Telefónica y la seguridad nacional

Esto es lo que la saudí STC vigilará en España: los satélites de Defensa, los antidrones y el tráfico aéreo

En los últimos meses el Gobierno le ha adjudicado a Telefónica multimillonarios contratos en sectores estratégicos, incluidos los relacionados con la ciberseguridad del Estado y con los sistemas antiblanqueo de capitales del Banco de España

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Los servicios de Defensa que tendrá STC
Roberto Pérez
  • Roberto Pérez
  • Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.

La red de comunicaciones militares de la Armada española, el sistema de satélites del que dependen las operaciones de nuestro Ejército dentro y fuera de España, los dispositivos de defensa contra drones hostiles que depende del Ministerio del interior, servicios tecnológicos avanzados de los que se nutre el escudo de la ciberseguridad estatal que depende del Incibe o las redes tecnológicas que usan los servicios antiblanqueo de capitales que trabajan en el Banco de España. Estos son solo algunos de los servicios estratégicos en los que pasa a tener mano directa Arabia Saudí con la entrada de Saudi Telecom (STC) en Telefónica, en la que se ha convertido en su accionista principal.

Todos esos contratos públicos en ámbitos estratégicos le han sido adjudicados por el Gobierno al grupo Telefónica, tanto a su matriz como a sociedades bajo su control, caso de Telefónica Ingeniería de Seguridad o de Telefónica Soluciones de Informática y cuando los saudíes. Las adjudicaciones se produjeron cuando los saudíes ultimaban la compra del 9,9% de la gran teleco española.

El importe de esos contratos suma decenas de millones de euros. Algunos de ellos se han formalizado hace escasos días, cuando el desembarco saudí ya estaba prácticamente cerrado o incluso sellado, aunque la sociedad mercantil no lo hizo público hasta el pasado miércoles.

El capital saudí entra así, de lleno, en el negocio de ámbitos que son claves en la seguridad nacional española por la vía de los contratos públicos que tiene adjudicados la gran teleco española.

Comunicaciones de la Armada

Entre los servicios más sensibles que tiene en su mano la nueva Telefónica cuyo principal accionista es el capital saudí de STC se encuentra la red de comunicaciones avanzadas de la Armada española. En concreto, se le acaba de encargar «el establecimiento de comunicaciones de una Fuerza Naval basadas en Tecnología 5G», por 2,31 millones de euros; la prestación de comunicaciones avanzadas tanto en bases navales como en el litoral, por 2,22 millones; y el «establecimiento de comunicaciones de una fuerza de Infantería de Marina basadas en tecnología 5G», por 598.703 euros.

Estos contratos le fueron adjudicados en bloque por el Ministerio de Defensa y los ha formalizado hace escasas semanas, en agosto, según la documentación oficial a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Satélites del Ejército

El Ministerio que dirige Margarita Robles también acaba de encargar a Telefónica la implantación de infraestructuras de comunicaciones vía satélite de las que dependen las operaciones de las Fuerzas Armadas. Este gran contrato se dividió en tres lotes, y los tres han sido otorgados a la teleco española que ha pasado a tener como accionista principal a Saudí Telecom. Tendrá en sus manos la instalación y puesta en marcha de una compleja red de antenas y comunicaciones vía satélite, por la que el Gobierno pagará a Telefónica 48,74 millones de euros, IVA incluido.

Se trata de un soporte tecnológico muy sensible desde el punto de vista de la Defensa nacional y la capacidad operativa exterior de nuestras Fuerzas Armadas. Según la documentación oficial a la que ha accedido este periódico, el citado contrato va dirigido a «proporcionar servicios de comunicaciones satélite de carácter crítico en apoyo de las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior». Este encargo ha sido firmado por el Ministerio de Defensa con Telefónica este mismo verano.

Y hay otros dos más: sendos contratos por 11,24 y 8,75 millones de euros adjudicados también por el Ministerio de Defensa a Telefónica hace escasos meses y dirigidos a la adquisición de suministros y servicios profesionales para la Infraestructura Integral de Información para la Defensa, denominada en las Fuerzas Armadas como I3D.

El control de la navegación aérea

Además, a través del Ministerio de Transportes, la nueva Telefónica con los saudíes como accionista principal tiene en sus manos una parte estratégica en el control de la navegación aérea de toda España, la que gestiona la empresa pública Enaire.

Hace un mes, esta sociedad estatal encargó a Telefónica un contrato por importe de 19,01 millones de euros, con el que le confía servicios y redes de telecomunicaciones que son esenciales en el día a día del tráfico aéreo español.

Sistemas antidrones y ciberseguridad

Por otra parte, el Ministerio del Interior ha dejado en manos de Telefónica el suministro y soporte técnico de equipos de detección, neutralización y comunicaciones contra drones de carácter ofensivo que supongan amenaza para la seguridad. El Ministerio que dirige Fernando Grande Marlaska le ha adjudicado para ello dos contratos que suman un total de 5,78 millones de euros.

Además, Telefónica también participa en servicios operativos que son estratégicos para el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), que depende del Gobierno. Allí presta servicios  de análisis automatizados de amenazas; identificación, análisis y documentación de amenazas de ciberseguridad; y da soporte a la base de datos de amenazas cibernéticas.

Blanqueo de capitales

Entre los contratos estratégicos que el Gobierno ha puesto en manos de Telefónica hace escasas semanas figura también la implantación de tecnologías de la información del Banco de España. En concreto, para el desarrollo del plan de transformación digital del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que pertenece al Banco de España.

En este caso el contrato fue firmado hace poco más de un mes. Se trata de un acuerdo marco en el que participan varias compañías, entre ellas Telefónica, y cuyo importe global asciende a 15,82 millones de euros, más IVA.

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