El Gobierno mantendrá la tasa Google si no hay acuerdo internacional pese a las advertencias de EEUU

Pese a los avisos de la administración de Joe Biden, que advertían a Pedro Sánchez de que la tasa Google era discriminatoria para las empresas tecnológicas estadounidenses e incompatibles con los principios de tributación internacional, el Ejecutivo ha decidido mantener dicho impuesto si no hay acuerdo internacional. Así, ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que en muchas ocasiones la fiscalidad de España es más analógica que digital, y hay competencia desleal con otros negocios tradicionales.

Por ello, ha remarcado que hay que lograr la aplicación del impuesto de forma homogénea y universal en la mayoría de países en el marco de la UE o la OCDE, de forma que ha asegurado que si no se producen avances significativos, España seguirá adelante con la ‘tasa Google’ nacional aprobada y acometerá su recaudación, pospuesta a la espera de ese consenso como han hecho otros países, como Francia.

No obstante, España no es el único país que ha dado luz verde a este impuesto, también se suman a la lista Austria y Reino Unido. En el caso concreto de la Tasa Google española, el organismo estadounidense afirma que, por su estructura y funcionamiento, discrimina a las empresas digitales estadounidenses, tanto por la selección de servicios cubiertos como por los umbrales de ingresos, señalando que el tributo «no es razonable porque es incompatible con los principios internacionales sobre fiscalidad», además de que grava o restringe el comercio de Estados Unidos.

«Si no se produce el consenso internacional, sin duda seguiremos adelante con una iniciativa que entendemos que tarde o temprano a todos los países llegará»

En este sentido, la investigación señala que el umbral de ingresos establecido para el impuesto español de 750 millones de euros sirve para discriminar por nacionalidad a las empresas estadounidenses. Un tributo que afectará a un total de 60 empresas, de las que 34 serían de Estados Unidos y sólo dos españolas. Mientras que aplicando un umbral de unos 50 millones de euros, se afectaría a 249 empresas, incluyendo 20 españolas y 80 estadounidenses.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha anunciado que los impuesto a los servicios digitales aprobados por el Gobierno de España son «discriminatorios» para las empresas tecnológicas estadounidenses e incompatibles con los principios de tributación internacional. Ante este escenario, el organismo asegura que continuará evaluando todas las opciones disponibles.

La Tasa Google era una de las promesas electorales de Pedro Sánchez, pero que le ha salido rana, ya que ahora España se enfrente a la amenaza de que el nuevo Gobierno de Joe Biden -cuya victoria en las elecciones del pasado mes de noviembre celebró el presidente del Ejecutivo en su cuenta personal de Twitter- imponga sanciones en forma de aranceles a otros productos españoles.

«Un tratamiento fiscal especial y desfavorable». Así califica la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos la selección de servicios cubiertos por la tasa, como la publicidad y la intermediación ‘online’ o la transmisión de datos apunta a que la tasa se dirige contra compañías estadounidenses líderes en estos segmentos de mercado.

Modificación de la Ley Concursal

El Gobierno trabaja en la modificación de la Ley Concursal para hacer más garantista y rápidos los procesos y medidas para garantizar la solvencia de las empresas viables, pero no en medidas para la liquidez al considerar que está ya «razonablemente cubierta». Por otro lado, mantendrá la denominada ‘tasa Google’ si no se alcanza un acuerdo en el marco de la OCDE o la UE respecto al impuesto en el ámbito digital.

Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha defendido que el Ejecutivo ha trabajado de manera incansable desde el inicio de la pandemia para fijar herramientas que protejan al tejido productivo y la pequeña y mediana empresa para afrontar posibles tensiones de liquidez.

En concreto, ha detallado que se trabaja en la modificación de la Ley Concursal para hacer garantista y rápido el proceso concursal y que sea una fórmula que permita viabilizar empresas cuyos datos reflejen su capacidad de sobrevivir y para evitar que sean mecanismos de liquidación de las sociedades.

A estas medidas para garantizar la solvencia de las empresas, se sumarán nuevas medidas relativas a los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Además, ha avanzado que se trabaja también en otras herramientas para ayudar en la crisis del Covid, una vez que la Unión Europea posibilitó el nuevo marco de ayudas de Estado, con un límite establecido en la no afectación a la competencia entre Estados miembros, algo que vigila la UE.