El Gobierno concedió un canal de TDT a una empresa que debe 2,29 millones a Hacienda

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Raúl Berdonés, presidente de Secuoya (Foto: GRUPO BME).

Hace dos meses, el Gobierno aprobó la concesión de nuevas licencias de televisión digital terrestre (TDT). Uno de los adjudicatarios, a través de una compañía filial, fue Secuoya. Este grupo de comunicación aparece en el listado de morosos con la Agencia Tributaria publicado por Hacienda y cerrada el 31 de julio. Figura con una deuda de 2,29 millones de euros, que no había abonado cuando le fue concedido el canal de TDT y que todavía no ha pagado.

El artículo 26 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual impide en su artículo 26.1.d que sean titulares de licencias las personas físicas o jurídicas “incursas en alguna de las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 49″ de la Ley de Contratos del Sector Público. En el punto 1.d de dicho artículo se prohíbe contratar con la Administración a quien no se halle “al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes”.

En el pliego de condiciones para poder presentarse al concurso público de adjudicación de los canales se establecía además que para poder concurrir al mismo había que presentar una declaración responsable en la que, entre otras cosas, el aspirante al lograr el canal cumplía la normativa anteriormente señalada. Además, en dicha declaración, se declaraba que estaba “al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes”.

El pliego se conformaba con la declaración, y retrasaba la entrega de la documentación que demostraba lo afirmado hasta un plazo de diez días hábiles después de que se le requiera. El requerimiento llegó a finales de septiembre, cuando el Gobierno comunicó a los adjudicatarios de los canales que les había sido concedida la licencia. Uno de ellos era Central Broadcaster Media, propiedad del Grupo Secuoya.

La lista de morosos de Hacienda se cerró el 31 de julio, dos meses antes de que el Gobierno comunicara a Secuoya la concesión del canal de televisión privado. Cuando esto se produjo, el grupo de comunicación no había pagado a la Agencia Tributaria el dinero debido. Sin embargo, pudo presentar el certificado de que estaba al al día en sus pagos. Lo hizo mediante un mecanismo que permite que técnicamente se deje de ser moroso aunque se siga adeudando la cantidad requerida por Hacienda.

Secuoya pidió un aplazamiento/fraccionamiento de la deuda (de 2,11 millones de euros, que suben a 2,29 millones por los intereses) que le fue concedido a principios de agosto. Con la concesión del aplazamiento de la deuda, Hacienda hizo posible que Secuoya pudiera obtener su certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias cuando le fue requerido. El plazo para pagar ese dinero todavía no se ha cumplido.

Fuentes de la Agencia Tributaria han explicado a Okdiario que cuando a una empresa se le concede el aplazamiento no significa que deje de ser deudora con Hacienda. Sigue debiendo el dinero pero se le retrasa la fecha de pago y, además, debe haber demostrado de forma clara que dispone de recursos para poder hacer frente a las deudas.

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