Estos son los puntos calientes de la eterna reforma de la financiación autonómica

Con el impasse político y la vista en una posible repetición electoral, llega el eterno reclamo de la renegociación del dinero que el Estado español presta a las comunidades autónomas. Los presidentes regionales vuelven a poner las dos manos a Pedro Sánchez para afianzar sus intereses regionales a cambio de su apoyo para la investidura. Así, vuelve a la palestra la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente de revisión desde hace casi un quinquenio. Pero, ¿a qué se deben las diferencias entre territorios y cuáles son las claves regulatorias que podrían ser modificadas?

El sistema de financiación reparte los recursos económicos entre las comunidades de régimen común -todas menos Navarra y el País Vasco- así como también establece los criterios aplicables a las ciudades autónomas.

Solidaridad

Siguiendo su Ley reguladora de 2009, el modelo se basa en los principios de suficiencia, autonomía y corresponsabilidad y de lealtad institucional; y no sólo en los de solidaridad y equidad como ha pretendido hacer creer la izquierda en sus discursos políticos de la pasada semana.

Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), existen diferencias de hasta 700 euros por habitante entre las comunidades mejor y peor financiadas. Un abismo que podría solucionarse con ajustes por población, equiparación del esfuerzo fiscal o por el coste público, en función de la edad media de la población de cada territorio. De hecho, según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) del pasado abril, queda manifiesto que «los municipios con mayor tamaño poblacional» son los que «mejor tratan fiscalmente a sus ciudadanos».

La dispersión de la población

Esta es precisamente una de las reivindicaciones de las comunidades dado que la dispersión de la ciudadanía afecta de forma directa al coste de prestación de los servicios. De hecho, las deficiencias de financiación de determinados sectores se solucionarían, según expertos consultados por este digital, con «fórmulas hacendísticas» tales como «una clave de reparto general o un fondo de reparto adicional».

Dumping fiscal

Otra patata caliente en el debate de la financiación es la capacidad de los gobiernos regionales para bajar, subir, aprobar o suprimir impuestos. La izquierda considera que una política fiscal de baja presión perjudica a las haciendas autonómicas, pero lo cierto es que las comunidades autónomas con menor carga fiscal son las que tienen un mejor estado del bienestar. Según otro estudio del IEE, las regiones con mejor Producto Interior Bruto (PIB) per cápita son las que mejor desempeño presentan en competitividad a nivel de impuestos.

De hecho, las subidas impositivas tan defendidas por la izquierda suelen ser también sinónimos de deslocalización de contribuyentes y patrimonios -en su día Alemania estimó que el Impuesto sobre Patrimonio reduciría su PIB hasta en un 5%- como de empresas -recuérdese el cambio de sede fiscal al extranjero de Ferrovial a principios del presente año-.