La CEOE dice que la ley para sindicalizar la dirección de las empresas es propia del franquismo

Durante la celebración del Consejo de Ministros de este martes el Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido la ley de democratización de las empresas en el listado de normas que prevé aprobar a lo largo de 2026. Esta propuesta encabezada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende obligar a las empresas a que cedan parte del capital de la compañía a los trabajadores y que, además, sienten a los empleados en sus consejos de administración.

La intención de Díaz supone para CEOE y CEPYME «un nuevo ejercicio de intervencionismo y una vulneración del derecho a la propiedad privada». Asimismo, consideran que la ministras acusa a las compañías de «una supuesta falta de democracia» y vuelve a poner sobre la mesa «un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado» como la dictadura.

«En un momento en el que el conflicto armado en Oriente Próximo amenaza con generar una nueva crisis económica mundial, es sorprendente que Trabajo vuelva a centrarse en un ataque populista y de profunda carga ideológica contra el mundo de la empresa, con posibles implicaciones negativas», cargaban los empresarios contra la norma ya en el mes de enero.

Asimismo, esta propuesta atenta, además, cargaría contra el artículo 38 de la Constitución y, con ello, contra los principios de la libertad de empresa: «El Estatuto de los Trabajadores también otorga a las empresas la capacidad de organización y dirección, cuestión que también se orilla de forma grave», destacan.

Yolanda Díaz pretende con esta idea que los trabajadores se sienten en el puesto de mando de las empresas de más de cincuenta empleados y que tengan derecho a una participación en el capital de le compañía.

Cuando comenzó a dar pinceladas sobre la norma, Díaz aseguró que «una empresa sin la voz de los trabajadores es como un Parlamento sin el voto de la ciudadanía».

Sobre este aspecto la CEOE subrayó que resulta «sorprendente» que la cartera de Yolanda Díaz ponga sobre la mesa esta iniciativa «después de llevar años planteando reformas de espaldas al Diálogo Social que, precisamente, amenazan con erosionar en profundidad la democracia en la empresa».

Por todas estas cuestiones, el Comité Ejecutivo ha decidido no estar presente en la mesa de negociación abierta sobre la democratización de la empresa y «seguir apostando por la negociación colectiva como espacio de entendimiento y por la defensa de los principios constitucionales».

Consejos sindicalizados

La comisión ha propuesto unos ratios para que las personas trabajadoras se sentasen en los consejos de administración. El número se elevaría hasta la mitad de los puestos en el caso de empresas de más de mil trabajadores. En el caso de las empresas entre 50 y mil empleados, se reservará un tercio de los sillones.

El informe de la Comisión que puso en marcha Trabajo proponía, además,  el «derecho a la codecisión en la Inteligencia Artificial» para los comités de empresa y el «acceso a la propiedad entre un 2% y un 10% en el caso de las grandes corporaciones». A su vez, se hablaba de la «creación de fondos ciudadanos que eviten la disolución de empresas viables en crisis de sucesión».