El Gobierno paga a empresas portuguesas 17 millones por leche que dona al Banco de Alimentos o Cruz Roja

El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a cargar contra el sector lácteo y ganadero español. Tanto en 2021 como en 2020, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación adjudicó a una compañía portuguesa dos contratos por un valor conjunto de más de 17,3 millones de euros a cambio del suministro de leche.

En concreto, el año pasado el Ejecutivo español compró a la empresa lusa lusa Lactogal-Produtos Alimentares SA leche para donar a las personas vulnerables de nuestro país. El contrato se cerró en febrero de 2021 por un importe de más de 15,16 millones de euros a través del Programa de Ayuda Alimentaria a las personas más desfavorables que depende del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Según publicó el Boletín Oficial del Estado el 20 de abril del ejercicio pasado, para dicho suministro de leche se presentaron cuatro ofertas y la Junta de Contratación del FEGA eligió la oferta de mayor coste: la presentada por la portuguesa Lactogal-Produtos. Mientras que otra compañía ofreció dicho suministro por unos cinco millones.

En este sentido, la secretaria nacional en Agricultura y Despoblación del PP, Milagros Marcos, explica a OKDIARIO: «Todos los años se licita para los centros de personas vulnerables, como Cruz Roja, Cáritas o el Banco de Alimentos, la compra de productos en base a los fondos del FEGA. Pues bien, los dos últimos años -desde que está vigente la Ley de la Cadena Alimentaria- lo que ha ocurrido es, precisamente, que el propio Gobierno ha comprado la leche a empresas portuguesas».

De igual forma, en 2020 el Gobierno presidido por Sánchez  cerró un contrato con la empresa Lactogal-Produtos Alimentares SA por un importe de más de 2,15 millones de euros para el suministro de leche.

Por otro lado, en febrero de 2021, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación adjudicó a la compañía portuguesa Cister-Indústria de Produtos alimentares LDA un contrato por un valor superior a dos millones de euros a cambio del suministro de garbanzos para las personas más desfavorecidas.

¿Qué contempla la Ley de la Cadena Alimentaria?

La reforma de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria entró en vigor el pasado mes de diciembre tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según el Ministerio de Agricultura, con esta normativa los productores van a ver reforzada su posición negociadora y lograrán «una remuneración digna por su trabajo». No obstante, Milagros Marcos cree que la ley va a suponer «la desaparición de muchos pequeños agricultores y ganaderos que no tienen capacidad para competir con otras grandes empresas o explotaciones que producen a precios mucho más bajos».

En concreto, dicha ley establece que cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción asumido. Así, los costes de producción se constituyen como la base de la negociación de los contratos escritos. Al respecto, Rafael Sánchez de Puerta, director general de la cooperativa agroalimentaria Dcoop, asegura: «Intentar sujetar los precios prohibiendo a los agricultores y ganadores vender por debajo de los costes de producción (que son individuales) es simplemente imposible».

Sánchez de Puerta matiza que la situación sería diferente si hubiese un coste medio por sector, puesto que supondría «establecer unos precios mínimos». Pero al impedir que los agricultores y ganaderos no pueden vender por debajo de su precio, «aquellos que sean menos competitivos y que tengan mayores costes de producción van a tener mayor dificultad de acceso al mercado».