informe anual 2021

Banco de España alerta de que todavía no se ha trasladado el alza de la energía a la cesta de la compra

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Los precios de la energía dejarán de pesar tanto en la inflación con el paso de los meses y por el tope al gas, salvo recrudecimiento de la guerra en Ucrania. Pero no la llamada inflación subyacente -que no tiene en cuenta el precio de la energía-, lo que tiene su impacto en el consumo y amenaza las cuentas públicas -revalorización pensiones y sueldos públicos y privados-. Así lo asegura el Banco de España en su Informe Anual 2021 presentado este miércoles: «La traslación del coste de la energía a los precios de los productos no energéticos ha sido, por el momento, parcial».

Por lo tanto, las empresas tienen margen para subir los precios de productos básicos no alimenticios. Y esa es la gran amenaza para la economía nacional, al margen de los problemas en las cadenas de suministros y las consecuencias de un posible agravamiento de la guerra en Ucrania. Por eso, el Banco de España ya ha anunciado que rebajará su actual previsión de crecimiento de la economía nacional en junio, actualmente en el 4,5% -la estimación es de abril-.

De acuerdo con el Banco de España, la energía y los alimentos han sido la clave de la subida de la inflación en el país, que ha cerrado abril en el 8,3%. Pero la entidad que preside Pablo Hernández de Cos alerta de que ya ha contagiado a los precios de otros productos. «Mientras que en junio del año pasado algo menos de un 30% de las partidas de gasto de la cesta de consumo habitual de los hogares de la UEM mostraban una inflación superior al 2%, en marzo del año corriente esa proporción se situó en el 70%. En el mismo período, en la economía española este porcentaje ha aumentado del 25% al 65%», señala.

Más inflación significa también más desigualdad, puesto que los que más sufren su incremento son las rentas bajas y los pensionistas, cuyo mayor gasto se produce en la cesta de la compra básica. Los hogares más necesitados han soportado un incremento de los precios 1,2 puntos porcentuales por encima de las rentas altas, mientras que en el caso de los pensionistas es un punto porcentual.

Los riesgos de este incremento de los precios para el conjunto de la economía son evidentes. Si la inflación media se dispara, el Gobierno tendrá que afrontar subidas en las pensiones y en los sueldos de los funcionarios, mientras en la empresa privada se producirán tensiones en las negociaciones y posibles huelgas -ya han advertido de eso los sindicatos-.

Además, es probable que el consumo interno se retraiga por la pérdida de poder adquisitivo, y el gasto de los españoles es uno de los elementos clave en la evolución del PIB nacional.

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