ya para nuestras vidas», por lo que defendió el cambio en la manera en que se produce y consume.