Las etiquetas de los productos, ¿informan o venden?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) asegura que sólo el 30% de las etiquetas describen el producto y que, el resto, es puro marketing. Ante esta situación, los clientes se pueden encontrar con el problema de no poder distinguir exactamente qué parte es algo relevante y cuál forma parte de una forma de intentar vender más. En mi opinión, existen tres formas (no incompatibles entre sí) para mejorar esta situación.

Y es que muchos consumidores se fijan en la etiqueta para tratar de ajustar su compra a sus preferencias o, incluso, a su estado de salud, de ahí que sea interesante promover ideas que fomenten la decisión consciente y bien informada de los agentes.

Berta Vilariño, dietista y nutricionista, asegura que «la mayoría de las personas se sienten perdidas al intentar descifrar la información de las etiquetas, y esto no es casualidad», lo cual hace aún más evidente el problema.

«Con la avalancha de productos hiperpalatables en el mercado, las empresas juegan con la legislación y despliegan tácticas de marketing que confunden más que informan. Es crucial que los consumidores estén realmente informados sobre lo que están comprando», defiende la profesional.

El problema de las etiquetas

Para Vilariño, las marcas utilizan tácticas que suenan bien al oído de los consumidores, pero que, en realidad, no significan gran cosa: «Frases como bajo en grasas o sin azúcares añadidos pueden parecer atractivas, y muchos creen que están tomando decisiones saludables. Sin embargo, a menudo estas etiquetas ocultan verdades muy diferentes».

«Necesitamos un etiquetado más claro y honesto que permita a las personas comprender de verdad lo que están consumiendo y, así, tomar decisiones alimentarias más conscientes», defiende la nutricionista.

En esa línea, la OCU pide a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) que, junto a las autoridades europeas, reformen la actual normativa que regula el etiquetado para aumentar de los 1,2 milímetros mínimos de tamaño de letra de las etiquetas a 3 milímetros, reclamación que llevan solicitando desde hace 14 años juntos con sus homólogas europeas.

Posibles soluciones

Ante este problema, por tanto, se pueden presentar varias soluciones: formar al consumidor, fomentar su espíritu crítico y aumentar la regulación estatal. Una mayor formación del consumidor permitiría que fuera capaz de detectar las tácticas de marketing utilizadas por las compañías y, a su vez, los elementos del etiquetado que realmente son relevantes para lo que le interesa.

Por su parte, el fomento del espíritu crítico, en este contexto, significa que el cliente sea capaz de poner en duda lo que las marcas intentan transmitirles, quizás por defecto. Es decir, el consumidor debe ser plenamente consciente de que la intención última del productor es que compre más, por lo que, siguiendo ese criterio, es positivo que aprenda a tener una alarma que le haga dudar, pues es mejor desconfiar de lo verdadero que aceptar lo falso.

Por último, está la que suele ser la gran solución para todos los que quieren arreglar el problema: mayor intervención del Estado. Sin embargo, esto causa que el gobernante de turno tenga capacidad para determinar qué se puede poner y qué no en el etiquetado, es decir, es trasladar la confianza del productor a la Administración Estatal.

Además, como bien expuso Vilariño, las marcas encuentran subterfugios a la norma para seguir colocando etiquetas que llamen la atención del consumidor. Hay gente que se dedica a esto. Por tanto, una legislación más restrictiva sólo provocaría una nueva innovación en el marco publicitario, obligando a las empresas a adaptarse.

Un tira y afloja constante que provocaría que el Estado estuviera constantemente regulando sobre las nuevas ideas de las marcas. No obstante, las otras dos opciones (la duda por sistema y la formación) son mucho más eficaces y permanentes, pues un cliente informado y desconfiado sabrá detectar cuantas innovaciones realicen los encargados de las etiquetas.

Dos de estas opciones, por tanto, empoderan a las personas, mientras que la otra ofrece al Estado un vehículo más sobre el que legislar de forma arbitraria con la excusa del bienestar de todos.