El Gobierno a la desesperada: recurrirá al Supremo de EEUU para evitar embargos por las renovables

El Gobierno tiene decidido recurrir al Tribunal Supremo de Estados Unidos (EEUU) para tratar de frenar los embargos de bienes españoles en este país por los impagos de las renovables decidido por Teresa Ribera y secundado por la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. Un tribunal de EEUU sentenció a finales del año pasado que los laudos de los arbitrajes en el Ciadi son de obligado cumplimiento en EEUU, lo que abrió la puerta a los embargos en el país por la deuda que acumula España con los fondos internacionales por la reducción de las primas a las inversiones en renovables.

El Gobierno de Pedro Sánchez dará de esta forma una nueva patada hacia adelante a un conflicto en el que acumula derrotas judiciales -algunas victorias también- tanto en el Ciadi como en los tribunales ordinarios de diferentes países donde los fondos internacionales que ganaron el arbitraje han acudido para hacer efectiva su indemnización por su inversión en renovables en España.

Entre esos tribunales ordinarios se encuentran los de EEUU que, en sentencias históricas, han determinado que los arbitrajes del Ciadi son de obligado cumplimiento en el país. Se trata de un golpe al Gobierno que fue ratificado en diciembre para tres casos concretos, que suman 350 millones de indemnizaciones. Ahora, el Ejecutivo tiene decidido recurrir al Supremo de EEUU con el argumento de que los tribunales ordinarios estadounidenses están atentando contra la soberanía extranjera.

Con esta decisión, el Gobierno busca alargar el proceso judicial mientras Bruselas sigue estudiando el caso. La Comisión abrió un expediente en 2021 para decidir si el pago de estas indemnizaciones por parte de España supondría una ayuda de Estado y, por tanto, se consideraría ilegal. España no tendría que pagar esas indemnizaciones.

Sin embargo, la situación está en un caos jurídico de difícil solución. Porque varios tribunales ordinarios de Australia, Reino Unido, Bélgica y de EEUU han dictaminado que España debe pagar esos laudos y los fondos ya han identificado bienes españoles en esos países para cobrar sus indemnizaciones. De hecho, España ya ha tenido que depositar más de 30 millones de euros en un juzgado belga para evitar el embargo de los ingresos de la empresa pública Eurocontrol.

El Gobierno tiene pendientes de pago hasta 25 laudos en contra que superan los 1.500 millones de euros, cifra a la que hay que sumar los intereses y los gastos de abogados. En total, casi 1.900 millones. Los fondos prevén que este 2025 otros cuatro procesos acaben en contra de España, lo que elevará la deuda por encima de los 2.000 millones.

Los fondos han pedido reiteradamente al Gobierno cerrar un acuerdo que ponga fin al conflicto, ofreciendo reinvertir las indemnizaciones en España. De momento, el Gobierno ha dado la callada por respuesta.

El origen de este conflicto se remonta a 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas del 25% para las inversiones en renovables. Decenas de fondos se lanzaron a invertir en España. En 2012, cuando Mariano Rajoy llegó al poder, decidió unilateralmente reducir esas primas hasta el 7% ante la profunda crisis económica mundial que tuvo que gestionar.

Los fondos decidieron acudir a un arbitraje en el Ciadi, dependiente del Banco Mundial, que ha ido resolviendo en contra de España -otras veces a favor-. La ex ministra Teresa Ribera decidió no pagar esos laudos e iniciar una batalla judicial que todavía dura.