Cuando la recuperación y los fondos europeos eran Maritornes
Estamos ya en diciembre, en la antesala de la Navidad, lo que proporciona la perspectiva suficiente como para echar la vista atrás y hacer un diagnóstico adecuado de la realidad económica que vivimos. Además, resulta especialmente pertinente con un gobierno que tiene por costumbre dejar la realidad en la trastienda de la moral y dedicarse a la propaganda.
El gobierno en general, pero especialmente Economía, ha insistido desde hace meses en que vivimos una “robusta recuperación”, contando con el nueve veces presentado “España Puede” y sus fondos europeos para transformar el país; pregonando que estaba en marcha desde enero porque teníamos un Real Decreto para ejecutarlos y 24.000 millones consignados en los presupuestos generales del estado.
Para un manchego con querencia quijotesca, la situación se me asemeja al momento en que Don Quijote se creía delante de una joven de cabellos dorados, con joyas orientales y aliento de olor suave y aromático, cuando en realidad era Maritornes, moza asturiana tuerta de un ojo y el otro malsano, entre otros rasgos grotescos. Don Quijote, como Pedro Sánchez, dedicaba alabanzas hacia lo que creía ver, pero que no se correspondía con la realidad.
No hay organismo o institución que no haya rebajado las previsiones de crecimiento para España en 2021 y 2022 frente a la tozudez del Ministerio de Economía, señalando como algunos de los factores clave para estas revisiones a la baja, el escaso ritmo de ejecución en los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o su asignación a proyectos de escasa utilidad para incrementar nuestro potencial de crecimiento (sirvan de ejemplo las ayudas a los autores literarios, campañas de divulgación financiadas con fondos europeos, integración de la transversalidad de género en el SEPE, corrección de tendidos eléctricos para no dañar el avifauna y tantas otras que vamos conociendo poco a poco). Tanto el Banco de España como la Airef no son agoreros por advertir sobre la inconsistencia de algunas previsiones del Gobierno derivadas de la dificultad en estimar el impacto real de los fondos europeos y el retraso acumulado.
El último informe de la IGAE publicado el 1 de diciembre constata la debilidad en el ritmo de ejecución, donde los datos de cierre a 31 de octubre de 2021 arrojan una cifra de obligaciones netas reconocidas de 8.117 millones de euros. Un 33% de los 24.000 millones presupuestados para este año. Esta cifra, proviene en gran medida de transferencias a organismos autónomos o a las CCAA, por lo que la ejecución real es claramente inferior y decepcionante, especialmente ante tanta propaganda y expectativas creadas.
En algún momento, quizás alguien sucumba a la tentación de culpabilizar a las CCAA, lo cual no dejaría de tener su gracia cuando frente la supuesta “Cogobernanza” la realidad es que ni se ha contado con las CCAA en el diseño del plan, ni se les ha permitido dirigir las convocatorias hacia las necesidades de sus territorios.
Cuando se habla de que gestionarán el 54% de los fondos lo que en realidad se quiere decir es que repartirán el dinero que les ha transferido el Gobierno, para lo que decide el Gobierno, con las condiciones que pone el Gobierno, y con los plazos que pone el Gobierno. Eso no es Cogobernanza, sino la utilización de las CCAA como si fueran medios propios.
Por no tener, tampoco tenemos transparencia, una constante en este Gobierno y también en la gestión del Plan de Recuperación. A día de hoy desconocemos los criterios por los que se seleccionarán unos PERTES determinados y se quedarán otros grandes proyectos en el camino (nos han anunciado 7 y de momento sólo se han aprobado 2).
La transparencia y la rendición de cuentas ante la opinión pública son esenciales cuando se está ejecutando la mayor cantidad de recursos conocida para transformar económica y socialmente el país. Y no me refiero a la aparición navideña del presidente para que nos presente su autoevaluado “Cumpliendo”.
Las empresas, esenciales para multiplicar esos fondos con dinero privado adicional, se siguen quejando de la falta de información y accesibilidad a las convocatorias. En particular las PYMES y autónomos están frustrados por la dificultad para participar en estos fondos de recuperación.
Y es que el transcurrir del año 2021 nos ha demostrado la incapacidad del gobierno para desarrollar el plan y cumplir con sus objetivos esenciales. El diseño del plan español ha creado un entramado complejo con multitud de convocatorias repartidas por diferentes ministerios, generando una fragmentación de los fondos que dificulta su capacidad tractora y su impulso dinamizador.
Lo estamos viviendo con el primer PERTE, del Vehículo Eléctrico y Conectado, anunciado por la Ministra de Industria el 4 de marzo y donde están demostrando incapacidad para implementarlo ante la impotencia del sector. No se sabe bajo qué formas jurídicas, cómo se garantizará la concurrencia, si habrá empresas de capital mixto, cómo se retribuirá el capital o qué condiciones se impondrán a las empresas que participen.
El pecado original está en un gobierno intervencionista que con su propio ejemplo refuta la teoría del estado emprendedor de Mariana Mazzucato, que tanto gusta a Pedro Sánchez. La intensidad con la que quieren intervenir en el libre mercado y en la vida de las empresas genera una inseguridad jurídica que desincentiva cualquier decisión de inversión.
Por último, una última decepción, las reformas clave que necesita España y condición sine qua non para acceder a los desembolsos de fondos semestrales aprobados para el Plan. Hasta ahora se habían abordado los aspectos más sencillos de algunas de ellas y cuando ha llegado el momento crucial para abordar las reformas más importantes, como la de pensiones o la laboral, nos encontramos con medidas que pueden poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas o destrozar una flexibilidad laboral esencial para impulsar la creación de empleo.
Al igual que el dueño de la venta le exigió el pago del alojamiento a Don Quijote tras el enredo con Maritornes y su amante arriero, al gobierno deberíamos exigirle el buen uso de los fondos. Las ayudas no son gratis, se financian con deuda solidaria de los países de la UE y se pagará mediante las contribuciones de los países al presupuesto europeo hasta el 2058. No podemos endeudar a una generación y no emplearlos de la manera más eficaz y eficiente posible. Quizás Pedro Sánchez nos conteste que los caballeros que tienen el insufrible trabajo de buscar aventuras jamás pagaron posada.