Díaz critica a Garamendi por el SMI mientras cobra 104.631 euros y vive sin pagar alquiler en la Castellana

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abierto un nuevo frente con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, al reprocharle que perciba un salario equivalente a 23 veces el salario mínimo interprofesional (SMI). Una polémica que gira también en torno a la propia situación de la dirigente de Sumar. Díaz cobra actualmente 104.631 euros anuales, tras haberse subido el sueldo un 23,67% desde 2020. Además, reside en una vivienda oficial de 443 metros cuadrados en pleno Paseo de la Castellana por la que no paga ningún tipo de alquiler.

El choque dialéctico se produce en plena discusión sobre nuevas subidas del salario mínimo. Díaz ha defendido reiteradamente que el incremento del SMI es una herramienta clave para combatir la desigualdad y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos. En ese contexto, cuestionó el nivel retributivo de Garamendi al frente de la patronal.

Pero los datos oficiales también reflejan que la vicepresidenta ha pasado de percibir 84.500 euros en 2020 a los actuales 104.631 euros, lo que supone un alza del 23,67% en cinco años. En términos comparativos, su salario equivale a 6,5 veces el SMI vigente.

La comparación ha sido utilizada por sectores críticos para subrayar la distancia entre el discurso político y las condiciones materiales de los miembros del Ejecutivo. A ello se suma el hecho de que Díaz dispone de residencia oficial en el propio edificio del ministerio de Trabajo y Economía Social, sin coste directo de alquiler, al tratarse de una vivienda asignada por razones de seguridad y operatividad inherentes al cargo.

Vivienda de 443 metros en la Castellana

La residencia que ocupa Yolanda Díaz se encuentra en el complejo ministerial situado en el Paseo de la Castellana, una de las principales arterias de Madrid. Según los datos publicados en el portal de Transparencia, se trata de la vivienda oficial de mayor tamaño asignada a miembros del actual Ejecutivo, con una superficie total de 443 metros cuadrados.

El inmueble está adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social y se pone a disposición del titular de la cartera mientras dure su mandato. La justificación oficial para esta cesión es la necesidad de garantizar disponibilidad permanente, operatividad institucional y condiciones de seguridad adecuadas.

La vivienda cuenta con más de una docena de estancias entre dormitorios y zonas comunes, aunque el número exacto no ha sido detallado públicamente. En diversas entrevistas, la propia vicepresidenta ha descrito el inmueble como «funcional y de estética sobria», señalando que «vivir en un ministerio no resulta especialmente confortable desde el punto de vista personal». Con todo, el hecho de no afrontar un alquiler mensual en una de las zonas más cotizadas de la capital añade un elemento más al debate político suscitado en torno a los salarios y las condiciones económicas de los responsables públicos.

El impacto del SMI en las pymes

La controversia con Garamendi se enmarca en la discusión sobre las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional, que en los últimos años ha experimentado incrementos significativos. Desde el Ministerio de Trabajo se defiende que estas alzas han contribuido a mejorar la renta de millones de trabajadores y a reducir la brecha salarial.

Sin embargo, desde la patronal y numerosas organizaciones empresariales se advierte de que el aumento continuado del SMI eleva los costes laborales, especialmente en pequeñas y medianas empresas con márgenes ajustados. Las pymes, que constituyen la mayor parte del tejido productivo español, deben asumir no solo el incremento directo del salario base, sino también el correspondiente aumento de cotizaciones sociales y otros costes asociados.

En sectores intensivos en mano de obra (como la hostelería, el comercio o determinados servicios personales) las subidas del SMI tensionan la estructura financiera. Algunos empresarios sostienen que, en determinados entornos económicos adversos, estos incrementos pueden traducirse en menor contratación, reducción de jornadas o incluso cierres.

El Gobierno, por su parte, insiste en que el impacto sobre el empleo ha sido limitado y que la mejora salarial impulsa el consumo interno, lo que a su vez beneficia a la actividad económica. La disputa entre Díaz y Garamendi refleja, en definitiva, dos visiones contrapuestas sobre cómo equilibrar protección social y competitividad empresarial.