El Estado autonómico, en entredicho

De acuerdo con los últimos datos de Eurostat, el gasto en personal sobre el total de los gastos del Estado español es el más elevado de la zona Euro, lo que hace del Estado español el más caro de Europa.

Por Estado español se entiende la Administración Central del Estado y sus organismos autónomos, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y su sector instrumental, las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las diputaciones provinciales, los cabildos, consejos insulares y los más de 8.000 ayuntamientos. Concretamente, según datos del Eurostat, el Estado español dedica casi una cuarta parte (el 24.3%) del gasto público total al coste del personal de la Administración, nada menos que un 8,3% más que Alemania, que tiene una estructura organizativa federal similar a la nuestra. El Estado español es un 4% más caro que la media de los países de la Unión Europea y un 4,7% más que la media de los países de la Zona Euro.

Como no somos el país que paga los salarios más altos a los empleados estatales, como pueden atestiguar sin ir más lejos los funcionarios de Justicia, estos datos nos consagran como el Estado más ineficiente de Europa. Las causas de semejante ineficiencia las ha estudiado el economista José Ramón Riera y apuntan principalmente en dos direcciones. Afirma Riera que en 2019 había 467.000 empleados estatales que no eran ni funcionarios ni empleados con un contrato laboral, es decir, eran empleados que habían entrado en la Administración gracias a las puertas giratorias de las fuerzas políticas. O sea, enchufados que no habían pasado por control alguno de la Administración y que en las estadísticas suelen aparecer bajo el epígrafe de «Otros». Cuatro años después, a 31 de diciembre de 2022, según las fuentes del Eurostat a las que me refería más arriba, esta cifra ha aumentado de forma escandalosa: 664.723 empleados, casi 200.000 enchufados más.

Habida cuenta de que bastante más de la mitad de los empleados públicos trabajan en las autonomías, en torno a un 70%, la segunda causa de la carestía del Estado español hundiría sus raíces en la ineficiencia de las propias comunidades autónomas. De hecho, el mismo economista, José Ramón Riera, acaba de publicar un libro titulado El precio de las autonomías: 88.000 millones de euros de despilfarro, cuyas referencias pueden encontrar fácilmente en la web. En este libro Riera no cuestiona el Estado autonómico como tal sino que se limita a estudiar el gasto de cada una de las 17 autonomías según su funcionalidad (educación, sanidad, servicios sociales, alta dirección…).

Para cada una de estas funciones-competencias compara el comportamiento de todas y cada una de las autonomías frente a la que mejor se comporta en este ámbito, lo que se conoce como un análisis bajo el criterio de las «mejores prácticas posibles». Riera llega a la conclusión de que si las 17 autonomías se gestionaran de la forma más eficiente posible, esto es, se gestionaran como la más eficiente de las 17 para todas y cada una de las competencias (educación, sanidad, alta dirección..), nos ahorraríamos la friolera de 88.000 millones de euros, un 7% del PIB anual de 2019, año en el que se hizo el estudio. Sencillamente tremendo.

Conviene resaltar de lo que estamos hablando. Riera en ningún momento cuestiona el Estado autonómico, tal como se ha venido desarrollando por muy cuestionable que nos parezcan algunos de sus aspectos, como veremos más adelante. Riera se limita a comparar la eficiencia de las 17 autonomías para cada una de las principales competencias que tienen transferidas. Así, por ejemplo, Madrid tiene un coste de 26.000 millones de euros para 6,7 millones de habitantes, mientras Cataluña duplica este coste, 52.000 millones, para una población algo superior: 7,6 millones de habitantes.

Conclusión: la autonomía catalana es la mitad de eficiente que la de Madrid, nos cuesta casi el doble. De ahí que Madrid no tenga necesidad de impuestos propios mientras Cataluña necesita 15 impuestos propios para tratar de cuadrar sus gastos. En suma, existen autonomías que son mucho más eficientes y eficaces que otras, al margen del reiterado sonsonete de la infrafinanciación autonómica, este paño de lágrimas al que nuestra clase política autonómica acude con regularidad para ocultar su incompetencia y su derroche. Ni que decir tiene que este formidable despilfarro es el verdadero origen del infierno fiscal que devora las rentas de los españoles y de la desorbitada deuda (113% del PIB español) en la que ha incurrido el Reino de España, sobre todo en los últimos cinco años con Pedro Sánchez en el poder. Un español medio trabaja la mitad del año para pagar los impuestos y aun así el Estado todavía debe recurrir a emisiones de deuda para subvenir esta orgía de gasto.

Críticas al desarrollo del Estado autonómico

Este despilfarro de 88.000 millones de euros (datos de 2019) que cuantifica el economista José Ramón Riera sería lo que nos ahorraríamos si las 17 autonomías fueran tan eficientes como la mejor de todas ellas en la gestión de cada una de las principales competencias. Otra forma de enfocar el problema, radicalmente distinta, es cuestionar la racionalidad, la eficiencia y la eficacia del propio desarrollo del Estado autonómico, es decir, preguntarnos si el actual Estado de las autonomías, incluso en la mejor de sus gestiones, se ha desarrollado bajo criterios de calidad, eficiencia y eficacia. Por eficiencia entiendo hacer lo mismo con menos recursos y por eficacia resolver los problemas que van surgiendo.

Gastos evitables: órganos multiplicados por 17

¿Qué sentido tiene que se hayan reproducido por 17, uno para cada autonomía, los antaño organismos concentrados en la capital de España? Aparte de los 17 parlamentos y ejecutivos autonómicos con sus respectivas consejerías y direcciones generales, que sí pueden considerarse necesarios para sustanciar el autogobierno político, ¿de verdad era necesario crear 17 defensores del menor, 17 consejos de consumo, 17 consejos económicos y sociales, 17 tribunales de cuentas, varias agencias de protección de datos, 17 institutos de la mujer, 17 defensores del pueblo, 17 consejos consultivos, un sinfín de embajadas y oficinas autonómicas en el exterior, 17 institutos de estadística, más de 25 televisiones autonómicas, la mayor parte ellas sin que puedan justificarse siquiera como vectores de normalización lingüística de la lengua regional, un sinfín de observatorios autonómicos de cualquier tema imaginable, 17 consejos escolares, etcétera, etcétera? Los políticos autonómicos, en un ejercicio de envidia colectiva y de falta de originalidad autorreferencial, se han dedicado a copiar lo que antes existía en Madrid.

La única razón esgrimida a menudo para crear una reproducción exacta de los organismos ya existentes en el Estado central ha sido que «éramos la última autonomía en tener un defensor del pueblo. Hay que arreglarlo lo antes posible», más allá de los réditos y la conveniencia de tener uno o no. Como si la emulación de un gasto sin ton ni son fuera una razón convincente para crear un gasto añadido que van a tener que pagar tus propios contribuyentes.

Gastos evitables: el coste incrementado de los servicios

Otra fuente de ineficiencia ha consistido en que en el traspaso de una determinada competencia desde Madrid se ha incrementado de forma exponencial el coste efectivo de esta competencia. El último ejemplo lo tenemos en el traspaso de la gestión de Costas a la autonomía balear que se acaba de producir y que ya está en vigor. Leo en el periódico Última Hora: «Baleares duplicará el número de funcionarios de Costas en su gestión autonómica».

Todavía recuerdo cuando la competencia de Educación, en manos del Estado, la llevaba el delegado provincial de Educación, el socialista Andreu Crespí, desde varias plantas de una finca situada en Los Geranios. Comparen la infraestructura de entonces con el macroedificio de Son Fuster desde donde ahora mismo centenares de funcionarios y empleados laborales gestionan la actual competencia de Educación. Dos ejemplos entre decenas de cómo el traspaso de una competencia ha multiplicado el coste de los recursos humanos y económicos necesarios para gestionar esta misma competencia. Y sin que los avances tecnológicos y telemáticos que se han producido desde entonces hayan servido para aumentar la productividad, como sí ha ocurrido en la empresa privada, más bien todo lo contrario. Nuestros políticos recurren al habitual victimismo para justificar el aumento desorbitado de los costes. «Estas competencias vinieron mal dotadas». En fin…

Gastos derivados del fraccionamiento de servicios: economías de escala

En materia sanitaria una política de contratación centralizada es más eficiente para conseguir mejores precios que una compra parcializada que reduce la capacidad de negociación. En materia de Justicia, el uso de diferentes sistemas informáticos y telemáticos a menudo incompatibles entre autonomías ha generado incomunicación entre autonomías, empeorando la eficacia judicial como se ha demostrado en numerosos fallos judiciales. En materia educativa, habiendo un solo distrito único universitario en España, tenemos 17 pruebas de selectividad distintas. El Estado ha hecho una clarísima dejación de funciones como coordinador general de los 17 sistemas autonómicos de gestión de la Justicia, la Educación o la Sanidad.

Gastos derivados del fraccionamiento regulatorio

La selva jurídica que supone tener centenares de miles de leyes y reglamentos en vigor ha redundado en cuellos de botella de tipo administrativo y en una intolerable inseguridad jurídica que está perjudicando el día a día de las empresas, los autónomos y los ciudadanos de a pie. Si bien las diferencias regulatorias pueden ser en ocasiones necesarias, una dispersión jurídica ilimitada y sin coordinación por parte del Estado central puede poner en riesgo tanto la unidad de mercado (al añadir cargas innecesarias a nuestras empresas) como la libre circulación de personas, como ocurre con la inmersión obligatoria en catalán que impide que muchos ciudadanos españoles no quieran desplazarse a las Islas, un problema acuciante en las Islas que impide la llegada de médicos, policías nacionales o guardias civiles. O como la inexistencia de una tarjeta sanitaria única nacional que condiciona la circulación de los españoles en su propio país.

La demonización a la crítica del Estado autonómico

Desgraciadamente y pese a los abundantes y sobrados motivos para la crítica, el replanteamiento del actual Estado autonómico apenas forma parte del debate electoral ante los próximos comicios generales del 23-J. Todos los partidos con la excepción de Vox son partidarios no ya de mantener sino de desarrollar más si cabe el Estado de las autonomías hasta el punto de que cuestionarlo, como hemos visto aquí en Baleares con el revuelo ocasionado con las declaraciones del presidente de la cámara Gabriel Le Senne en el sentido de que a su juicio tenían que recentralizarse algunas competencias, ha sido un motivo más -y no el menor- para la demonización de Vox, la única formación que lo pone en entredicho y que, por desgracia, no ha logrado colocarlo en la agenda electoral en un lugar preeminente.

Para el bipartidismo y las fuerzas nacionalistas (Més) y regionalistas (El PI) se trata de un tema tabú que, lisa y llanamente, debe descalificarse sin más como una «memez», una «tontería» o una «incoherencia» de quien critica las autonomías mientras no renuncia a formar parte de ellas en representación de sus votantes.

Históricamente, sólo desde algunos partidos como Cs y UPyD, y ahora Vox, se ha planteado la recentralización de algunas competencias autonómicas. Como ven, desde el más puro sentido común, un sentido común que entiende cualquier ciudadano de a pie a menos que sea un político profesional, un sindicalista o un paniguado del Estado. Más allá de la hipocresía de PSOE y PP cuando avientan la necesidad de otro partido nacional con sentido de Estado para así evitar pactar con los nacionalistas para la conformación de mayorías estables, lo cierto es que, a la hora de hacerlo, socialistas y populares siempre prefieren pactar con todo tipo de regionalistas y nacionalistas de toda laya y condición -los otros grandes beneficiarios, por cierto y no casualmente, de la ley electoral- por una sencilla razón: todos coinciden en el blindaje de las autonomías.

El bipartidismo sólo pacta con estos «deseadísimos» partidos nacionales con sentido de Estado y que creen en la nación española (UPyD, Cs o Vox) cuando no les queda más remedio, o sea, cuando los necesitan para auparse al poder. Si los pueden evitar prefieren siempre a regionalistas «razonables» y nacionalistas, no en vano con ellos coinciden en lo básico y esencial: la intocabilidad de las autonomías, el auténtico Estado del Bienestar … de los políticos y sus formidables clientelas parasitarias.