El FMI recomienda una política de vivienda contraria a la de Sánchez: «Debería priorizar la oferta»

El Fondo Monetario Internacional (FMI) critica la política actual de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, basada en medidas que tratan de imponer limitaciones artificiales a los precios, en vez de incrementar la oferta en el mercado. De esta forma, se alinea con las demandas del sector  inmobiliario y de la banca.

«Para mejorar la asequibilidad de la vivienda, las autoridades deberían priorizar el estímulo de la oferta, antes que el apoyo distorsivo de la demanda», asevera el informe de la última vista oficial del FMI a España.

El organismo sí reconoce algunos avances en el mercado inmobiliario: «El Gobierno ha avanzado en sus esfuerzos para ampliar la oferta de viviendas, aprovechando las transferencias no reembolsables de los fondos NGEU para financiar el desarrollo de viviendas asequibles en suelos públicos y la expansión del parque de vivienda social, que actualmente es reducido. La racionalización en curso de la planificación urbana—entre otras cosas, desburocratizando la concesión de licencias a nivel regional y local—también constituye un paso en la dirección correcta».

Esta semana, Sánchez y varios ministros mantuvieron una reunión con las patronales inmobiliarias y bancarias en la que anunciaron medidas copiadas de Madrid para acelerar la concesión de licencias de obras y para fomentar la colaboración público-privada. Asimismo, el Gobierno prometió una mejora de la seguridad jurídica para incentivar a los propietarios a poner viviendas en alquiler. Algo que choca con la protección de la que han disfrutado hasta ahora los okupas o los inquilinos que dejaban de pagar la renta (inquiokupas).

Aunque considera positivos estos pasos, el FMI critica las medidas que se han tomado hasta ahora, especialmente en Cataluña, y que han fracasado en su objetivo: «La Ley de Vivienda de 2023 instituyó topes a los alquileres en zonas tensionadas, que hasta el momento se han implementado únicamente en algunas partes de Cataluña. Experiencias previas sugieren que los topes a los alquileres pueden reducir la oferta de viviendas de alquiler y limitar el acceso de los grupos más marginados, contraviniendo así los propios objetivos de la ley. Por lo tanto, es necesaria una evaluación del impacto inicial de los topes fijados por Cataluña para informar el curso de la política en el futuro».

La banca coincide

El martes pasado, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, lanzó un mensaje similar al del FMI: «Las medidas que traigan limitaciones de oferta de vivienda van a tener efectos contrarios de los que persiguen. Por ejemplo, fijar precios en situaciones en que hay mercado, como la limitación de precios en Barcelona, ha conseguido que la oferta de alquiler se reduzca drásticamente, que se dejaran de hacer obras de mejora y que las viviendas que estaban por mejorar subieran el alquiler».

Por ello, Oliu llegó a decir que «antes de tomar medidas sobre la vivienda, deberían hacer un curso de economía para saber los efectos que tienen esas medidas». «Lo que yo haría es buscar todas las formas de aumentar la oferta de viviendas en alquiler, sobre todo asequible. Es decir, no sólo para aquellos en riesgo de exclusión, porque hay una gran parte de la población que necesita un alquiler asequible. Si las medidas que tomamos desaniman a poner viviendas en el mercado, estamos haciendo justo lo contrario de lo que hace falta», añadió, en línea también con el organismo internacional.

El FMI no entra a valorar si los precios de venta o alquiler de vivienda son demasiado altos en España, sino simplemente sugiere actuar sobre la oferta para que sea más asequible. Desde la banca, niegan que estemos en una nueva burbuja inmobiliaria, como adelantó el viernes OKDIARIO y reiteró la presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Kindelán.

Los argumentos del sector financiero para desmentir la existencia de una burbuja son que las tasas de esfuerzo (porcentaje de los ingresos que las familias destinan a pagar la vivienda) son razonables, que se están construyendo muchísimas menos viviendas que en 2006 (100.000 en 2023 frente a casi 900.000 en 2006), que el crédito promotor es mucho más restrictivo y los constructores deben compra el suelo con capital, y que apenas hay morosidad hipotecaria.