En España ya hay más personas que cobran una prestación de la Seguridad Social que asalariados

La sostenibilidad del Estado del Bienestar está en peligro como consecuencia de la crisis del coronavirus. Pese a que durante esta semana salía adelante en el Congreso de los Diputados -con el apoyo de todas las formaciones políticas salvo VOX, que se abstuvo- el ingreso mínimo vital, con el que el Gobierno aspira a acabar con la pobreza extrema en España, lo cierto es que la recesión que afronta España servirá para medir la fortaleza de las costuras de un sistema económico en el que el subsidio, las ayudas públicas o las subvenciones han pasado a tener un peso mayor que la iniciativa privada.

Según los últimos datos oficiales de los ministerios de Trabajo e Inclusión, en España hay 15.878.060 cobrando una prestación de la Seguridad Social, teniendo en cuenta las pensiones, tanto contributivas como no contributivas y las prestaciones por desempleo. En cambio, según los datos de Trabajo, hay 15.321.500 asalariados en España entre los afiliados a la Seguridad Social.

Es decir, que hay medio millón de personas más cobrando su sueldo a fin de mes del sector público que de su trabajo, si se tiene en cuenta a aquellas personas que reciben una nómina y que no son, por ejemplo, trabajadores por cuenta propia -que viven de lo que facturan y no de lo que cobran por su trabajo-.

Sumando, de hecho, a las personas que cobran su trabajo de una administración pública (3,2 millones de personas), sin duda se observa cómo las últimas medidas de Pedro Sánchez y la crisis del coronavirus han llevado a convertir España en un país subsidiado y con gran peso de la Administración, con las consecuencias preocupantes que esto puede traer para el emprendimiento y el funcionamiento normal del mercado laboral. Muchos economistas son reacios a que en un país personas con capacidad de trabajar en vez de desarrollarse profesionalmente vivan de una ayuda de la Seguridad Social.

De hecho, la última medida estrella del Gobierno, el ingreso mínimo vital contribuirá a extender aún más esta España subsidiada. Aunque de entrada puede tener efectos positivos, como evitar la pobreza extrema de determinados colectivos, lo cierto es que hasta partidos como el PP que han votado a favor de su tramitación en el Congreso admiten que debería ser una medida temporal. Dirigentes de CEOE y empresarios, que han apoyado medidas sociales del Ejecutivo a pesar de que tendría un coste para las empresas (como es el caso de la subida del salario mínimo), avisan internamente que el ingreso mínimo podría traer economía sumergida al país.

Concretamente, el número de pensionistas asciende a 9,75 millones, teniendo sólo en cuenta las contributivas. Las no contributivas (de invalidez y jubilación) son 452.487. Aunque los últimos datos mensuales muestran incluso un descenso en algunos casos porque la pandemia del coronavirus ha generado una gran mortalidad entre los ancianos, la tendencia demográfica hará que el envejecimiento se imponga si no hay nuevos problemas de salud, lo que sin duda hará que en poco tiempo el número de jubilados siga creciendo a un ritmo exponencial y, en el caso de las contributivas, llegue a superar la barrera 10 millones.

Sin embargo, lo más llamativo es lo que está ocurriendo en las prestaciones de desempleo, que se han disparado en el último mes un 163,5%, hasta los 4,64 millones. Las de nivel contributivo se han disparado hasta un 379,9%, hasta los 3,4 millones. Y las de nivel asistencial beneficia a un millón de personas, disparándose también un 19,1%.

A estos datos habrá que sumar los 2,3 millones de personas, que según ha afirmado el Gobierno, vivirán del ingreso mínimo vital, 800.000 familias, extendiendo aún más si cabe este sistema de protección social que se ha expandido hasta niveles nunca vistos en España justo en un momento en el que el déficit público y la deuda pública amenazan la sostenibilidad de las cuentas públicas en el futuro.

Ya el año pasado ascendió al 2,8% del PIB el desfase entre los ingresos y los gastos de las administraciones y en 2020, según los distintos diagnósticos, oscilará entre el 10% y el 15%, lo que sin duda obligará a mover ficha para garantizar la solvencia de las arcas públicas y pagar los nuevos derechos sociales comprometidos por el Gobierno. Los ERTE, el ingreso mínimo y las pensiones dependen -y eso no lo pueden olvidar en el Ejecutivo- de que los mercados sigan financiando a la economía nacional con normalidad y de que no se dispare la prima de riesgo.