Sector turístico

La demanda doméstica no salva las viviendas turísticas: los precios caen un 15% respecto a 2019

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Vivienda.
Nayara Mateo
  • Nayara Mateo
  • Redactora de economía, especializada en el sector inmobiliario, turismo, consumo y distribución. Antes en Expansión, Efe y Brainsre.news.

El segmento de las viviendas turísticas se alza como uno de los grandes damnificados del sector turístico a consecuencia de la pandemia. A pesar del incremento de la demanda durante el verano, principalmente nacional, esta tipología de alojamiento sigue lejos de las cifra pre-Covid.

En este sentido, Tolo Gomila, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), explica a OKDIARIO que «a nivel nacional ha habido una reducción de precios de un 15% con respecto a 2019. Aunque también puede haber algunos destinos que hayan incrementado los precios de cara a agosto, pero no es lo habitual».

El presidente de la patronal asegura que se está viviendo una temporada muy parecida a la del año pasado. «El gran protagonista es otra vez el turista español, la demanda es principalmente doméstica», comenta Gomila. No obstante, se observa que los extranjeros realizan cada vez más reservas y  muestran más interés que en 2020. «Empezamos a ver turistas internacionales aunque no con la alegría de años anteriores», anticipa.

En cuanto a la recuperación, la asociación considera que «la normalización del sector turístico no llegará hasta 2024 o 2025».

Los destinos de interior triunfan 

Según los datos de Fevitur, los destinos de interior como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria y Galicia están funcionando muy bien. Por el contrario, «los segmentos urbanos son los que están más parados, es el caso de Madrid, Barcelona o Valencia, dado que son destinos muy ligados al sector de reuniones y eventos, conocido como MICE».

Por otro lado, la patronal tiene dudas sobre cómo evolucionará la demanda de las viviendas turísticas en los archipiélagos, puesto que tienen mucha dependencia del turista internacional, ingleses y alemanes especialmente, y las continuas restricciones de movilidad dificultan la llegada de viajeros extranjeros.

Traspaso al alquiler tradicional

La crisis del Covid-19 ha trasformado el mercado residencial, debido a que gran parte de la oferta de pisos turísticos se traspasó al mercado tradicional debido a la escasa demanda. Se estima que en 2020, en torno al 20% de la oferta de alquiler turístico de España se cambió al mercado residencial tradicional.

Según el instituto nacional de estadística, en agosto de 2020 había unas 321.000 viviendas de uso turístico; mientras que en la última lectura, que fue febrero había 276.000 apartamentos.

«Hubo un traspaso del alquiler turístico hacia el mercado tradicional, especialmente en destinos urbanos como Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia o Barcelona», explica Gomila, que añade que «ahora se empieza a ver que esas viviendas vuelven a retornar al mercado turístico, puesto que entendemos que esto ha sido algo temporal».

«Hay que matizar que el cambio no ha sido a alquiler residencial de larga estancia, sino que han sido contrato de arrendamiento de temporada -que es otra figura que existe en la Ley de Arrendamientos Urbanos- que es un alquiler por meses», matiza el presidente de Fevitur.

En 2020, el sector de los apartamentos turístico registró pérdidas por valor de los 9.000 millones de euros, según Fevitur.

Reclamación al Estado

En abril, Fevitur inició los trámites para reclamar al Estado indemnizaciones por daños y perjuicios derivados del estado de alarma, que han provocado pérdidas cifradas en más de 13.000 millones de euros.

Con esta iniciativa, la federación hacía un llamamiento a los propietarios y gestores de apartamentos turísticos para unir esfuerzos ante los tribunales. En su momento, el equipo legal de la asociación planteó la posibilidad de obtener un resarcimiento por las pérdidas ocasionadas, mediante la tramitación de dos procedimientos: una reclamación frente al Estado por los daños provocados por la primera declaración de estado de alarma y una reclamación frente al Estado y las comunidades autónomas por el periodo posterior al primer estado de alarma

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