Fedea propone mantener la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial

Las propuestas del Gobierno, recuerda Fedea, pasan por acabar con la prioridad aplicativa de los convenios de empresa en materias esenciales como la retribuciones o la duración de la jornada y restaurar de la ultraactividad ilimitada de los convenios.

Se trata de dos aspectos introducidos en la reforma laboral de 2012 y que, a juicio de Fedea, «no desarticuló la negociación colectiva» aunque sí alteró algunos equilibrios «que podrían causar efectos indeseados».Y, en aras de resolver esos desequilibrios pero preservando los «avances en materia de flexibilidad interna», el documento plantea varias propuestas.

La primera pasa por mantener la prevalencia del de empresa y extenderla a más materias -como la organización del trabajo, la productividad y la flexibilidad laboral interna- aunque con límites salariales.

Así, pide «imponer un suelo para los salarios negociados a nivel de empresa equivalente al salario base del convenio de sector, dejando margen para la negociación a este nivel de los complementos, en especial los variables».

Esto podría evitar que estos convenios se usen como forma de competencia empresarial vía devaluación salarial como ha ocurrido en algunos sectores en los últimos años.

Fedea también propone exigir, en contratas, «que las empresas que ofrecen servicios en otros sectores respeten los salarios establecido en el correspondiente convenio sectorial».

Asimismo, propone mantener el límite de un año para la ultra-actividad así como los actuales mecanismos para la inaplicación de los convenios y la posibilidad de crear comisiones «ad hoc» en empresas sin representantes legales de los trabajadores para negociar medidas de flexibilidad interna.

Estos dos últimos puntos también están entre los que el Gobierno quiere eliminar en la reforma.

Fedea también propone limitar la capacidad de las empresas para introducir unilateralmente modificaciones sustanciales en las condiciones laborales e institucionalizar los acuerdos nacionales sobre condiciones y salarios.

Estos acuerdos, concluye, debería ser un «mecanismo de coordinación que permita acordar un reparto razonable de las ganancias de productividad entre beneficios y salarios y evite los sesgos inflacionistas inherentes a la negociación a niveles intermedios».